La ley debe ser federal

CONSIDERO sumamente positivo que el tema de una necesaria ley de mecenazgo haya tomado estado público y que diversos artículos y editoriales se hayan explayado sobre su importancia. Actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados, con la firma de destacados legisladores, un proyecto que, como los numerosos que lo antecedieron, persigue incentivar las actividades de patrocinio, estímulo y promoción de la cultura por medio de la desgravación impositiva.

Su texto, en mi criterio, presenta algunos puntos que se prestan a discusión. Por ejemplo, establecer el límite de la deducción de la ganancia neta entre 3 y 5 por ciento, tan escaso que el beneficio podría ser irrelevante. Además, el texto parecería sugerir, en el artículo 8, inciso d, que siempre tendría la autoridad de aplicación a su cargo "determinar los beneficiarios de las donaciones realizadas".

Pero la principal objeción surge de elegir al Fondo Nacional de las Artes como autoridad de aplicación. Contradiciendo la necesidad de que la ley esté imbuida de un vigoroso carácter federal, ya que es en nuestras provincias donde más agudamente incide el desfinanciamiento público de la cultura. Ocurre que el Fondo Nacional de las Artes no tiene delegados en algunas provincias de nuestro país, concretamente en Corrientes, Misiones, San Luis, Tierra del Fuego, Jujuy y Santiago del Estero.

Además, los miembros de su directorio, todos ellos relevantes personalidades de nuestra cultura, tienen residencia en la Capital Federal o en su inmediata cercanía, motivo quizás, y no se entienda esto como una crítica, de que los subsidios y préstamos otorgados durante 1998, de acuerdo con la última memoria publicada por el Fondo, han tenido una fuerte predilección por personas, instituciones y proyectos capitalinos.

Más aún, ¿está el Fondo Nacional de las Artes, con su magro presupuesto y su acotada estructura administrativa, en condiciones de absorber eficazmente las responsabilidades derivadas de esta ley? El escaso número de miembros del directorio, sólo diez, hace que cada uno de ellos asuma la especialidad que le marca su trayectoria: cine, televisión, arquitectura, teatro, música clásica, folclore, etcétera, por lo que las decisiones de mecenazgo correrían el riesgo de ser unipersonales o bipersonales. Esto se agrava por la circunstancia de que en dicho directorio la única persona con conocimientos de economía y finanzas, para una tarea que implicará disposiciones sobre montos deseablemente importantes, es, de acuerdo con su reglamento, un representante del Banco Central.

En 1998, el senador Carlos de la Rosa (PJ, Mendoza) y yo, durante mi pertenencia al Senado de la Nación, presentamos un proyecto que no fue tratado por mezquindades políticas. En él se alentaba la constitución de un Consejo Nacional de Mecenazgo, ad honórem, que garantizaba un mayor federalismo, una mayor representatividad de personalidades e instituciones que no pueden quedar ajenas, y, principalísimamente, un mejor control de posibles evasiones fiscales, elemento imprescindible en una ley de este tipo.

Representación plural

Dicho consejo sería presidido por el secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación e integrado por un miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes, un miembro de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, un representante del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, un miembro del Senado de la Nación, un miembro de la Cámara de Diputados, un representante de la Unión Industrial Argentina, un representante del Consejo Interuniversitario Nacional y, fundamental, seis representantes de las regiones culturales argentinas (dos por la del Centro, uno por la del Nordeste-Litoral, uno por la del Nuevo Cuyo, uno por la del Noroeste y uno por la de la Patagonia), elegidos por los secretarios de Cultura provinciales entre sus pares. Finalmente, cuatro prestigiosos y honorables representantes del quehacer cultural elegidos en el nivel nacional por las instituciones relacionadas (SADE, Argentores, Sadaic, etcétera).

Tal pluralidad evitaría decisiones tomadas entre pocos, con el riego de la politización surgida de ser designados directamente por el Poder Ejecutivo Nacional, como es el caso del Fondo Nacional de las Artes.