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La normalización del PAMI
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EL Gobierno ha dispuesto dar término a la intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que recupera mañana su autonomía para quedar a cargo de sus autoridades naturales: un directorio integrado por un presidente, seis directores representantes de organizaciones de jubilados, dos por el Estado y otros dos por la CGT, asumirá el manejo de la mayor obra social del país, con 4.300.000 afiliados, 11.700 agentes administrativos y 2000 médicos de cabecera.
La normalización restituye al PAMI la autonomía establecida por sus estatutos, un concepto que no debe extenderse a su situación financiera, cuyas graves dificultades dieron lugar, precisamente, a la intervención: la institución debe 1200 millones de pesos y, según anunció su interventor, Víctor Alderete, el Estado se hará cargo de ella por el Ministerio de Economía y con la auditoría del Banco Mundial. Pero, además, el PAMI sigue haciendo frente a un déficit mensual de 60 millones de pesos que también quedará a cargo del Tesoro, hasta el 31 de diciembre: a partir allí, deberá encararlo con sus propios recursos. En este punto, el interventor fue bastante explícito al manifestar a La Nación que "esto está acordado con Economía, Hacienda, Salud, la Jefatura de Gabinete. Todos están comprometidos en que hasta fin de año se financiará la normalización y reconversión del PAMI".
Esa situación no condice con los objetivos enunciados cuando se dispuso la intervención; el anterior interventor, Alejandro Bramer Markovic, y otros funcionarios se refirieron entonces no sólo a la ineludible necesidad de poner fin a una extendida corrupción testimoniada en conflictivas investigaciones sino también al desorden administrativo y a los pesados déficit; y anunciaron una amplia reestructuración de cuyos resultados sólo se informó, hasta ahora, esporádicamente Así, Alderete se refirió a los retiros voluntarios de personal excedente, que suman hasta el momento 2800 agentes.
Este punto, como las reiteradas denuncias de corrupción y otros anuncios de Bramer Markovic configuran un panorama poco tranquilizador para la nueva conducción del PAMI, que ahora hereda los mismos problemas que habían dado lugar a la intervención. En tal sentido, y como ya se dijo en esta columna, no sólo es conveniente, sino también necesario un informe detallado y completo sobre las investigaciones efectuadas por las diversas auditorías contratadas al efecto y pendientes del prometido esclarecimiento.
Mientras ese informe no se difunda, la opinión pública no podrá comprender cómo en menos de ocho semanas de gestión del segundo interventor resulta posible pensar en algo más que una mera normalización jurídica del PAMI. La abundante experiencia recogida sobre la obra social de los jubilados a lo largo de un cuarto de siglo, por ejemplo, evidencia hasta qué punto ha sido blanco del clientelismo político que, en la primera etapa de la intervención, fue también denunciado como causa de los males del instituto. Tampoco se conoce el alcance del saneamiento financiero y de la reestructuración administrativa realizada, como para tener una visión clara de los problemas que asume el nuevo directorio.
La decisión de normalizar el PAMI en breve plazo, en un contexto de denuncias muy graves y con un fuerte déficit aparece, así, como fruto de la necesidad de superar un problema demasiado perturbador, políticamente, en un año electoral. En ese sentido, la gestión del nuevo directorio será muy compleja y comprometida, y deberá enfrentar la sombría perspectiva de que, en nueve meses más, cese del subsidio estatal que por ahora compensará el déficit que la intervención se había comprometido a eliminar. Es de esperar que el PAMIpueda lograr por sí mismo lo que el Gobierno no pudo, con una administración transparente, honesta y libre de presiones políticas, para ahorrarles a sus beneficiarios más desazón e incertidumbre, y darles en cambio soluciones tranquilizadoras.
