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La guerra de los casinos
La aprobación de la ley de juego porteña, en diciembre último, intranquiliza a la provincia de Buenos Aires. Si la Capital Federal permitiera la instalación de otro local de apuestas, flotante o en tierra, el gobierno de Ruckauf tiene decidido contrarrestar la nueva situación de competencia con una política agresiva
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Si un ciudadano medianamente informado escuchara al pasar que la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires están por entrar en un conflicto de intereses, indefectiblemente comenzaría a pensar en las razones políticas del enfrentamiento.
La ciudad Estado está gobernada por la Alianza mediante un político en ascenso como Aníbal Ibarra. Y en la provincia el gobernador es Carlos Ruckauf, que acaba de lanzar su precandidatura presidencial para el año 2003. Sin embargo, la causa del conflicto no sería otra que el juego, que en el distrito porteño se simboliza en el controvertido casino flotante que se encuentra amarrado en la Costanera Sur.
"Si la Capital terminara aprobando la instalación de casinos, flotantes o en tierra, la provincia se vería obligada a reformular su sistema de casas de juego", dijo a La Nación , luego de elegir cuidadosamente las palabras, el titular del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Gustavo Costa.
Con menos diplomacia y más contundencia que el funcionario, una fuente bonaerense precisó que "si Ibarra cede a las presiones y deja que se instalen los otros dos casinos flotantes que estaban proyectados, no tendremos más remedio que rodear a la ciudad con salas de juego para equilibrar esa nueva situación de competencia".
Esta declaración de guerra implicaría que, además de las opciones ya existentes -el casino flotante, el casino del Tigre y los casinos electrónicos que se ocultan tras la fachada de los bingos bonaerenses-, los habitantes de Buenos Aires y del conurbano bonaerense podrían tener al alcance de sus manos al menos otro barco en el puerto de la ciudad y nuevos casinos, flotantes o no, en la periferia.
Y, si se toma en cuenta que la zona norte está cubierta por el emprendimiento que se instaló en el Delta, hasta se puede inferir que el esfuerzo logístico se centraría en un punto muy cercano al río en el Sur y en el Oeste.
A partir de las posturas preelectorales de los dirigentes de la Alianza, podría darse por descontado que el juego no prosperará en la ciudad, pero la gestión que conduce Ibarra le ha puesto el ojo a un negocio que mueve en el distrito casi 1000 millones de pesos al año y que hasta diciembre estaba en manos de Lotería Nacional y sus concesionarios como, por ejemplo, la empresa que explota el casino flotante, que durante el primer año de funcionamiento tuvo una facturación cercana a los 140 millones.
En la madrugada del 15 de diciembre, la Legislatura porteña puso fin a un debate que dividió por primera vez en forma tajante al bloque de la Alianza. Tras un duro debate se aprobó una controvertida ley de juego que, aunque se propone la eliminación del casino flotante y se opone a la instalación de un segundo barco, deja abierta la posibilidad de instalar un casino oficial.
Esto, sumado al hecho de que Ibarra no se resigna a perder un canon de aproximadamente 25 millones que el casino flotante dejaría en las arcas de la ciudad, mantiene latente la confrontación con el distrito que gobierna Ruckauf.
El artículo 9 de esa norma dice puntualmente: "Prohíbese la instalación o funcionamiento de salas de juego conocidas como ´casinos´ de propiedad privada o concesionadas a empresas privadas. Sólo el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa para proponer la instalación de una sala de juego conocida como ´casino´ y administrada por el Gobierno de la Ciudad, que debe ser aprobada por la Legislatura con el voto de los dos tercios del total de sus miembros y bajo el procedimiento de doble lectura".
Y en cuanto al casino flotante que funciona en la Costanera Sur, la ley porteña establece que la administración que conduce Ibarra "deberá realizar todas las acciones correspondientes para lograr el cierre de la sala de juego conocida como ´casino´, que funciona en el puerto de la Ciudad".
El color del dinero
Cuando el 4 de junio de 1999 el ex presidente Carlos Menem firmó el decreto de concesión de Lotería Nacional para la explotación del casino flotante a la empresa Casino Buenos Aires SA, subsidiaria de la catalana Cirsa, la Alianza puso el grito en el cielo.
El presidente Fernando de la Rúa era entonces el jefe del gobierno porteño, en uso de licencia por la campaña presidencial, pero igualmente aseguró que el casino flotante jamás funcionaría en la ciudad. Y Aníbal Ibarra, que aspiraba a sucederlo, como finalmente ocurrió, también rechazó de plano la idea.
Pero el negocio tenía el respaldo de la Casa Rosada y el 8 de octubre de ese año al casino tiró su primer amarrado en la Costanera Norte. Ese mismo día, inspectores del gobierno porteño intentaron allanarlo, pero fracasaron porque el Río de la Plata no es jurisdicción de la Ciudad, y por lo tanto no tenían competencia allí.
Al poco tiempo, el 22 de octubre, la empresa Casino Buenos Aires SA decidió levar anclas para trasladarse hasta la Costanera Sur, donde está actualmente, y emprolijar algunos detalles de la concesión.
El nuevo lugar donde ancló fue cedido por la Administración General de Puertos (AGP). Pero, tal como lo consignó el periodista Gabriel Pasquini en una nota publicada por La Nación el 18 de noviembre último, el proyecto se había ampliado al estilo menemista: el nuevo contrato comprendía la construcción de un shopping en terrenos que antes debieron pasar de manos de la Armada a la AGP, en un intercambio promovido y agilizado por el entonces secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan.
Con el menemismo fuera del juego, y con las posturas manifestadas por los principales dirigentes de la Alianza, todo indicaba que el negocio del casino flotante estaba acotado en el tiempo, pero a más de un año las fichas siguen cayendo sobre el paño verde.
El gobierno nacional, bajo cuya jurisdicción están las aguas del Río de la Plata que frenaron el allanamiento ordenado por De la Rúa cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad, no ha avanzado en este tema.
Ibarra lo hizo, pero a contrapelo de lo que dijo cuando se inauguró el casino. Firmó un acuerdo con la Lotería Nacional para que la ciudad percibiera una parte de las ganancias que produce la "timba" del casino flotante. A cambio de su permanencia, la empresa Casino Buenos Aires SA desactivó el proyecto de construir un shopping y dejó en suspenso la idea de amarrar al puerto de la ciudad un segundo barco dedicado al juego.
Pero el acuerdo para participar de las ganancias del casino flotante dividió las aguas en la bancada de la Alianza y el Gobierno tuvo que dar marcha atrás en este tema para evitar que la crisis que hizo eclosión en el Senado de la Nación se trasladara al recinto de la Legislatura porteña.
De todos modos, Lotería Nacional sigue expectante y, aseguran, presiona para que la ciudad avance en la administración del juego. La ley de juego porteña dejó a Lotería Nacional sin el único distrito que le quedaba luego de la progresiva federalización que se puso en marcha a mediados de los años noventa. Entonces, su única razón de ser es el multimillonario juego del Loto, la lotería tradicional (con su adelgazado Gordo navideño) y el casino flotante.
Del otro lado de la avenida
Mientras vela las armas para una hipotética guerra por el juego, el gobierno bonaerense todavía no encontró la forma de ordenar su propio caos, cuya máxima expresión son los casinos electrónicos que funcionan ilegalmente con el nombre de bingos.
Enfoques publicó un extenso artículo el 9 de abril último, en el que se consignó que durante la gestión de Eduardo Duhalde se permitió la proliferación de máquinas electrónicas en los alicaídos bingos bonaerenses, hasta transformarlos en verdaderos casinos privados, en una abierta violación al artículo 37 de la Constitución provincial.
Uno de los ejes de esa nota fue un informe de la comisión especial investigadora del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) que se formó en la Cámara de Diputados bonaerense, durante la presidencia del legislador radical Juan Pedro Tunessi y sin participación de la bancada justicialista.
Entre otras "manifiestas irregularidades" que la Comisión encontró en el IPLyC, que era presidido por el duhaldista Jorge Omar Rossi, era que había decidido en mayo de 1993 una contratación directa con la empresa Software de Juegos SA para que se hiciera cargo en toda la provincia del sistema de terminales de juego en tiempo real ( on line ).
Y luego, en 1995, prorrogó esa contratación directa hasta el 24 de mayo de este año, a la vez que le adjudicó a Sofware de Juegos SA (que al poco tiempo pasó a llamarse Bolt SA, a partir de una fusión de empresas) la exclusividad para la instalación en los casinos provinciales de máquinas ambulantes para la captación de apuestas de quiniela y de las máquinas electrónicas conocidas como tragamonedas. Este acuerdo permite que la empresa adjudicataria se lleve el 40 por ciento de las utilidades de todas las máquinas instaladas en casinos y bingos. Esto, calculado sobre una recaudación mensual bruta de 10.000 pesos, significa 1680 pesos por cada máquina instalada, mientras que la entidad de bien público que justificó la apertura de cada bingo del conurbano se lleva sólo 420 pesos.
La denuncia de la Comisión fue llevada ante la Justicia y también motivó una denuncia penal contra el IPLyC por parte de los diputados nacionales de la Alianza Ricardo Vago, Alfredo Villalba y Eduardo Santín, ante la Fiscalía Nº 6 de la provincia, a cargo de Carlos Raimundi. Ambas presentaciones hicieron que Ruckauf decidiera reemplazar a Rossi, que era el único funcionario que Duhalde le había pedido mantener, pero el tema sigue sin solución.
Operación blanqueo
El reemplazante de Rossi en el IPLyC, Gustavo Costa, está corriendo una carrera contra reloj. La contratación directa de Sofware de Juegos SA, hoy Bolt SA, vence el próximo 24 de mayo y para ese momento debería encontrar una solución.
"Sabemos que acá hay que darle forma legal a una situación de hecho que es irregular, y el desafío es encontrar la forma de meter los bingos dentro de la ley de juego de la provincia sin que esto implique seguir violando el artículo 37 de la Constitución, que prohíbe la privatización de la banca", explicó a La Nación una fuente de la Legislatura bonaerense.
El problema para que este blanqueo se concrete siguen siendo las sociedades anónimas, que en otra abierta violación de las leyes bonaerenses explotan los bingos a partir de "convenios" con las sociedades benéficas que justifican la apertura de estas casas de juego.
Esas sociedades fueron armadas ad hoc para la creación de cada bingo y responden a los mismos accionistas. Hay dos grandes grupos, Bingos Royal, que pertenece mayoritariamente a Carlos Manuel Vázquez Loureda y maneja siete bingos, y Codere Argentina, filial del español Grupo Recreativo Franco, que preside Baldomero Villamil y maneja otros tantos locales.
En cada uno de estos bingos funcionan un promedio de 50 máquinas, con picos de 200 puestos de juego, que los convierten en casinos electrónicos, y esas máquinas, como no son controladas por nadie, pagan un canon anual a la provincia que representa las ganancias de aproximadamente 14 días de funcionamiento.
La idea que estaría analizando herméticamente el IPLyC consiste en instalar un sistema de interconexión on line de todas las máquinas, que es lo que exige la ordenanza 2462/99, que debía entrar en vigor en noviembre de 2000 y que fue prorrogada hasta mediados de febrero por un artilugio legal de las explotadoras de los bingos.
Con este sistema, el IPLyC tendría el control de cuánto se juega en realidad y por ende cobraría un canon mucho más alto.
Codere Argentina y Bingos Royal, se presume que en acuerdo con las otras empresas explotadoras de bingos, intentan que en lugar del sistema de interconexión on line , que es electrónico, el IPLyC adopte un sistema de contadores electromecánicos, que funcionarían con un protocolo exclusivo de la provincia.
La idea, según pudo saber La Nación , es rechazada de plano por el IPLyC porque no considera al sistema "suficientemente seguro". En otras palabras, sospechan que podría ser violado para modificar los números y pagar canon sobre un monto menor de dinero.
La tecnología que pretende el IPLyC es la que proveen tres empresas, IGT, G.Tech y Bally´s. Las tres trabajan con un protocolo norteamericano de IGT, estándar en la industria internacional, que se usa tanto en Las Vegas como en España, país de origen de Vázquez Loureda y de la gente de Codere SA.
Si finalmente se impone esta postura del IPLyC, la operación blanqueo de los bingos bonaerenses estará en marcha. Pasarían a estar comprendidos dentro de la ley de juego y la Legislatura se encargaría de buscarle un marco legal al asunto. Pero para que esto se concrete hace falta el acuerdo del ex gobernador y virtual candidato a senador nacional por el PJ, Eduardo Duhalde, durante cuyo mandato se creó esta situación.
