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La deuda eterna
En pocos días más saldrá a la luz una sentencia que encierra un capítulo clave de la historia económica y política del país: cómo se generó el endeudamiento externo entre 1976 y 1983. No habrá condenas personales, porque las acciones están prescriptas, pero los peritos de la causa, que ya lleva 16 años y 28 cuerpos, describirán manejos perjudiciales e injustificados.
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EN un par de pequeñas oficinas atestadas de expedientes, un ex suboficial de policía y unos pocos auxiliares preparan en estos días una sentencia que no castigará a persona alguna y, sin embargo, debería conmover al país.
Hace 16 años que ese dictamen se cocina a fuego lento. Un empleado escribió la carátula el 31 de agosto de 1982: Alejandro Olmos s/denuncia, expediente Nº 14.467. Desde entonces, acumuló 28 cuerpos e incontables anexos que se guardan en las gavetas 2, 3, 5 y 6 del Tesoro del Banco Central de la República Argentina.
Allí, en el lugar simbólico que le corresponde, está encerrado un pedazo fundamental de la historia argentina del último cuarto del siglo XX y un amargo augurio sobre el futuro.
Allí está contada la historia criminal de la deuda externa argentina.
Mecánica popular
Podría haber pasado como una de tantas denuncias contra el gobierno militar. Podría haber sido de esos testimonios que se pierden en el mare mágnum de los tribunales, donde los papeles navegan como si jueces, fiscales y abogados quisieran rendir un tributo inhumano a la eternidad de Kafka.
Pero, fuera por el clima del país, absorbido por la rápida caída de la dictadura, fuera por su carácter, el juez federal Martín Anzoátegui decidió averiguar.
Olmos acusaba a las sucesivas administraciones del Ministerio de Economía y del Banco Central de haber cometido una serie de ilícitos en el proceso de endeudamiento del país.
Anzoátegui, no del todo convencido de que pudiera someterse a proceso la política económica, resumió la cuestión en tres preguntas: cuánto se debe, a quién se debe y por qué se debe.
Sólo contaba con dos peritos oficiales. Pidió ayuda a la Academia de Economía y al Consejo Nacional, y a la Facultad Ciencias Económicas, que le enviaron 25 expertos.
Pronto, el remedio resultó peor que la enfermedad. Los economistas, como es habitual, no se ponían de acuerdo entre sí, ni sobre el método ni sobre la materia. Anzoátegui, enojado, los reunió y les explicó su punto de vista. "Yo me compré un auto sofisticado que vale una fortuna. No entiendo nada de mecánica. Me da la sensación de que falla. Los entendidos me dicen: ´Me parece que te estafaron´. Vuelvo a donde lo compré. Me dicen: ´Sí, algo tiene. Vaya a la fábrica´. Abro el capot y 25 mecánicos se tiran encima. Miran, se miran entre ellos, me miran a mí. Y yo les digo: ´A mí no me miren´. Me voy a tomar un café, vuelvo y se siguen mirando entre ellos y mirándome a mí".
Fue inútil. Uno de los peritos sugirió que debían cobrar honorarios. ¿Sobre qué monto?, se preguntaba Anzoátegui. ¿Acaso un porcentaje del total de la deuda?
Estos conflictos llevaron a la mayoría de los peritos a renunciar, hasta que sólo quedaron dos para ayudar al cuerpo oficial.
Libreta negra
El siguiente problema con que tropezó el juez fue que el BCRA tuvo que admitir que no poseía "estudios ni elementos que permitan componer un registro completo de avales otorgados por el sector público como, asimismo, informar sobre la responsabilidad patrimonial asumida por el Estado durante los años 1976/83 ante el eventual incumplimiento de las obligaciones principales".
En otras palabras: no había un registro contable de la deuda externa. Y había muchas dudas. El propio ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (1976-80), principal acusado, declaró que parte de la deuda estaba formada por préstamos internos de las multinacionales y que incluso figuraban como adeudados 4000 millones de dólares que ya habían sido pagados.
Anzoátegui sugirió que se hiciera un censo: todo deudor frente a bancos extranjeros debía pasar por ventanilla y declarar en cinco ejemplares (uno para el BCRA, otro para el juzgado, otro para la DGI, otro para Delitos Económicos y un último para el declarante) cuánto debía, a quién y por qué. Quería que los acreedores lo certificaran, pero no lo logró.
Una cantidad importante de deudores no se presentó. Eso bajó unos miles de millones de dólares la deuda externa documentada.
Pero las dudas persistieron. Los peritos oficiales Osvaldo Trocca y Héctor Valle establecieron que había discrepancias entre los balances y los registros y que, por su carácter, "son indicativas de que se desconoce el monto real de la deuda externa".
No fue la única sorpresa. Al investigar el manejo de las reservas que la Argentina depositaba en bancos extranjeros, se descubrió la punta de una contabilidad paralela. Arturo Carlos Meyer, ex gerente de Investigaciones Económicas del Banco Central, reveló que "el doctor (Adolfo) Diz (presidente del Banco en 1976) intentó en su momento dotar de una mayor transparencia al sistema de colocación de divisas, no obstante lo cual (Meyer) entiende que primó el criterio de anotar las colocaciones en una libreta negra".
Génesis
Tal vez, entonces no se sepa cuánto se debe (ver recuadro). Pero, ¿a quién y por qué?
Martínez de Hoz relató la génesis en su declaración judicial del 13 de septiembre de 1990. "El dicente recuerda que, en reuniones del Banco Mundial y otros organismos internacionales, se planteaba seriamente la preocupación que causaba el llamado problema de la liquidez financiera internacional. La solución se encontró encomendándoles los países poseedores de esos superávits financieros a los bancos comerciales internacionales la colocación de estos recursos financieros en países que pudieran merecer crédito y cuyas necesidades los requerían para financiar su desarrollo".
Emisarios de los bancos partieron a países en desarrollo, como la Argentina, a colocar ese dinero superabundante con el que las naciones productoras de petróleo habían inundado hacia fines de los ´70 el sistema financiero mundial.
Como recuerda el ex ministro de Economía Roberto Alemann, "estaban acá todos ofreciendo créditos. Todos los bancos".
En el caso argentino, sin embargo, no hizo falta que vinieran. Antes siquiera de que Martínez de Hoz llegara al Ministerio de Economía, dos gestores particulares, Narciso Ocampo y Juan Peralta Ramos, partieron al exterior a negociar créditos para la Argentina, aunque no estaban formalmente habilitados para ello por organismo alguno, según consta en la causa de la deuda.
Era, tal vez, sólo un atajo para poner en marcha un plan pensado tiempo antes. El artículo 1 del Código de Procedimientos establecía que la jurisdicción de los tribunales nacionales no se podía prorrogar "a favor de jueces extranjeros". El 20 de abril de 1976, menos de un mes después del golpe de Estado, el gobierno militar dictó la ley 21.305, que permitió prorrogar la jurisdicción argentina, "de conformidad de partes, a favor de jueces extranjeros". Y el 16 de marzo de 1981, ocho días antes de que Jorge Videla cediera la presidencia a Roberto Viola, se eliminó la exigencia del pacto previo.
Según el ex gerente Meyer, se contrataron los servicios de un técnico del Fondo Monetario Internacional, "quien se encargó de efectuar un análisis de proyección de la economía argentina a los fines de poder ver qué nivel de endeudamiento podía ser compatible con el desarrollo buscado y en general las conclusiones de dicho estudio fueron que había margen para que la Argentina pudiese seguir absorbiendo recursos del exterior sin peligro de caer en una situación de inviabilidad económica... Ese estudio fue hecho por un funcionario del FMI si bien no lo hizo en carácter de funcionario del mismo... no fue contratado administrativamente, sino que hubo un acuerdo por el que el Fondo le concedía licencia y el Banco Central se hacía cargo de los gastos de estadía y alojamiento de aquél".
El crimen
¿Qué se les reprocha a los funcionarios que condujeron la economía entre 1976 y 1983? No es que se haya gastado el dinero en obras disparatadas, aunque es cierto que se pidieron 800 millones de dólares para financiar el Mundial de Fútbol de 1978.
No: los peritos coinciden en que "el acrecentamiento de la deuda externa del país, pública y privada, entre 1976 y 1982, fue excesivo y perjudicial. Carece de justificación económica, financiera y administrativa", en palabras de Alberto Tandurella y Sabatino Fiorino, dos miembros de la comisión original de 25 expertos que decidieron quedarse a trabajar.
Por un lado, la deuda sirvió a los bancos internacionales para resolver su problema de liquidez. Por el otro, el equipo económico conducido por Martínez de Hoz la utiliza para sostener su política de apertura económica con cambio de moneda preestablecido (la famosa "tablita").
Para ello, se constituyen enormes reservas internacionales, cuyo manejo es un punto central de la investigación judicial, en especial en el período 1979/81.
Según los peritos Valle y Trocca, "entre 1978 y 1980 se mantuvo un elevado nivel de reservas que no se justifica desde el punto de vista de los requerimientos de importación". Luego cayeron las reservas y subió la deuda, mientras "se estimuló la salida de dólares en concepto de atesoramiento externo o gasto turístico, la proliferación de los autopréstamos y la liquidación de deudas, manteniendo, sin embargo, su registro".
"En 1979 se registró un nivel excesivo en tales reservas, que llevan a determinar un monto notoriamente exagerado y perjudicial en las colocaciones en el exterior. Baste señalar que el 83 por ciento de las reservas fueron colocadas en dicho año en instituciones bancarias radicadas fuera del país", señalan los peritos.
Es decir, que los créditos tomados en bancos extranjeros eran depositados en plazos fijos de esos mismos bancos, a una tasa de interés inferior a la que se pagaba para conseguir el dinero.
Ello era correlativo con el endeudamiento de las empresas públicas. Por ejemplo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tomó 131 préstamos entre febrero de 1979 y 1980 a un plazo no mayor de seis meses.
Las empresas públicas eran forzadas a endeudarse para obtener divisas con las que sostener la apertura económica. Los dólares quedaban en el Banco Central y a las empresas se les daba pesos al cambio oficial (muy diferente del que regía en el mercado).
Cada tres meses, la Secretaría de Coordinación y Programación Económica, a cargo de Guillermo Walter Klein, determinaba hasta dónde se podían endeudar las empresas públicas, según un cronograma definido luego comunicado al Banco Central y a las propias empresas públicas.
Las divisas obtenidas "fueron volcadas al mercado de cambios para favorecer la política de apertura de la economía... Ello significó, entonces, desviar los fondos externos del presunto destino que motivó la concertación de las operatorias de endeudamiento", acusaron los peritos.
El mejor ejemplo es, una vez más, YPF. Hasta el golpe militar, tenía una deuda de 372 millones de dólares. Trepó a 2.930 millones en 1980, a 4.050 millones en 1981, a 4.800 en 1982 y a 6.000 millones en 1983.
Por último, no había control sobre la deuda que empresas privadas habían contraído con avales del Estado. Hubo múltiples autopréstamos: empresas que llevaban capitales a un banco del exterior, se gestionaba un crédito por la misma cifra y se repatriaba para beneficiarse con facilidades fiscales y las oportunidades del mercado financiero. Luego, el dinero volvía a salir. También préstamos internos de una misma empresa. El Estado se hizo cargo de esta deuda, primero a través de los avales, luego de los llamados "seguros de cambio" y, por último, con la estatización de la deuda privada decidida durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en julio de 1985.
La culpa
¿De quién es la culpa? Martínez de Hoz dice que de quienes lo sucedieron, que estatizaron la deuda privada. Klein dice lo mismo en agosto de 1990, pero porque "hasta 1980 había confianza en el futuro por parte de los argentinos" y, en cambio, "a partir de 1981 esta situación cambia, las expectativas se ensombrecen, los argentinos sistemáticamente expatrian su capital residual en lugar de invertirlo en el país".
Para Alemann, la clave también es la estatización de la deuda privada. "Me negué a dar avales y seguros de cambio. En cuanto me fui (el entonces presidente del Banco Central, Domingo) Cavallo les dio seguro de cambio, les licuó la deuda, las estatizó. Yo no lo daba".
Cavallo prefiere no cargar con ese peso: uno de sus voceros llegó a afirmar a este cronista que aquél nunca hizo lo que se le atribuye, sino que todo se originó en una operación de prensa de Enrique Nosiglia, quien habría intentado así debilitar un naciente lazo entre el economista y el entonces presidente Raúl Alfonsín, en 1984-85.
Más allá de las directas o indirectas, Alemann prefiere plantearlo desde otro ángulo: "Son todas decisiones de política. No hay ningún crimen. El Estado puede dar avales si le parece. Pero eso no es un delito. Cobrárselos luego a las empresas puede dejar en la calle a miles de personas.
"A mí me parecía enorme, pero no lo era a la luz de hoy. Eran 20.000 millones y la deuda privada era privada. Hoy tenemos 105.000 millones."
Corre, por otro lado, la teoría sobre la corrupción. Antes del golpe de Estado, el estudio Klein & Mairal tenía como cliente a un banco finlandés. A poco de iniciarse el gobierno militar, con Klein en la función pública y formalmente separado, el estudio obtuvo la representación de al menos 22 bancos acreedores.
Además, se encontró en sus archivos un texto escrito en inglés que revelaba cómo un banco acreedor francés enviaba, a través del estudio, un modelo de lo que debía dictaminar el procurador del Tesoro para acordarle un préstamo a la Comisión de Energía Atómica.
Klein no contestó a los reiterados llamados de La Nación a su oficina. Alemann aclaró que los acreedores "no eran los clientes de Klein & Mairal, eran todos".
Hay otra teoría, política. En verdad, Martínez de Hoz quería modificar de raíz las estructuras básicas de la sociedad argentina -tornar "competitiva la economía argentina", se decía entonces- y la deuda era el pivote del cambio.
Despenado
Sea quien fuere el culpable, no habrá castigo. Anzoátegui pidió en 1984 al reabierto Congreso Nacional que se hiciera cargo de la investigación, que excedía las posibilidades del Poder Judicial.
El Senado creó una comisión investigadora que allanó el estudio Klein & Mairal y secuestró 200 carpetas con mucho material sobre el proceso de la deuda externa. Pero un año después se cerró sin producir informe alguno.
A lo largo de 16 años, a la causa principal se agregaron otras denuncias, entre ellas la presentada por el hoy presidente Carlos Menem por el vaciamiento de YPF. Por esta última, Martínez de Hoz fue procesado y es la situación en la que se encuentra.
Dentro de un mes, cuando el juez federal Jorge Ballestero, actualmente a cargo del caso, deba dictaminar, sobreseerá a Martínez de Hoz porque han prescripto los delitos de que se lo acusa.
Concluidos los peritajes que llevaron 10 años, escuchadas 38 declaraciones testimoniales, 27 informativas y una indagatoria, Ballestero volverá a dirigirse al Congreso, donde algunos legisladores encabezados por Alfredo Bravo y Sergio Montiel, de la Alianza, impulsan la creación de una comisión de seguimiento de la deuda y ya se entrevistaron con el juez.
¿Acaso habrá esta vez una respuesta parlamentaria? Cerca del siglo XXI, la discusión internacional sobre la deuda externa sólo ha recogido algunos pronunciamientos de la Iglesia Católica norteamericana en favor de reconsiderar la situación.
Nada parece indicar que haya una disposición similar en la Argentina, donde ha quedado en manos de unos pocos empleados tribunalicios el juicio definitivo sobre esta historia que, detrás de un número, esconde la cifra misma del país.
Por Gabriel Pasquini
