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La importancia de la coherencia constitucional
¿Qué significa para una sociedad que la Constitución la cuida, de qué manera un texto jurídico es el último responsable de asegurar los derechos de cada uno de nosotros e impedir que las arbitrariedades o injusticias puedan filtrarse en un sistema jurídico? ¿Cómo hace la Constitución para asegurar que el derecho o parte del sistema jurídico no se rebele contra los principios y las reglas constitucionales? Hay varias respuestas, pero me limitaré al siguiente aspecto del texto constitucional: asegurar el funcionamiento coherente y coordinado de todo el sistema jurídico.
Existe una diferencia muy importante entre la Constitución, los códigos, leyes y normas comunes, pues nuestro modelo constitucional es de estructura rígida, a diferencia de otros, que son de tipo flexibles. ¿Qué significa que nuestro texto constitucional sea rígido? Que para ser reformado debe seguirse todo un procedimiento bastante complejo, lo cual se justifica en tanto la Constitución está hecha de consensos básicos y acuerdos de alta densidad y niveles constitutivos; es decir que sientan las bases sobre las cuales se edifica el Estado mismo y el sistema institucional, mientras que las leyes, normas e incluso los códigos representan consensos más coyunturales, que responden a necesidades concretas en momentos determinados. Por eso las leyes son más dinámicas y se modifican o reemplazan con muchísima más facilidad que una Constitución. Aun los códigos van cambiando con el paso del tiempo y las necesidades de cada sociedad en cada momento histórico.
Es por esta diferencia de velocidades que la Constitución, desde arriba de la pirámide jurídica, se encarga de controlar la coherencia y la compatibilidad de esa fluctuación normativa que se da escalones más abajo. Pero muchas veces esa variación legal se produce con un vértigo mayor a los tiempos en que puede supervisar la Constitución, lo cual puede generar que, por la velocidad, algunos cambios o reformas legales, en ocasiones, pasen inadvertidos y tensionen la coherencia constitucional.
El ritmo de los cambios normativos en algunos casos debilita la sistematicidad que exige la Constitución. Por eso en 2015 se reformó, modernizó y adecuó definitivamente al sistema constitucional y convencional el Código Civil de la Nación, integrándose con el Código Comercial, los cuales llevaban muchos años de reformas alterando en ciertos aspectos la coherencia constitucional. Podemos decir lo mismo del Código Penal de la Nación, que en abril de este año cumplió 100 años de vigencia y, como sostienen los propios penalistas, con el transcurso del tiempo se ha convertido en un verdadero conjunto de parches en un sentido y el contrario, generando serias tensiones constitucionales.
Desde su sanción mediante la ley 11.179 en septiembre de 1921 se le aplicaron más de 900 modificaciones mediante reformas parciales y leyes especiales tanto en su parte general como especial. Es difícil que un cuerpo normativo soporte semejante nivel de intervenciones sin alterar su coherencia original o directamente tensionar pautas constitucionales. Bajo esta realidad jurídica queda como última garantía la Constitución nacional y los principios básicos que regulan el Estado de Derecho, como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos fundamentales como la libertad de expresión de las ideas por citar solo algunos ejemplos.
Cuando el sistema jurídico está “emparchado” o desactualizado, o reformado de tal modo que se afecta la coherencia normativa, es la Constitución nacional la que nos garantiza regresar a un sistema jurídico integral, racionalmente sistematizado, y tal vez lo más importante para la sociedad: coherente y compatible con los derechos fundamentales y la democracia constitucional.
Profesor adjunto regular de Derecho Constitucional (UBA); titular de la cátedra de Derecho Constitucional USI - Plácido Marin, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en constitucionalismo
Tipo de trabajo:
opinión
