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La peligrosa simbiosis entre corrupción y crimen organizado
El crimen organizado y la corrupción forman un auténtico y nocivo círculo vicioso. Por un lado, la corrupción facilita que el crimen organizado pueda surgir, operar, e inclusive, expandirse. Y por otro, en la medida en que el crimen organizado emerge y más ganancias logra acumular, se incrementa su capacidad para corromper.
La corrupción asociada al crimen organizado atraviesa indiscriminadamente a actores públicos y privados de manera transversal, en donde funcionarios de todos los poderes del Estado, así como agentes del sector privado, se involucran en prácticas corruptas relacionadas con la criminalidad organizada, generando graves consecuencias para todos los países de nuestra región.
Además, no solo se debilita la plena vigencia del Estado de Derecho, sino que, también, puede derivar en el incremento de los delitos que se reflejan en la impunidad, e indirectamente, afectar el clima de los negocios lícitos.
La lógica de este nocivo vínculo pone de manifiesto la necesidad e importancia de luchar de manera conjunta e integral en la asociación existente entre corrupción y crimen organizado. Con ello, es imperativo implementar políticas que fortalezcan las instituciones gubernamentales, promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, y faciliten la cooperación internacional para combatir la dimensión transnacional de estas actividades ilícitas.
La cooperación internacional desempeña un papel clave en este esfuerzo, ya que el crimen organizado a menudo opera a través de las fronteras. Los acuerdos y la colaboración entre países son esenciales para rastrear y detener las actividades ilícitas, así como para asegurar que los actores corruptos no encuentren refugio en la impunidad.
Es imprescindible una legislación robusta que sancione de manera efectiva a quienes participan en actos corruptos asociados con el crimen organizado, acompañada de mecanismos de protección para aquellos que denuncian estos comportamientos.
La participación de la sociedad civil, respaldada por programas educativos que fomenten una cultura ética, también desempeña un papel fundamental en la construcción de comunidades resistentes a la corrupción y al crimen organizado.
Precisamente, el 9 de diciembre conmemoramos 20 años del momento en que la comunidad internacional tomó la decisión de unirse para aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac), único instrumento global en la materia que cuenta en la actualidad con 190 Estados Parte.
Argentina, fiel a su tradición de comprometerse con los instrumentos del derecho internacional, ratificó la convención en 2006 a través de la ley N° 26.097.
La Convención aborda áreas cruciales como el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero y la recuperación de activos, proporcionando herramientas esenciales para desmantelar las estructuras corruptas y las organizaciones criminales.
A nivel regional los logros han sido significativos; sin embargo, todavía queda camino por recorrer en lo relativo al fortalecimiento de abordajes integrales contra la corrupción, en consonancia con los lineamientos estratégicos trazados por la Convención.
Estos enfoques, dirigidos a contrarrestar este fenómeno, involucran tanto medidas de prevención como de identificación, investigación y persecución penal; el robustecimiento de las iniciativas destinadas a garantizar un rápido y eficaz recupero de los activos obtenidos a través de estas prácticas delictivas; una profundización de la cooperación interinstitucional, así como, también, un incremento de la asistencia técnica y del intercambio de información.
En la Argentina, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), a través del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos, se encuentra apoyando este proceso a través del fortalecimiento de capacidades en lo relativo a la investigación y persecución penal de la corrupción asociada al narcotráfico para personal de juzgados, fiscalías y policías, tanto del plano federal como provincial, y de personal aduanero.
Solo profundizando en lo hecho hasta el momento, redoblando los esfuerzos, se puede avanzar en la lucha contra la corrupción y, por ende, en la desarticulación del nocivo círculo que la une con el crimen organizado.
La aplicación rigurosa de la Uncac representa una oportunidad no solo para esta necesidad urgente, sino también para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos y en las instituciones internacionales.
Es momento de que la región actúe de manera coordinada y se comprometa a romper la conexión entre la corrupción y el crimen organizado, apostándole así a un futuro más justo y seguro para todas las personas.
Representante Regional Unodc Región Andina y Cono Sur
