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La falla de San Andrés, en la Argentina
Vivimos aquí un fenómeno similar al temido sismo californiano, aunque de carácter fiscal; es hora de asumir la fractura que asoma bajo nuestros pies
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LA NACION
La población de California tiene bajo sus pies una fisura de 1300 kilómetros entre dos placas tectónicas que, al moverse, provocan sorpresivos terremotos. Los sismólogos señalan que su parte sur no se ha quebrado en tres siglos. Y la tensión acumulada podría liberarse de golpe, causando una catástrofe de proporciones bíblicas.
Mientras tanto, las familias hacen una vida normal, forman sus hogares, trabajan, estudian, disfrutan del mar y las montañas, pensando que, en términos geológicos, el "gran sismo" podría demorarse mil años más y para entonces, serán otros quienes deban sufrirlo.
En la Argentina vivimos sobre una falla similar, de carácter fiscal, comparable al temido sismo californiano y que no se rige conforme tiempos milenarios, sino al calendario cotidiano, el que gobierna los planes de vida de esta generación.
El presidente Mauricio Macri, desde su despacho en Balcarce 50, tiene una nítida visión de la falla con sólo mirar por la ventana presidencial. Es lo que lee y escucha cada día de funcionarios, dirigentes, periodistas y entrevistados. Basta oírlo para advertir que quiere corregir las falencias cuanto antes, para evitar que los argentinos tengan que salir a la calle en piyamas, en medio de un temblor. Es gradualista, pues no quiere asustar a la población con presagios alarmistas. Pero realista, y se propone la titánica tarea de distender los riesgos sísmicos que el populismo ha exacerbado.
Como las familias californianas, las locales preferimos ignorar la gravedad de la fisura, pues "Dios es argentino". Cada nuevo gobierno ha forzado más la tensión entre las placas, llegando al clímax durante los 12 años y medio del matrimonio Kirchner, que multiplicó el empleo público, las jubilaciones sin aportes, los subsidios económicos, los transportes gratuitos, los planes Trabajar, la industria del juicio, las contrataciones fraudulentas y el proteccionismo impúdico. A cambio de votos, hicieron estallar el gasto público, empujando las placas, tensando el déficit y creando "la otra" grieta.
El mayor gasto público es un beneficio que sólo pueden permitirse los países que trabajan e invierten en serio, con alta productividad. Ambos términos deben guardar armonía: cuanto más bienestar colectivo se pretenda, mayor debe ser la productividad para sostenerlo. Un equilibrio elemental que no puede ignorarse, bajo pena de terremoto. Un imperativo ético que debe regir cualquier propuesta igualitaria. De lo contrario, es palabrerío populista, no sustentable.
Se explica con un número sencillo: hace dos décadas, el gasto público en la Argentina alcanzaba el 17% del PBI, hace diez años era del 28%. En la denominada "década ganada", subió al 43%, como en los países más desarrollados, sin serlo. Es una proporción insostenible, una fisura gigante debajo de nuestros pies. Y, mientras se disparaba el gasto, se combatía el capital, única alternativa para sufragarlo sin remezones.
En 1989 fue el Plan Bonex. En 2001, el "default" más grande de la historia. En 2008 se confiscaron los fondos de las AFJP. Pero la falla nunca se cerró; por el contrario, su energía potencial se potenció, agravando el peligro de convulsión intempestiva.
En los países desarrollados, las erogaciones de bienestar tienen efecto redistributivo verdadero y regresan a la población con buena educación, mejores hospitales, vivienda decente, justicia eficiente, transporte apropiado y seguridad real. En la Argentina, tienen efecto regresivo, pues los recursos se pierden en los bolsillos de burócratas, de pícaros contratistas, de punteros políticos y de saqueadores del Estado. Poco llega a los más pobres para alimentarse, educarse, curarse, trasladarse, trabajar y vivir con decencia. Es la raíz de la ofensiva desigualdad, que condenan los padres de la justicia social, creadores del modelo regresivo.
Para cerrar nuestra insostenible "falla de San Andrés", el Presidente deberá enfrentar intereses creados que mucho perderán si las placas tectónicas se detienen y distienden. Aunque el camino será gradual, apuntando a reducir el nivel de gasto público sobre el PBI al 33%, en 2023, mediante crecimiento y congelación de gastos, las batallas serán feroces.
Como es sabido, todo gasto público es ingreso privado. La congelación (o reducción) del primero no es cuestión académica, ni disquisición teórica. Implica una confrontación dura por intereses monetarios, cuyos beneficiarios defenderán mediante paros, piquetes, denuncias, operaciones de prensa, acciones judiciales y amenazas concretas.
Lo mismo ocurrirá con el otro frente, la competitividad. Es la clave para que el crecimiento previsto, del 3% por año, pueda licuar el gasto congelado. Esto requiere curar nuestra esclerosis productiva, desatando nudos de privilegio y derribando barreras de entrada. Enfrentar a sindicatos, empresarios y profesionales que imponen restricciones a quienes deben competir en el mundo. A quienes disfrutan ganancias de lobby, ajenas a la creación de valor. Eliminar sobrecostos regulatorios, franquicias injustificadas, cotos de caza y zorros en el gallinero.
En esas batallas se invocarán derechos adquiridos, prácticas inmemoriales o posesiones treintañales, a los que nadie renunciará voluntariamente. ¿Ofrecerá el ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, reducir su pensión de $ 362.000 por mes? ¿Se irán sin quejarse los 1700 empleados de la Biblioteca del Congreso? Los 72 senadores nacionales ¿despedirán a la mitad de los 5000 empleados que tienen? ¿Cuántos de los 8 millones con planes sociales optarán por trabajar en serio? De los 3 millones de jubilados sin aportes, ¿alguno ofrecerá contribuir con algo? Del millón con pensiones por invalidez, ¿cuántos reconocerán que fueron "truchas"? ¿Cuántas personas aceptarán sin protestar la normalización tarifaria de servicios? ¿Y si aumentasen los boletos de transporte? ¿Cuántos consentirán el cambio del ajuste jubilatorio? Las empresas promocionadas, ¿aceptarán que se reduzca su costo fiscal para el bien común? Los sindicalistas, ¿abrirán las obras sociales para hacer transparentes sus erogaciones? Los que trabajan "en negro", ¿se incorporarán espontáneamente al sistema? Los que trabajan "en blanco", ¿combatirán a los evasores?
Con argumentos federalistas, muchos gobernadores defienden los distorsivos "ingresos brutos" de sus jurisdicciones, el medieval impuesto a los sellos o pelean por el Fondo del Conurbano. Cuando, en realidad, están pensando en sus votos. Necesitan cubrir los sueldos del personal que, en las provincias, aumentó en 1,5 millones en la "década ganada". Allí están los parientes, amigos y correligionarios. Lo mismo con los intendentes, que inventan tasas inconstitucionales a los combustibles, al uso del espacio público o a la seguridad ciudadana, para no tener que enfrentar las multitudes de sus municipios.
Entre 2003 y 2016, el empleo público creció un 59% aunque la población aumentó sólo el 17,5% en ese período. El 81% de esos empleados trabaja en provincias y municipios. En la cultura argentina existe la convicción de que sólo los "ñoquis" son prescindibles y que el resto debe pasar a planta permanente con garantía de estabilidad. Todos aspiran a asegurarse un ingreso, cuando la naturaleza misma del problema, la altísima tensión de la falla tectónica, hace que todo en la Argentina sea precario. Como se comprobó al amanecer del año 2002.
Pero la realidad es que el desajuste es tan enorme y la compresión de cortezas, tan peligrosa, que la sociedad toda debe asumir, con realismo, la fractura que existe bajo nuestros pies. Es una oportunidad única para que la oposición facilite este tránsito hacia la normalidad, dejando que el Gobierno lidere esta transformación. Y, quien tenga que gobernar más adelante, lo haga en un país razonablemente ordenado, confiable y productivo. Sin riesgo de catástrofes bíblicas, ni de amenazas californianas.
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