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La memoria es un campo de batalla
Por Sergio Bufano Para LA NACION
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“La memoria es un campo de batalla”, dice el filósofo italiano Remo Bodei, en una admirable síntesis. En la interpretación de los hechos históricos juegan intereses políticos, ideologías, pasiones humanas que confrontan –muchas veces con vehemencia– interpretaciones diametralmente opuestas acerca de un mismo episodio, personaje o ciclo de la historia.
A partir de la reactivación de la causa vinculada con la Triple A, se abrieron las puertas de un pasado sangriento que hasta hoy estaban apenas entreabiertas. Este proceso llevará su tiempo y despertará polémicas.
¿Tuvo el general Perón alguna responsabilidad en el diseño de esa organización?
Antes de internarnos en ese tema, es conveniente recordar una premisa básica: Juan Domingo Perón tiene ganado su lugar en la historia argentina y nadie podrá arrancarlo de ese sitio. Lo tiene ganado porque fue tres veces presidente de la Nación elegido por los ciudadanos, porque sus leyes sociales favorecieron a los sectores humildes, porque fue condenado al exilio durante dieciocho años, prohibido su partido y encarcelados sus afiliados. Pero, sobre todo, y esto es importante, porque en 1973 aceptó regresar a la Argentina con un espíritu de diálogo y pacificación, aún con sus viejos adversarios.
Protagonista crucial de la historia argentina es todavía un emblema de justicia social para una porción de la sociedad y es comprensible que parte del peronismo esté preocupado por su imagen.
La disputa dentro del peronismo había comenzado antes de su asunción a la presidencia de la Nación. Basta recordar el asesinato de Benito Spahn, miembro de la JP, el 22 de julio de 1973, por un militante sindical; el de Horacio Oróstegui, miembro del ala izquierda del peronismo, el 14 de septiembre; el secuestro de Sergio Maillman, de la Federación Gráfica Bonaerense, el 19, introducido en un Falcon cuya propietaria era funcionaria del Ministerio de Bienestar Social; el asesinato de Enrique Grymberg el 26, miembro del Consejo de la JP; y el crimen de Nemesio Aquino, de la unidad básica Héroes de Trelew, el 5 de octubre, entre otros hechos.
Los asesinatos no se detuvieron luego de la asunción de Perón, el 12 de octubre; dos días después fue muerto a tiros el bioquímico Constantino Razzetti, dirigente de la JP. Y en noviembre se produjo el atentado contra el doctor Hipólito Solari Yrigoyen, que casi le cuesta la vida.
Hasta aquí una reseña incompleta de los hechos, porque es interminable la lista de atentados contra locales de la JP y de prácticamente todos los partidos de izquierda, centros culturales y diarios.
Ese clima de violencia armada se sustentaba, además, en la represión cultural: dos días antes de que Perón asumiera la presidencia, el decreto 1774/73 prohibió alrededor de 500 títulos de literatura presuntamente subversiva. Muchos de los autores eran previsibles: Mao Tse-tung, Lenin, Trotzky y Rosa Luxemburgo. Pero la medida alcanzó a Aníbal Ponce, Eduardo Galeano, Jorge Amado y León Tolstoi.
Es verdad que ese decreto estaba firmado por su antecesor, Lastiri, pero hay que admitir que difícilmente el suegro de López Rega, en ese momento a cargo de la presidencia, dictara una medida de esa naturaleza, dos días antes, sin autorización expresa.
Pero aún otorgando el beneficio de la duda, cabe recordar que el 4 de enero de 1974, con Perón presidente, la Policía Federal allanó las librerías Fausto, Atlántida, Rivero y Santa Fe. Los empleados fueron prontuariados por vender libros tales como La boca de la ballena, de Héctor Lastra; Territorios, de Marcelo Pichón Rivière; Sólo ángeles, de Enrique Medina, y The Buenos Aires affaire, de Manuel Puig. Todos los ejemplares fueron secuestrados.
Pero extendamos el beneficio de la duda y supongamos que Perón desconocía esos procedimientos. Hay un hecho que no puede ser olvidado: el comisario Juan Ramón Morales, el subinspector Rodolfo Eduardo Almirón, el comisario Alberto Villar y el señor José López Rega fueron ascendidos y nombrados por él.
Los cuatro eran jefes de la Triple A y tres de ellos señalados como “miembros operativos” de ese grupo, vale decir, salían a la calle a matar. El decreto de ascenso a Morales y a Almirón lleva el número 562, del 18 de febrero de 1974, y la firma de Perón. El de Villar había sido firmado el 29 de enero de ese año, también por el Presidente.
Acerca de López Rega, no hace falta agregar nada. Era su hombre de confianza y fue ascendido al escalafón más alto de la Policía Federal.
Es verdad lo que afirma la historiadora y periodista Araceli Bellotta (La Nacion, 1° de marzo de 2007), acerca de que es necesario disponer de fuentes fidedignas para sustentar lo que se sostiene.
Pues bien, la firma de esos decretos son datos precisos y pueden buscarse en el Boletín Oficial correspondiente.
También es innegable la afirmación de la historiadora acerca de que Perón intentó frenar la violencia de los grupos izquierdistas por medio de la ley enviada al Congreso. Además lo hizo, agregamos, mediante numerosos llamamientos para que los guerrilleros depusieran las armas y se integraran al proceso de paz que él quería iniciar. Basta leer todos los discursos del entonces presidente.
Pero eso no desmiente los documentos que demuestran que cuatro jefes de la Triple A fueron designados por él. Y que fue el único presidente constitucional de América latina que recibió a Pinochet cuando en Chile se practicaban, precisamente, crímenes por parte del Estado.
Un dato más, absolutamente verificable: el 28 de enero de 1974, el teniente coronel Antonio Navarro asaltó, con un grupo de civiles armados, la Casa de Gobierno de Córdoba y secuestró al gobernador y a todo el gabinete. Hubiera bastado una sencilla sugerencia del Presidente para que Obregón Cano, un hombre fiel a su líder, renunciara a su cargo. Sin embargo, Perón optó por permitir el secuestro.
La pregunta que el autor de este artículo no puede responder, y que debe ser materia de investigación de los historiadores, es ¿por qué autorizó procedimientos ilegales cuando disponía de leyes severas para combatir la violencia izquierdista? ¿Por qué, con el apoyo del 62 por ciento de los votantes, se dejó tentar por una solución sangrienta?
Para reprimir legalmente a los grupos de izquierda el Presidente contaba, además, con la aprobación de todos los partidos democráticos, vale decir, más del 90 por ciento de la sociedad estaba de acuerdo en castigar a los miembros de los grupos armados. Porque más allá de las siglas, todos habían votado por la paz.
Esa es la pregunta clave que sería bueno indagar, hasta encontrar una respuesta razonable.
