La industria de la adicción digital empieza a pagar
Millones de menores quedan expuestos a plataformas diseñadas para capturar su voluntad, manipular su conducta y monetizar su fragilidad emocional dentro de la denominada “economía de la atención”; necesitamos contar con una política activa de concientización social que permita comprender la magnitud del problema
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PARA LA NACIONFernando Tomeo
Con la salud de niños y adolescentes no se juega. No se trata de una frase “para la tribuna”, sino de una advertencia propia de nuestros tiempos cuando toleramos con pasividad que millones de menores queden expuestos a plataformas digitales diseñadas para capturar su voluntad, manipular su conducta y monetizar su fragilidad emocional dentro de la denominada “economía de la atención”.
Lo advertí en 2008, en un artículo publicado en una editorial jurídica titulado “La generación Facebook”: aquello que comenzaba como una herramienta de interacción social se convertiría, con el tiempo, en una maquinaria de condicionamiento conductual de escala global. Nadie escuchó, una vez más.
En la actualidad, Instagram y Facebook, en particular, de la mano de otras redes sociales, operan como vidrieras del ego con felicidad impostada mientras X ha devenido una bolsa de residuos compuesta de insultos políticos y exhibición de cuerpos (algunos reales y otros fake), alejándose abismalmente de lo que alguna vez bautizamos la “revolución horizontal” que prometía democratizar la palabra: todos emisores, todos protagonistas. Ese ideal, en su génesis, ha sido colonizado por algoritmos que premian la agresión, la exposición extrema y la polarización. El resultado es un ecosistema que, lejos de elevar el debate público, se asemeja a un verdadero tacho de basura digital.
En este contexto, el 25 de marzo pasado el Tribunal Superior del Estado de California dictó una sentencia histórica condenando a Meta Platforms Inc. y YouTube por daños causados a la salud mental de una joven de 20 años –identificada públicamente como Kaley–, acreditándose que ambas compañías diseñaron y operaron sus plataformas de manera tal de generar patrones de uso compulsivo desde la adolescencia, con consecuencias directas en la salud mental de la joven, con diseño adictivo de sus plataformas digitales.
La demanda sostuvo que los algoritmos de recomendación, las notificaciones persistentes y los sistemas de refuerzo intermitente (likes, visualizaciones, recompensas variables) fueron deliberadamente estructurados para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla, aun a costa de inducir conductas adictivas, y el tribunal entendió que no se trataba de una mera intermediación tecnológica, sino de un diseño activo orientado a la captación y retención del usuario vulnerable.
La sentencia –cuyo análisis técnico excede el marco de este artículo– concluyó que existió, en el caso, un nexo causal suficiente entre el funcionamiento de las plataformas y los daños psíquicos sufridos, incluyendo ansiedad severa, trastornos del sueño y episodios depresivos. En particular, se destacó que las empresas contaban con evidencia interna sobre los efectos nocivos de sus productos en adolescentes y, aun así, continuaron optimizando sus sistemas de engagement sin implementar salvaguardas eficaces. El fallo ordenó el pago de una indemnización significativa e impuso la adopción de medidas estructurales de rediseño orientadas a mitigar la adicción digital.
En paralelo, el 24 de marzo, un jurado del estado de Nuevo México declaró a Meta responsable por engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas y poner en riesgo a menores de edad. La decisión –dictada en el caso “Estado de Nuevo México c. Meta Platforms, Inc”.– impuso la sanción máxima prevista por la ley: 5000 dólares por infracción, acumulando un total de 375 millones de dólares por violaciones a la normativa de protección al consumidor. El veredicto no solo reconoce el daño causado, sino que marca un precedente relevante al responsabilizar directamente a una gran empresa tecnológica por el impacto de sus plataformas en niños y adolescentes.
En este escenario, cobra especial relevancia el principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que impone que toda decisión que los involucre tenga como consideración primordial su protección integral.
Tal como sostiene Laura Victoria Bonhote en un reciente trabajo, este principio no debe ser entendido únicamente como una pauta hermenéutica o de resolución judicial, sino como un verdadero criterio rector de diseño en los entornos digitales, que obliga a las plataformas a anticipar, evaluar y mitigar los riesgos que sus arquitecturas tecnológicas generan sobre niños y adolescentes. Desde esta perspectiva, el interés superior del niño deja de ser una declaración abstracta para convertirse en un estándar operativo que exige repensar la lógica misma de los algoritmos, incorporando salvaguardas efectivas que prioricen el desarrollo, la salud mental y la dignidad de los menores por sobre cualquier objetivo de maximización del engagement.
A partir de estas consideraciones y desde el punto de vista técnico-jurídico, ambos precedentes son particularmente relevantes porque atribuyen responsabilidad directa a las plataformas, apartándose de la tradicional doctrina del contributory infringement o responsabilidad vicaria (indirecta). En otras palabras, no se las condena por lo que terceros publican, sino por cómo ellas mismas diseñan, estructuran y operan sus sistemas.
Ello implica, en los hechos, una reinterpretación restrictiva de la Sección 230 (c)(1) de la Communications Decency Act de 1996, de Estados Unidos, que históricamente ha otorgado inmunidad a los proveedores de servicios informáticos (ISP) respecto de contenidos generados por usuarios. El mensaje es claro: cuando el daño no proviene del contenido en sí mismo, sino del diseño algorítmico que lo potencia y direcciona, la inmunidad no existe.
Ahora bien, ¿por qué son adictivas las redes sociales? La respuesta no es intuitiva, es científica. Las causas son las sugientes: operan sobre el circuito dopaminérgico del cerebro mediante recompensas variables: cada “like” o interacción genera una descarga de dopamina, similar –en términos neurobiológicos– a la que producen ciertas sustancias como la cocaína; explotan el denominado fear of missing out (miedo a quedarse afuera), a través de notificaciones constantes que generan ansiedad anticipatoria; utilizan el scroll infinito, eliminando los puntos naturales de corte que permitirían al usuario desconectarse; promueven la “cultura de la comparación” permanente, con impactos directos en la autoestima, especialmente en adolescentes; personalizan el contenido mediante algoritmos que refuerzan sesgos y mantienen al usuario en una burbuja de estímulos altamente gratificantes, e introducen elementos de validación social cuantificable –seguidores, visualizaciones, métricas– que convierten la interacción humana en una competencia permanente.
Frente a este panorama, distintos países han comenzado a reaccionar. Estados como Florida han avanzado en regulaciones que restringen el acceso de menores a redes sociales sin consentimiento parental. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) establece estándares más estrictos en materia de tratamiento de datos de menores, y países como Australia y Francia exigen una edad mínima para la utilización de redes sociales.
Las conclusiones, a esta altura, no admiten ambigüedades en nuestro país. Por un lado, necesitamos contar con una política activa de concientización social que permita comprender la magnitud del problema, de la mano de una reforma educativa que incorpore de manera obligatoria la alfabetización digital crítica, no como una materia técnica, sino como una herramienta de defensa personal, para concluir en una respuesta legislativa concreta que establezca responsabilidades claras, estándares de diseño seguro y mecanismos de reparación efectivos. Urge que los legisladores tomen cartas en el asunto frente a una problemática que impacta en el más preciado de los tesoros: nuestros hijos.
Porque los daños están a la vista. Las redes sociales, en su configuración actual, generan trastornos de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, déficit de atención, aislamiento social, distorsión de la imagen corporal, conductas autolesivas y, en los casos más extremos, suicidio. No se trata de hipótesis académicas, sino de realidades clínicas documentadas por psiquiatras y psicólogos en todo el mundo.
La historia juzgará con severidad esta época. Y también a quienes, pudiendo hacer algo, eligieron mirar para otro lado porque el tema “no estaba en agenda” o porque aplicaron el eslogan “siga-siga”, con silencio cómplice, de la mano de la advertencia del derecho romano “qui tacet consentire videtur”, que concluye que el silencio no es neutral, sino que se traduce en la forma más cómoda de cobardía.
Abogado y consultor en Derecho Digital y Data Privacy, profesor de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Austral; director del Programa de “Deepfakes e IGA” (Derecho, UBA)
Tipo de trabajo:
opinión
