La policía judicial, ¿una quimera?
Poco antes del triunfo electoral de Cambiemos aquella noche del 15 de noviembre de 2015, entre chicanas y acusaciones con Daniel Scioli, en el recordado debate en la Universidad de Buenos Aires, Mauricio Macri propuso crear una policía judicial para que "investigue a fondo lo que pasó, pero también nuestro futuro Gobierno si nos toca gobernar".
El entonces jefe de gobierno de la Ciudad hizo una promesa que para muchos pasó desapercibida, pero que ahora la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, da operatividad, siguiendo el camino marcado por provincias como La Rioja, Chubut, San Juan y Córdoba, entre otras.
Pero a razón de verdad no fue una idea de Cambiemos la presencia de la policía judicial. Desde 1994 la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece en su artículo 166 la imposición a la Legislatura de organizar la policía judicial, siendo letra muerta hasta fines del año 2012 cuando dicho cuerpo colegiado sancionó la ley 14.424 creando el Cuerpo de Investigadores Judiciales.
Sin embargo, nunca se llegó a poner en funcionamiento por su falta de dinamismo y su estructura burocrática poco eficaz lo que llevó a que a fines del año pasado se sancione la ley 15.005 que deroga por completo la anterior norma y crea, junto con la figura del detective judicial, la nueva policial judicial propiamente dicha.
En estos tiempos de achicamiento del Estado no debe ser visto esta nueva estructura técnico-científica como un retroceso en la desburocratización del Estado. Por el contrario, para cumplir su objetivo tendrá que estar integrada por especialistas en criminalística, técnicos en escenas del crimen y levantamiento de rastros e investigaciones tecnológicas, entre otras especialidades, constituyendo un cambio de paradigma en la investigación criminal, en busca de la tan añorada eficacia perdida.
Entre las muchas razones prácticas de su creación vale destacar dos. Por un lado, mayor independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo para investigar a la policía bonaerense, que tiene cientos de sus miembros sospechados de cometer delitos. Por otro lado, la profesionalización de su personal para llevar adelante investigaciones judiciales efectivas, que no deriven en los sobreseimientos de los imputados por negligencia en el manejo de la prueba o incorrecta preservación de la escena del delito (como pasó en el caso Nisman), buscando de este modo un acabado cumplimiento de los procedimientos a fin de evitar futuras nulidades procesales.
Con matices en su dirección y estructura, países como Chile, Colombia, Ecuador, España, Portugal y hasta inclusive Venezuela cuentan con policía judicial. En el Senado de la Nación hay antecedentes de proyectos sobre la temática, como el Silvia Elías de Pérez, Angel Rozas y Liliana Negre de Alonso (mandato cumplido) entre otros. Como ocurre con otros códigos procesales provinciales, el Código Procesal Penal de la Nación de 2014, suspendido por el presidente a través de un DNU, no contempla a esta fuerza y tampoco lo hace el proyecto de reforma enviado al Congreso por el Gobierno en septiembre del 2016.
Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, presidente y vicepresidenta de la Corte Suprema, respectivamente, vienen reclamando desde 2016 la creación de una policía judicial para fortalecer el rol de la Justicia. Veremos si la próxima Procuradora impulsa su creación, pero por ahora lo único seguro es que tendremos que esperar para que no solamente haya policías judiciales provinciales, sino también en el ámbito de la justicia federal.
Director de El Monitor de la Justicia
