La dictadura de Nicaragua
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LA NACION
Desde hace varios meses el clima político y social de Nicaragua ha sufrido un pronunciado deterioro por cuenta de la desproporcionada represión del gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
A ello se suma la incertidumbre generada por la mermada economía, la violencia que no cesa y el éxodo de ciudadanos atemorizados por una situación sin perspectivas de pronta solución.
Las cuestiones acumuladas por años de abusos de la familia presidencial y sus deseos de eternizarse en el poder han provocado la reacción de los nicaragüenses, dando lugar a detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa, y asesinatos y masacres de opositores a manos de la policía y aparatos paramilitares, que son moneda corriente. Ya hay 450 personas asesinadas, 2800 heridos y casi 500 detenidos, según ONG de derechos humanos.
La región conoce este tipo de gobiernos que alguna vez fueron democráticos, pero que con el tiempo hicieron el tránsito hasta convertirse en feroces dictaduras que se empeñan en aferrarse al poder. Sus líderes dicen odiar y condenar los regímenes autoritarios, pero pronto hacen curso para convertirse en dictadores y pasan a la vanguardia para coartar las libertades, hacerle pasar hambre al pueblo y masacrarlo si llega a protestar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han responsabilizado al gobierno de Nicaragua de las graves violaciones de derechos humanos, concretamente por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, maltratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven".
Pero también está ocurriendo otro lamentable proceso en Nicaragua con la anuencia de su gobierno totalitario. Se trata de la toma de propiedades, tanto urbanas como rurales, por parte de simpatizantes del régimen.
Hace ya tres meses que comenzaron estas tomas y apropiaciones, que hasta el presente totalizarían poco más de 6000 hectáreas, de las cuales 4500 aún se encuentran en poder de los apropiadores. Las otras fueron recuperadas por sus legítimos propietarios.
Paradójicamente, la crisis actual ha coincidido con el aniversario 39 del triunfo de la revolución sandinista, que el 19 de julio de 1979 puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza.
Fue Ortega, como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien encabezó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que sucedió al dictador derrocado y que en la actualidad se ha convertido en uno de los peores opresores que ha tenido el pueblo de Nicaragua.
Como lo hemos señalado, el gobierno argentino, junto con otros 12 países de la región, ha condenado sin atenuantes la represión llevada a cabo por el matrimonio presidencial.
Los nicaragüenses piden democracia, justicia, tolerancia, respeto a los derechos humanos, necesidades primarias que, por desgracia, en la Nicaragua de Ortega han dejado de satisfacerse.
La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para que países como Venezuela y Nicaragua regresen a la plena vigencia de la democracia y el Estado de Derecho, principios de los cuales jamás debieron apartarse.
LA NACION
