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La Justicia ante el espejo: una reforma necesaria para el siglo XXI
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Pareciera que, en materia judicial, la Argentina está condenada a un eterno retorno. Discutimos los mismos vicios, las mismas demoras y las mismas estructuras desde hace décadas, como si el sistema fuera inmune al paso del tiempo. Sin embargo, nos encontramos ante una oportunidad histórica. No se trata de un simple retoque cosmético, sino de una transformación profunda, cualitativa y moderna que el país clama con urgencia.
Esta necesidad de reconstrucción no surge del vacío. Existen factores externos que hoy atraviesan nuestra realidad de forma universal. La irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, no es solo una herramienta tecnológica: es un cambio de paradigma que obliga a replantear la gestión de los conflictos y la celeridad de las respuestas judiciales. A esto se suman deudas internas injustificables, como la demora en el traspaso de competencias de la Nación a la ciudad de Buenos Aires, un mandato constitucional de 1994 que sigue encontrando resistencias políticas difíciles de defender en un Estado de Derecho pleno.
El mapa legislativo actual nos marca el camino. La modernización laboral, la ley de inocencia fiscal y las reformas previstas en los códigos Civil, Comercial y Procesal, junto con la implementación del sistema acusatorio y el juicio por jurados, no son solo cambios técnicos. Son la prueba de que el debate está vivo y de que el derecho debe rendirse ante la elocuencia de los hechos.
Pretender que una sociedad hiperconectada y compleja se rija por estructuras pensadas para el siglo pasado es un oxímoron que debemos evitar. Desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires estamos trabajando activamente en una propuesta para transformar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los resultados actuales demuestran que su modelo de gestión ha quedado obsoleto. Ignorar esta realidad es atentar directamente contra la seguridad jurídica.
La seguridad jurídica no es una abstracción para especialistas; es la certeza que tiene un ciudadano de que sus actos tendrán consecuencias previsibles según la ley vigente. Cuando esa certeza se mantiene en el tiempo, genera la estabilidad necesaria para la inversión, el crecimiento económico y, sobre todo, la convivencia pacífica.
Por el contrario, cuando el sistema no ofrece esa previsibilidad, se debilita la confianza institucional, se desalienta la inversión y se compromete el crecimiento económico. La estabilidad necesaria para una convivencia pacífica requiere de una cúpula judicial que lidere un proceso de modernización administrativa y procesal, garantizando que el derecho sea una herramienta de solución y no un laberinto de incertidumbre.
Uno de los mayores obstáculos para esta seguridad es la fragmentación del sistema. No podemos seguir permitiendo que cada juzgado funcione como una “pyme” o una unidad aislada, ajena a estándares de funcionamiento uniformes. El famoso aforismo de “cada juzgado con su librito” es, en realidad, un síntoma de arbitrariedad que desorienta a los justiciables y a sus abogados.
Es imperativo que exista una autoridad que unifique los procesos y brinde previsibilidad sobre el curso de un litigio, independientemente de quién sea el juez de la causa. Un sistema disciplinado y ordenado no es una restricción a la independencia judicial, sino una garantía de respeto y mejora continua. La falta de cohesión jerárquica solo conduce a la anarquía, donde incluso jueces inferiores llegan a rebelarse frente a la cabeza del Poder Judicial, socavando la integridad de toda la institución.
Sin embargo, ninguna reforma estructural será exitosa si no se asienta sobre una base ética inquebrantable. La ética aplicada –de abogados, magistrados y funcionarios– debe ser el patrón de medida de toda actividad judicial. Para desterrar la corrupción que ha lastimado nuestro sistema político durante décadas, es imprescindible elevar los estándares de exigencia. Esto implica: transparencia absoluta en los procesos de selección de magistrados, excelencia académica y moral en el otorgamiento de matrículas profesionales, agilidad en la rendición de cuentas de quienes imparten justicia.
Si no aspiramos a este grado de excelencia, el nivel del sistema seguirá decayendo, y con él, la eficacia de la Justicia en general. La reconstrucción de la Justicia –entendida no solo como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo (Ulpiano), sino como un servicio público esencial fundado en la tutela judicial efectiva, la transparencia institucional y el acceso equitativo, adaptado a los desafíos tecnológicos y sociales del siglo XXI– no es una opción de gobierno, sino una obligación de Estado. La justicia que necesitamos construir es aquella que abandona la comodidad del pasado para abrazar la eficiencia del futuro; una Justicia que deja de ser un laberinto de juzgados aislados para convertirse en una institución previsible, ágil y, sobre todo, ética. Solo a través de una arquitectura judicial moderna, donde la seguridad jurídica sea el cimiento y la integridad el norte, podremos garantizar a los ciudadanos el país que merecen: uno donde la ley sea, finalmente, igual para todos.
Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Tipo de trabajo:
opinión
