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La expropiación de YPF y sus funestas consecuencias
Uno de los llamados "fondos buitre" lleva adelante una millonaria demanda contra el Estado argentino gracias a los desastres del kirchnerismo
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LA NACION
El litigio que un fondo de los denominados "buitre", Burford Capital, lleva adelante contra YPF y contra el Estado nacional en los tribunales de Nueva York incorpora otro capítulo a una de las historias más turbias del reciente pasado kirchnerista.
Néstor y Cristina Kirchner hicieron desaguisados escandalosos con esa empresa. Primero, en 2007, con la excusa de argentinizarla, la "kirchnerizaron" a través de los Eskenazi, que integraban el elenco de empresarios beneficiados por aquel régimen, junto con Cristóbal López y Lázaro Báez. Más tarde, en 2012, la estatizaron parcialmente, expropiando el 51% de sus acciones. Y, ante el reclamo por los daños de esa expropiación, que más propiamente debiera llamarse "confiscación", defendieron en los estrados judiciales a la República de tan mala manera que dejaron la impresión de trabajar para los demandantes.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York se pronunció días atrás sobre la jurisdicción competente. Las autoridades argentinas sostienen que el pleito debe tramitarse en el país mientras que Burford pretende que siga en Nueva York. La Cámara le dio la razón al demandante. Quedan todavía instancias de apelación y solo después el tratamiento de la cuestión de fondo: los perjuicios causados por la expropiación. El fondo Burford obtuvo del grupo Eskenazi la cesión del derecho a reclamar una indemnización por la expropiación.
Durante la gestión de Cristina Kirchner, la defensa fue sumamente endeble. Se contrató un estudio jurídico de Miami para litigar en Nueva York y -lo más grave- el caso quedó durante muchos meses en una dependencia de la Secretaría de Finanzas sin intervención de la Procuración del Tesoro, por entonces a cargo de Angelina Abbona, a pesar de su relevancia. Esta demanda navegó sin luces durante mucho tiempo, como si se tratara de un litigio de menor cuantía.
Semejante impericia no debería extrañar. YPF fue para los Kirchner un inagotable campo de corrupción. El modo en que la familia Eskenazi accedió al 25% de la empresa y el procedimiento para su "estatización" fueron tan absurdos e inapropiados como la defensa articulada por el gobierno kirchnerista ante los tribunales de Nueva York.
Los Eskenazi ingresaron a YPF por imposición de Néstor Kirchner. Lo hicieron a través de una sociedad española participada totalmente por otra australiana que a su vez era controlada por ellos. Sin contar con antecedentes en el negocio energético, consiguieron un financiamiento extraordinario. Por un lado, un grupo de bancos extranjeros les prestó la mitad del precio de las acciones y por el monto restante obtuvieron un inusual préstamo de la vendedora, la propia Repsol. Ambos se repagarían con los dividendos de YPF, cuyas utilidades se usarían en un 90% para ese fin.
Estos procedimientos inauditos permitieron a los Eskenazi quedarse con la cuarta parte de la principal empresa del país casi sin poner un centavo. Y lo que es más interesante: Repsol les cedió el manejo de la empresa. Es curioso que ningún accionista de esa multinacional española haya pedido explicaciones por estas costosas excentricidades a su presidente, Antoni Brufau. Eso si, hay que reconocer que por entonces Brufau fue explícito cuando describió a su flamante socio, Enrique Eskenazi, con el eufemismo "experto en mercados regulados".
Esta nunca vista política de reparto casi total de utilidades conducía al vaciamiento de la empresa. Se dejó de invertir en exploración y ello trajo aparejados la pérdida de reservas y el endeudamiento de la compañía, una de las herencias malditas que nos dejaron los Kirchner. Lo insólito es que ese vaciamiento fue uno de los argumentos utilizados por Axel Kicillof para justificar la expropiación de las acciones de YPF.
Los tan encendidos como absurdos alegatos de Kicillof, que hoy son utilizados como prueba por Burford, tuvieron una particularidad: jamás incluyeron reproche alguno contra los Eskenazi. Otra perla es que el decreto de necesidad y urgencia de expropiación fue redactado por el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, quien hoy es uno de los directores del Banco de Santa Cruz, de la familia Eskenazi.
Conviene recordar que estos atropellos fueron cometidos con el apoyo entusiasta de gobernadores y ministros de provincias petroleras, además de legisladores, que hoy se presentan como "racionales".
El avance del juicio en Nueva York es mucho más veloz que el que se inició en Buenos Aires hace años, por iniciativa de las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, quienes denunciaron el vaciamiento de YPF y el sospechoso modo en que los Eskenazi llegaron a adquirir el 25% de esa empresa. El caso duerme en el juzgado del juez Ariel Lijo. Es posible que no haya que esperar que este magistrado despeje las incógnitas que existen sobre todo el descalabro ligado a YPF durante el kirchnerismo. Esa tarea tal vez la realicen los tribunales neoyorquinos, especialmente si aceptan el denominado discovery, que consiste en un procedimiento para liberar toda la información y documentación ligada a una operación; en este caso, la compra por los Eskenazi del 25% de YPF, los demás aspectos de esa extraña operación y la identidad de los beneficiarios finales detrás del fondo Burford en esta gigantesca demanda.
Si se corriera ese velo, se podría confirmar lo que ya se vislumbra: que en su progresivo avance sobre la principal petrolera nacional, primero con empresarios amigos y después a través del Estado, los Kirchner volvieron a poner en juego sus dos inclinaciones irrefrenables: una voracidad económica insaciable, combinada con la desmesura en el uso del poder.
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