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¿La hora del ajuste progresista?
Recortes de gastos, indicadores sociales que no mejoran y represión de la protesta: los primeros coletazos de la crisis mundial comienzan a sentirse ya en la región y parecen obligar a la centroizquierda latinoamericana a aplicar políticas que contradicen postulados ideológicos con que llegaron al poder
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Nunca faltará el que a cualquier gobierno que ostente un perfil progresista se lo acuse de "marxista". Son aquellos que lo simplifican todo y que hasta podría asistirles algo de razón siempre que revisarán, no ya la teoría política del célebre filósofo alemán Karl Marx, sino alguna de las tantas sentencias que supo acuñar Groucho Marx, el genial humorista estadounidense. Al menos a la hora de revisar cuán progresistas pueden ser los gobiernos que en América del Sur, ya sea por sus discursos o por algunas estrategias políticas, se arrogan la condición de "progres".
"Tengo mis principios, pero si no le gustan tengo otros." Esa frase legada para la posteridad por el gran Groucho podría ayudar a medir la dosis de progresismo con la que se tratan a diario algunos gobiernos que, o son hijos de crisis sistémicas, o bien el emergente directo de históricas, como fue el caso de la Argentina, Bolivía o Ecuador, o de postergadas demandas sociales, como ocurrió en Brasil o Perú, por citar sólo dos ejemplos.
Una recorrida por la región ayuda a detectar de inmediato cuánto hay en la acción de progresismo y cuánto se queda atrapado en los discursos en ese "nuevo marxismo" (el de Groucho). Al menos en la presidenta Cristina Kirchner y su colega Ollanta Humala, atraídos como están por la minería a cielo abierto. Cómo se lleva con esa categoría Evo Morales, que supo construir su liderazgo a través de la protesta social y que hoy la sufre en carne propia casi a diario. E incluso Dilma Rousseff, inmersa como está en una cruzada para devolverle competitividad y dinamismo a una economía afectada por la caída de la producción en lo que va del año. Los casos, por ejemplo, del venezolano Hugo Chávez y del ecuatoriano Rafael Correa quedan en esta ocasión al costado del análisis. Uno por exceso de cuartel y el otro por su obstinada persecución judicial a los medios y por sus reiterados amedrentamientos a periodistas. Aun cuando compartan con otros de la región la pasión por la acumulación indiscriminada de poder.
Diagnóstico errado
El caso argentino puede llegar a ser el más exponencial de esa suerte de "nuevo marxismo". Al menos se ajusta a otra máxima del humorista cuando aseguraba que "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados".
Jurar proteccionismo, desconocer acuerdos comerciales, creer que el déficit comercial obedece a los otros y cerrar la importación es uno de los tantos escenarios que cargan con "la impronta novomarxista ". Eduardo Fidanza, sociólogo, director de la consultora Poliarquía, recuerda que el progresista representa "un término polisémico", y que a pesar de ciertas políticas que se enmarcan en "ciertos valores de construcción de ciudadanía", hay otros, como la ley antiterrorista o la reciente alianza con un sector del sindicalismo peronista, "que lejos están del progresismo".
Esa visión es compartida por el economista y diputado opositor Claudio Lozano: "Todo depende de dónde uno se ubique para definir la categoría de progresista", señala. A la hora de medir lo hecho por el kirchnerismo en el poder, asegura que "a pesar de algunos logros no alcanza a colmar las expectativas de un gobierno progresista, que son mayor distribución del ingreso, mayor participación popular en el rumbo del país, una profundización de la democracia y el cuidado de los recursos naturales".
Su colega en la Cámara, la socióloga Alcira Argumedo, resalta que "hubo hasta aquí una etapa de bonanza económica desperdiciada" y prefiere centrarse justamente en "la fascinación" tanto para el gobierno argentino como para otros en la región de la "minería a cielo abierto", a la hora de restarles méritos a los gobiernos que llegaron para plasmar una postergada agenda distributiva y de inclusión social. "Estos gobiernos se ven deslumbrados por la promesa de los capitales que para las empresas mineras y para los valores que se manejan en el mercado terminan siendo una propina", aclara la también investigadora del Conicet.
Desde Perú, Carlos Tapia, politólogo y ex asesor del presidente Ollanta Humala, le da la razón a Argumedo. "Durante la campaña, el presidente Humala habló siempre de poner límites a las empresas mineras. De imponer exámenes medioambientales, pero a medida que se fueron agigantando sus posibilidades presidenciales eso fue quedando de lado y comenzó a ver la posibilidad de financiar programas sociales con el excedente minero".
A Humala el proyecto minero de Conga, departamento de Cajamarca, a cargo de la empresa transnacional Yanacocha, le costó la caída de dos gabinetes en menos de un año. El primero, que encabezaba Salomón Lerner, dimitió en diciembre pasado cuando se encontraba a punto de alcanzar un acuerdo con las organizaciones sociales levantadas contra el proyecto en Cajamarca. Y ahora el del ex premier Oscar Valdés, la semana pasada, antes del primer cumpleaños de la administración Humala en el poder, por la represión de esa misma protesta, que se cobró 15 vidas.
"El tema minero es el más visible, pero a lo largo del primer año de gobierno se observaron varios errores políticos que llevaron a que el presidente pasara en tan sólo meses del 58% de aprobación por parte de la opinión pública al 36%", explica Tapia, para quien "la ilusión de un cambio" que el actual presidente había despertado en vastos sectores sociales "se quedó en la campaña". Un giro ratificado luego en los primeros meses de gestión, cuando el hoy mandatario le dio rienda suelta al militar que lleva adentro antes que a la versión 2011 de su candidatura, más cercana al Partido de los Trabajadores de Brasil que al modelo chavista con "Asamblea Constituyente" que proponía en 2006.
Y es justamente su formación militar la que lleva a Humala a renegar en las reuniones de gabinete. Algunos de sus ex y actuales ministros coinciden en que "no está acostumbrado al juego democrático: no termina de asimilar la idea de ministros discutiendo alrededor de una mesa, y prefiere las charlas y las decisiones directas", confían.
Cuando observa la era presidencial del matrimonio Kirchner, también aborrecedor de los cónclaves ministeriales, Lozano recuerda que "siempre se privilegiaron las decisiones verticales a las del conjunto, y sólo entienden la democracia delegativa para que los acompañen, y eso no es progresista", a pesar de algunas leyes y políticas que van en ese sentido, como el matrimonio igualitario, o la del derecho a una muerte digna, sin olvidar la política de derechos humanos.
Cuando se los observa a través de sus alianzas o por el tipo de ajustes económicos que encaran, la politóloga boliviana Ximena Costa sostiene que "todos los gobiernos [de la región] se asemejan bastante", y aclara que por lo menos en la Bolivia multicultural de Evo Morales, "la banca nunca había ganado tanto dinero como estos años, y las petroleras nunca tuvieron más beneficios que desde el anuncio de nacionalización de los hidrocarburos", en 2006.
Desde el anunciado "gasolinazo", en diciembre de 2010, año en que comenzaron las protestas sociales que hasta hoy no se han detenido, el gobierno de Evo Morales no hizo más que apagar incendios, mediante la represión, en el caso de los indígenas de Caranavi o el Tipnis, o la negociación, con los trabajadores de la salud y con la policía, con los mineros de Potosí o los transportistas de La Paz.
"No se puede llamar progresista a un gobierno que se basa en la desigualdad. Entre blancos e indígenas, entre pobres y ricos o entre departamentos y el poder central", aclara Costa, para quien, como para Tapia en Perú, "las esperadas mejoras sociales siguen aguardando", como aguardan en la Argentina "el descenso de los índices de pobreza y el desempleo, a pesar de años de bonanza económica", al decir de Argumedo.
Ajuste por inflación
Son épocas de crisis internacional y ajustes. No sólo Perú, la Argentina y toda la región crecerán menos este año; según el último informe de la Cepal, la región oscilará entre el 3,2 y el 4,1 por ciento. Y así, para Lozano, el Gobierno "más que progresista fue desarrollista, porque creyó siempre en el derrame antes que en la distribución (la que aplicó sólo después de la derrota electoral del 2008), impulsa un ajuste, pero un ajuste por inflación".
"Fueron ajustando por inflación, y eso permitió a muchos licuar deudas, por ejemplo, pero ahora llegó el agotamiento y eso se traduce en estancamiento, por lo que se vislumbra que será difícil poder contener el conflicto social como se hizo hasta hace unos años", vaticina el economista.
Fidanza, en cambio, opina que "ante la crisis sólo tienen un discurso de escasez. Sólo aparece el «vamos por más»", en tono recurrente, mientras observa otros rasgos por los cuales el gobierno de Cristina Kirchner no debería entrar en la categoría. Por ejemplo, cuando fruto de su "hiperpresidencialismo recurre a la hipersubjetividad", un capítulo aparte en la lectura que hace de la realidad y su relato público.
La prueba más reciente de esto fue el discurso del pasado martes, cuando hizo una apología de los barrabravas, cuando la Presidenta incurre en un acto de "delegación de ciudadanía, en donde la legalidad se da por el carisma del líder", más que por los dictámenes de la institución judicial. Otro rasgo distintivo de que lo progresista allí se queda en el discurso.
Luis Francisco Poppa, profesor y miembro de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Lima, sigue prefiriendo el término "populismo al de progresismo" y aclara que los casi 11 años de crecimiento económico sostenido de Perú "no fueron aprovechados para crear más ciudadanía, ni mejorar los índices sociales como salud y educación".
"Hay que tener en cuenta que nuestros países no están muy bien parados para la hora en que en la región comiencen a sentirse los rebotes de la crisis internacional, que indefectiblemente vamos a recibir", sostuvo.
Desde hace más de 18 meses la administración Rousseff dice prepararse para ese momento con políticas anticíclicas, como la baja de la tasa de interés de referencia, que, después de años de estar en los dos dígitos, hoy se ubica en 8 puntos, y créditos blandos al sector privado, con el fin de evitar una ola de despidos y generar numerosas ventajas para mejorar la productividad. Si bien los números dicen que esas políticas no alcanzaron, para los analistas consultados "allí hay un rasgo de progresismo" porque, como asegura Fidanza, "no sólo contempla el rol del Estado en la economía, sino también el del sector privado".
Para Poppa, como para Fidanza y la propia Ximena Costa, sin la bonanza económica que la región vivió en estos años, fruto del alza de los precios de las commodities y los minerales, a cualquiera de estos gobiernos le hubiese resultado difícil ser calificados de progresistas. Poppa encuentra en algo que alguna vez le dijo en persona el ex presidente mexicano Luis Echeverría (1970-1976) una línea que acaso sirva para definir mejor a muchos gobiernos regionales. "Cuando se conduce el gobierno siempre hay que poner la luz de giro a la izquierda, pero siempre hay que doblar a la derecha?" Y a Echeverría, como era de esperar, ya por entonces lo fascinaba Groucho Marx.
