La persecución a Martínez de Hoz

En su discurso para rememorar el 24 de marzo de 1976, el presidente de la Nación expresó: "El modelo económico de la dictadura tuvo un cerebro, con nombre y apellido, que los argentinos nunca deberemos borrar de nuestra memoria, y espero que la memoria, justicia y verdad llegue. Se llamaba José Alfredo Martínez de Hoz...".

Poco después, dos organizaciones no gubernamentales solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del decreto de indulto que precedió al sobreseimiento de Martínez de Hoz en la causa Gutheim. Además de intervenir el fiscal y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Secretaría de Derechos Humanos se constituyó en parte querellante en la causa.

Federico y Miguel Gutheim estuvieron detenidos por un período de alrededor de cinco meses, entre fines de 1976 y comienzos de 1977, en relación con un presunto incumplimiento de contratos de comercio exterior relacionados con la compraventa de algodón. La denominada "causa Gutheim" tuvo por objeto determinar si esas detenciones configuraban un delito y, en tal caso, quiénes eran sus responsables.

En dicho proceso se le había dictado prisión preventiva a Martínez de Hoz, detenido durante algo más de dos meses. La medida fue apelada y la Cámara Federal, por unanimidad de votos, la revocó por considerar que no existían pruebas que acreditasen la participación del ex ministro en la detención de los señores Gutheim. Luego de una extensa investigación y antes de que el juzgado a cargo resolviera la causa, en 1990 el entonces presidente Carlos Menem dictó el indulto y éste fundamentó el sobreseimiento.

El 5 del mes último, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, advirtió que se promoverán otras causas contra Martínez de Hoz, a quien describió como el "comandante en jefe de la economía", alegando que hubo una unidad entre el accionar represivo del Estado y la puesta en práctica de la política económica.

Martínez de Hoz siempre estuvo a disposición de la Justicia y fue objeto de procesos y de investigaciones durante más de 10 años, tras su gestión ministerial. Una vez restablecido el régimen constitucional, las causas fueron llevadas por jueces independientes, varios de los cuales todavía están en funciones. Ese extenso análisis público y judicial de su gestión no resultó en condena penal alguna.

En este contexto, resultan preocupantes las expresiones presidenciales y las acciones y declaraciones de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, que en conjunto estarían nuevamente encaminadas a afectar principios constitucionales cuya vigencia inexorable es fundamental para la salud de la Nación.

Es afectado el principio constitucional de la división de poderes cuando la máxima autoridad de la República ejerce presión para que el Poder Judicial "castigue" a un ciudadano. Son lesionados los derechos de ese ciudadano cuando se procura criminalizar la política económica aplicada durante su gestión como ministro de Economía. Son vulnerados principios constitucionales cuando se dejan a un lado la cosa juzgada y el principio de la irretroactividad de la ley penal más grave, y cuando se pretende ignorar la prescripción en material penal. Ahora, y como justificación de esas violaciones a principios fundamentales, se anuncia la intención de vincular esa gestión económica con los delitos de lesa humanidad.

También resultan afectados los derechos humanos cuando se alientan el odio y el oprobio hacia una persona o un grupo de personas. No debe olvidarse que pocas horas después del discurso presidencial y de la intensa campaña de prensa gubernamental que lo precedió, el edificio en que vive el ex ministro fue atacado por violentos que le causaron daños sin que la policía los impidiera.

Aquellas violaciones a los derechos constitucionales revisten singular gravedad, que excede a la persona del ex ministro. Cuando se ignoran garantías constitucionales otorgadas a la ciudadanía, nadie está exento de sufrir atropellos. Es por ese motivo que luchar por los auténticos derechos humanos es trascendente. Ello no debería ser olvidado ni por el Gobierno, ni por muchas organizaciones que defendieron los derechos humanos en el pasado, y hoy parecen fomentar el odio y la venganza, ni por los argentinos en general.

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