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La libertad de expresión en peligro
La demanda de Donald Trump al Wall Street Journal por 10.000 millones de dólares ilustra un fenómeno alarmante y global: la ofensiva deliberada contra el periodismo crítico. El presidente estadounidense acusa al diario de haber publicado una supuesta carta de cumpleaños con un dibujo lascivo dirigido a Jeffrey Epstein (el financista millonario que se suicidó en prisión tras múltiples acusaciones de abuso de menores). La cifra de la demanda, exorbitante, no sólo busca reparación, busca el quebranto económico, hacerlo desaparecer.
No se trata de un hecho aislado, ni de un capricho excéntrico. Como publicó este diario, para el director y editor del New York Times, Arthur G. Sulzberger, “el objetivo de Trump no es sólo asustar a los periodistas, sino educar a la ciudadanía para que deteste y desconfíe de los medios.”.
Un fenómeno que no se limita a Estados Unidos. En una entrevista que dio a este diario, el 31 de mayo, el periodista húngaro András Pethö dijo: “Para Viktor Orban los periodistas no son ensobrados o mandriles, sino insectos que han sobrevivido el invierno y tienen un lugar especial en el infierno.” Esta retórica tiene una lógica y un propósito: deslegitimar al periodismo crítico, ridiculizarlo, sojuzgarlo. Reducirlo a su mínima expresión, que resulte tan difícil ejercer libremente la profesión de periodista que muchos terminen dedicándose a otra cosa.
El fenómeno nos sacude también a nosotros. “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, repite el Presidente en su cuenta de X. El monitoreo de Fopea es elocuente, las menciones del Presidente y de usuarios afines en las redes sociales sobre el periodismo asociado con algún adjetivo peyorativo o una frase despectiva sumaron 240.000. El informe advierte que estos mensajes tienen un efecto multiplicador, generaron más de 500.000 interacciones de odio en redes.
Según Amnistía Internacional, hay un marcado ensañamiento hacia las periodistas (“Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas”). Pero la embestida no solo es retórica. El Presidente Milei querelló penalmente a varios periodistas. Estas acciones legales se enmarcan en un patrón bien conocido: usar el derecho penal para restringir la crítica y disciplinar al periodismo. A pesar de que a partir de la reforma al Código Penal, en 2009, las expresiones vinculadas a cuestiones de interés público fueron despenalizadas, el sólo hecho de ser denunciado tiene efectos concretos: miedo, desgaste, autocensura. Mauricio Herrera Ulloa, periodista costarricense que había sido condenado penal y civilmente a raíz de una investigación periodística sobre un hecho de corrupción, contó en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cada vez que intentaba hacer su trabajo surgía siempre la misma advertencia: “Cuidado, usted puede volver a ser demandado”.
Las denuncias penales o las demandas civiles se convierten, en estos casos, en un arma de intimidación. Este “efecto silenciador”, en términos de Owen Fiss (The Irony of Free Speech), sobre el que realiza la manifestación no solo atenta contra la posibilidad de autorrealización del emisor de la expresión sino que debilita y empobrece el debate público. A esto se suma otra consecuencia: el “efecto Barbra Streisand” (del que da cuenta la nota publicada por este diario, cuando se intenta censurar o suprimir información, se consigue el efecto contrario: amplificarla. Así como Trump, con su demanda, puso en el centro de la escena un contenido que podría haber pasado inadvertido, también en nuestro país los intentos de silenciar terminan generando más atención sobre los temas que se pretende ocultar.
En ambos casos se ataca a la prensa no sólo con insultos o agravios, sino con acciones que buscan erosionar la labor propia del periodismo. Cuando los presidentes enseñan a sus ciudadanos a odiar a los periodistas, lo que se cercena es el derecho de la sociedad a comprender su tiempo. Amartya Sen sostiene que la existencia de una prensa libre aumenta nuestra calidad de vida, es esencial para entender el mundo y también para darle voz a los que más necesitan (La idea de la justicia).Siguen vigentes las palabras de la Corte Interamericana que, en su Opinión Consultiva 5, de 1985, definió el ejercicio del periodismo como la manifestación primaria y principal de la libertad de pensamiento. Atacarlo equivale a debilitar la capacidad de la sociedad de elegir libremente, pensar, discernir y, sobre todo, de buscar la verdad.
Abogada especialista en libertad de expresión
Por Alicia Cano
Tipo de trabajo:
opinión
