La emergencia sanitaria no crea poderes nuevos; el kirchnerismo, tampoco

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y permite mantener las clases presenciales en las escuelas porteñas, como era la intención del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, es una de las dos lecciones que recibió el presidente Alberto Fernández esta semana. La otra se la dio el kirchnerismo y va en un mismo sentido porque ambas ponen límites: jurídicos la Corte y políticos el kirchnerismo.

El primer significado para Fernández está dentro de los fundamentos que acompañan al fallo del presidente de la Corte, el doctor Carlos Rosenkrantz. Allí aparecen algunas afirmaciones que fueron citadas en distintos espacios de debate y opinión jurídica y política, porque abren una nueva etapa de aquí en más respecto a las decisiones centralizadas que hasta ahora tomaba el gobierno nacional y que ponían en tela de juicio su legitimidad. Rosenkrantz afirmó: “La emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente” y, en ese sentido, también agregó: “No debe perderse de vista que la emergencia, si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea poderes nuevos”.

De eso también se trata el fallo. Le pone un límite jurídico al “enamoramiento” del gobierno de Alberto Fernández a las distintas etapas de las cuarentenas que, por otra parte, solo aportaron datos sanitarios negativos, pero también desastrosos indicadores educativos y económicos, conseguidos de la mano de cada DNU que el Poder Ejecutivo dictó en todo este tiempo.

Seguramente, la vacunación masiva debió ser la salida para esta situación límite que tiene a la población que no trabaja o recibe una remuneración del Estado agobiada por tantas restricciones sin resultados.

Pero el fracaso en la compra de vacunas, la oscura trama detrás de la negociación con Pfizer, el problema AstraZeneca, como lo llamó el propio canciller Felipe Solá, la falta de un abanico de opciones a la alternativa rusa, que ya incumplió con creces y de modo alarmante el contrato que dio a conocer el propio Alberto Fernández cuando en diciembre anunció que íbamos a tener de 14 millones de vacunados con dos dosis en abril cuando apenas tenemos un millón con el ciclo de vacunación completo, hicieron que el gobierno nacional necesitara extender una y otra vez sus prolongadas etapas de control y aislamiento adjudicándose poderes que, según el fallo de la Corte Suprema del lunes, no posee y no puede crear amparado en la emergencia sanitaria.

Pero hay otra lección, donde también se cuestiona otro poder, que Alberto Fernández creía tener o compartir, pero que tanto su vicepresidenta como La Cámpora se encargaron de mostrarle públicamente que estaba equivocado: el poder político.

Ese poder real, el que está detrás de las tomas de decisiones que marcan el rumbo de la economía y de las providencias trascendentales para el país no lo tiene el presidente, lo tiene Cristina Kirchner y solo lo comparte con su hijo Máximo y encumbrados dirigentes de La Cámpora, todo esto quedó evidenciado como nunca con la no salida del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, a quien el Presidente quiso despedir, junto a la decisión de aumentar las tarifas eléctricas y no pudo, porque ni Cristina ni La Cámpora se lo permitieron.

En solo unas horas el Presidente sintió que su autoridad estuvo limitada, primero por un fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia que le pone límites a su poder y le explica que ni siquiera una pandemia le permite crear un “poder nuevo” y luego cuando la jefa y sus militantes preferidos marcaron la cancha respecto a sus atribuciones políticas que, está visto, no alcanzan para despedir un funcionario sin la anuencia de ellos.

También Cristina Kirchner habló de “nuevas formas de golpes de Estado” por el fallo de la Corte Suprema de Justicia y cargó con dureza contra el máximo tribunal, seguramente motivada por otros intereses relacionados con sus causas judiciales y no por las cuatro horas de jornada escolar de los alumnos porteños. Hablar de desestabilización, es a eso a lo que se refiere, mientras expone al Presidente a un escarnio público exhibiendo su debilidad al no permitirle desplazar a un funcionario de orden menor en el organigrama institucional, no deja de tener una cuota alarmante de cinismo político.

El Presidente tuvo dos derrotas en pocas horas que, ante la mirada de todos, lo desvisten de poder. La Corte Suprema no debería ser un problema mayor si entiende que el fallo solo lo limita en sus decisiones advirtiéndole que ni siquiera la emergencia pandémica permitirá crear un poder nuevo. De aquí en más deberá resolver con el poder que ostenta, que bien balanceado está. La otra derrota es interna, es más dolorosa y tiene una profundidad política que solo su temple y personalidad marcarán si hay un límite.

Por lo pronto acató una, la política, y desafió la otra, la judicial. Como lo hizo en otras situaciones apeló a la sobreactuación para demostrar su entera alineación con quien lo ungió candidato hace casi dos años. Dijo ayer en un acto en Ensenada, acompañado por su vicepresidenta que guardó silencio, y solo asintió sus dichos, que: “Un juez no puede usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan”. Raro, no tuvo la misma postura cuando el 13 de abril pasado la Justicia sobreseyó a Cristina Kirchner y a los demás acusados en la causa conocida como “Dólar futuro”. Uno de los sobreseídos fue el gobernador Axel Kicillof, el gran candidato del kirchnerismo a sucederlo.

Las decisiones que se tomen en los próximos días serán vitales para la marcha de la estrategia contra la pandemia y el futuro de la economía con un gran interrogante sobre cómo actuará el presidente Alberto Fernández, que esta semana quedó condicionado bajo esas dos lecciones.

Porque ahora sabe bien que ni la emergencia sanitaria ni el kirchnerismo le permitirán crear un poder nuevo.