La historia secreta de la muerte de Juan Duarte

El 9 de abril de 1953 encontraron a Juan Duarte, el hermano de Evita y secretario privado de Juan Domingo Perón, muerto de un disparo en la cabeza en su departamento, ubicado en Callao 1944, en Barrio Norte. Había pasado poco tiempo después de que Perón le pidiera su renuncia por sospechas de corrupción en un "negociado de las carnes". Había pasado casi un año desde la muerte de Evita y, además de la previsible angustia provocada por esta pérdida, Juan Duarte había perdido a su principal protectora. El contexto político y económico también había cambiado. El gobierno de Perón atravesaba una crisis económica y la lucha contra la corrupción desviaba la atención del público.

Militares cercanos a Perón iniciaron una investigación interna y citaron a Duarte a declarar el 9 de abril. Aunque sin nombrarlo, Perón le dedicó el día anterior (8 de abril) un duro discurso en el que afirmó: "Cuando yo lo pueda comprobar, estén seguros de que van a la cárcel, así sea mi propio padre". Su círculo íntimo lo había dejado afuera.

Me acerqué a la historia de Duarte en 2014 para un informe televisivo sobre aspectos no explorados de su muerte. La historia me atrapó. Intuí desde ese momento algo que después pude corroborar. No existe evidencia concreta de que haya sido un suicidio, porque hay muchos interrogantes que no respondieron ni la Justicia ni la Historia.

Las primeras preguntas que me formulé fueron: ¿se suicidó o lo asesinaron? Me llamaba la atención el silencio del peronismo, la Justicia, los medios y los libros de Historia. ¿Por qué la muerte de un hombre que tuvo tanto poder quedó a un costado? Casualidad o no, el caso fue utilizado para defender o para acusar a Perón, y las verdaderas causas de la muerte de Duarte fueron postergadas.

En las fotos del primer gobierno peronista del Archivo General de la Nación (AGN) y de los diarios de la época (1946-1953), Duarte aparece siempre detrás o a un costado de Perón, quien, como tantos dirigentes políticos, contaba con su círculo íntimo. Duarte era una de las principales espadas de ese grupo.

Para averiguar qué pasó, decidí rastrear el expediente judicial. No fue una labor sencilla porque no estaba archivado oficialmente. Hubo dos libros de la época que fueron mi punto de partida: La Justicia nacional resolvió el Caso Duarte, escrito por el primer juez que intervino, Raúl Pizarro Miguens, y Caso Duarte, de Aldo Luis Molinari, el capitán de fragata de la Comisión 58 de la Policía Federal durante la Revolución Libertadora. En ambos figuraban el número de expediente y los nombres de los jueces y fiscales que habían intervenido. Gracias a eso pude determinar que hubo tres expedientes.

El primero contiene la investigación en la escena del crimen en 1953, realizada por el juez Raúl Pizarro Miguens, quien esa misma mañana concluyo? que "fue un suicidio".

El segundo es de 1955. Después del derrocamiento de Perón, durante la Revolución Libertadora, se formó una comisión investigadora a cargo de los capitales Molinari y Gandhi, en el intento de probar que Duarte fue asesinado, que el gobierno de Perón había estado involucrado y que el juez Pizarro Miguens había formado parte de una supuesta maniobra de encubrimiento.

El tercero estuvo a cargo del juez Julián Franklin Kent, quien, ya con Arturo Frondizi en el poder, avaló el suicidio que había sostenido su par Pizarro Miguens, a quien sobreseyó del supuesto encubrimiento de la muerte de Duarte.

Con estas nuevas pistas volví al Palacio de Justicia. Averigüé que el despacho del juez Julián Franklin Kent quedaba allí. Cuando me acerqué, no estaban al tanto de la historia de Juan Duarte. Sin embargo, hubo muy buena predisposición y al cabo de unas semanas me avisaron que el expediente había aparecido en una caja fuerte. Gran parte de la historia del hermano de Evita y secretario privado de Perón había permanecido más de cincuenta años olvidada allí, sin que nadie la reclamara.

El expediente no estaba completo. Lo que se había encontrado era lo actuado por el juez de instrucción en lo penal Julián Franklin Kent para investigar la autodenuncia de su par Pizarro Miguens, hecha con el propósito de limpiar su nombre. Contacté a las familias de los jueces: me respondieron que ellos no tenían las partes del expediente que faltaban.

En 2018 retomé la investigación para mi tesis de maestría. Mi hipótesis giró en torno al uso político de la muerte de Duarte y cómo la bruma judicial había contribuido a la confusión, la impunidad y el olvido. Cuando concluí quedaban pendientes muchas preguntas.

Volví al Archivo General del Poder Judicial. Releí el expediente y, junto con el equipo del archivo, encontramos una bolsa de plástico verde que cambiaría el rumbo de mi investigación. Esa bolsa contenía 16 discos con grabaciones originales de las declaraciones testimoniales tomadas por la Comisión 58, entre el 29 de diciembre de 1955 y el 4 de enero de 1956, sobre la muerte de Juan Duarte. Esos registros también habían permanecido, junto con el expediente que había encontrado en 2014, durante más de cincuenta años en la caja fuerte del despacho del último juez a cargo de la causa. Gracias a esta investigación, habían pasado a ser parte del AGN.

Me prestaron un tocadiscos, que trasladé al archivo, ubicado en el subsuelo del Palacio de Justicia, me puse auriculares y escuché aquel material histórico inédito. Eran las voces de los vecinos de Duarte, sus amigos y funcionarios del gobierno de Perón. Uno de los que más me sorprendió fue Héctor Cámpora, que en 1953, además de ser el presidente de la Cámara de Diputados, era uno de los mejores amigos de Duarte. Cámpora declaró que en la madrugada de la muerte de Juan Duarte estuvo en el cumpleaños de su madre. Sin embargo, la vecina María Rosa Daly Nelson lo ubicó en la escena del crimen a las 2 de la mañana.

También escuché al primer juez Raúl Pizarro Miguens, a los agentes de policía que intervinieron en la escena del crimen, a los médicos forenses y a los empleados de Duarte. Por primera vez, los protagonistas y testigos de esta historia tenían voz. Con esta información, entrevisté -en off- a varias fuentes primarias que por primera vez se animaron a contar su versión sobre esta historia.

Más allá de las particularidades del caso, hay muchos puntos que acercan el devenir de la muerte de Juan Duarte a la del fiscal Alberto Nisman.

Las escenas del crimen en los dos casos permanecen envueltas en sospechas de manipulación por parte de las fuerzas de seguridad. Ambas investigaciones tuvieron la intervención de autoridades judiciales diferentes y en los dos casos se sospechó de la simpatía judicial con el Poder Ejecutivo, la Justicia no explicó la muerte y las intervenciones judiciales tuvieron «verdades» diferentes según los gobiernos de turno. Así, para Pizarro Miguens, Duarte se suicidó, para la Libertadora fue asesinado y para el juez Franklin Kent su colega Pizarro Miguens hizo un trabajo correcto. Para la dupla Fabiana Palmaghini-Viviana Fein la investigación apuntaba a un suicidio y para Julián Ercolini-Eduardo Taiano fue un homicidio.

Existe una suerte de corsé en torno a estos casos, una suerte de inercia en virtud de la cual los actores políticos y judiciales se olvidan del caso e inician un juego de espejos donde lo que realmente importa es el uso del expediente como elemento para construir un relato que desgaste al oponente. En mi libro Maten a Duarte muestro cómo se construye esa especie de corsé de dudas que sujetan la verdad con el fin de impedir que se conozcan las causas reales de la muerte de Juan Duarte. También muestro cómo la Justicia argentina muchas veces renuncia de modo consciente a conocer la verdad y convierte a los casos del poder en recursos políticos para objetivos cortos y contingentes.

Politóloga y periodista

MATEN A DUARTE

Catalina De Elía

Planeta