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La justicia china y las ejecuciones
Escribe Luis Esnal
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El tema de la pena de muerte es uno de los grandes tabúes chinos. En general nadie habla de eso por aquí y, de hecho, parece un tema alejado de la modernidad que se respira en las grandes ciudades del "boom" chino, como Pekín, Shanghai y Qingdao.
Amnistía Internacional calcula que son ejecutados aproximadamente entre 6000 y 8000 prisioneros por año. La ejecución es realizada generalmente con un tiro en la cabeza. Y no siempre la pena les cabe a casos de homicidio: también se aplica en casos de "desorden social" o de delitos económicos, por ejemplo. En algunos casos, desde la acusación a la ejecución puede pasar apenas un día. Nadie puede quejarse aquí de que la "justicia" es lenta.
En el informe de 2005 de Amnistía Internacional, Catherine Baber, directora adjunta para Asia de la organización, afirmó que "existe la preocupación muy real de que varios de los ejecutados hayan sido inocentes: lo cierto es que el sistema de justicia chino no es lo bastante sólido como para garantizar un juicio justo".
Algo puede estar cambiando, sin embargo. Dos semanas atrás, la Suprema Corte del Pueblo, máximo órgano judicial, prohibió de plano la ejecución de sentencias de muerte secretas y el desfile humillante de presos, y obligó a que los presos tengan contacto con abogados y familiares antes del juicio. La extracción de confesiones a través de tortura fue prohibida. La decisión de la Corte incluye un reconocimiento de que "algunas ejecuciones por error" en los últimos años pueden haber expuesto las fallas del sistema judicial. A un ritmo menor que el del liberalismo económico, un cierto iluminismo asiático puede estar surgiendo por aquí.
