La policía y los hechos de violencia

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23 de diciembre de 2001  

El país acaba de padecer durante varios días los efectos de una ola de violencia arrolladora. Grupos humanos descontrolados, que se encontraban supuestamente en estado de extrema necesidad, saquearon comercios para apoderarse de alimentos y bebidas, causando situaciones de angustia y hasta de pánico en pacíficos vecindarios de la Capital Federal, del Gran Buenos Aires y de muchas otras ciudades de la República.

En algunos casos, las fuerzas policiales lograron proteger a los locales atacados y detener a los agresores, pero en muchos otros fueron los propios dueños o empleados de los negocios los que se vieron obligados a repeler los ataques debido a que las fuerzas de seguridad se encontraban ausentes. Se desataron, así, sangrientas refriegas, que incluyeron el uso de armas de fuego y armas blancas. Los medios han informado abundantemente sobre el saldo lamentable de estos enfrentamientos.

Es necesario encender una luz roja de alerta ante estos hechos vandálicos. Los argentinos sabemos muy bien, porque lo tenemos registrado en nuestra memoria, el alto precio que una sociedad puede llegar a pagar por no haber sabido defender a tiempo el orden público.

La sociedad debe tomar conciencia no sólo de lo que significa la desaparición de la seguridad pública, sino también de lo que puede suceder en una nación cuando se deja desprotegidas y sin apoyo moral a las fuerzas policiales o de seguridad que tienen la misión de velar por el mantenimiento del orden.

No hay ninguna institución que no deba sentirse comprometida en la defensa de ese valor esencial de toda sociedad civilizada. Ni el Gobierno, ni el Congreso, ni el Poder Judicial pueden mantenerse indiferentes ante una alteración grave de la tranquilidad pública y el orden social. Por supuesto, si un policía comete excesos o abusa de su autoridad debe responder por su falta y debe ser sancionado, como debe serlo cualquier otro ciudadano que viole la ley. Pero eso no significa que la sociedad pueda olvidar su deber de darles a las fuerzas del orden el acompañamiento moral que necesitan para cumplir su difícil y riesgosa misión.

Es imprescindible tener en cuenta las gravísimas consecuencias que puede acarrear el hecho de que los vecinos de una localidad, como ha ocurrido en estos días, decidan empuñar armas en defensa propia ante la falta de protección policial. Cuando eso ocurre, se está a un paso de la disgregación social y de la destrucción del espíritu de convivencia que define a una comunidad civilizada.

La sociedad se siente desconcertada cuando advierte que se emiten señales que ponen bajo sospecha a la policía en momentos en que hordas temibles desatan agresiones contra comerciantes y vecinos de un modesto barrrio del conurbano bonaerense o de cualquier otro lugar del país.

La sociedad debe valorar el sacrificio de la mayor parte de los agentes policiales, que exponen su vida diariamente para proteger a la comunidad, mientras perciben magros salarios y carecen, además, de equipamientos y recursos técnicos adecuados. De la agresividad de los grupos que los efectivos policiales han debido desalojar de espacios públicos en estos días en momentos en que estaba en plena vigencia el estado de sitio dan testimonio los graves destrozos materiales que fueron causados en edificios de la ciudad, apreciables a simple vista. Y, también, el alto número de servidores del orden que resultaron heridos y debieron ser hospitalizados.

Un país sin autoridades y sin policías capaces de preservar el orden público está expuesto a caer en la disolución social. Cuanto se haga para garantizarles a las fuerzas de seguridad el respeto y la adhesión de todos los sectores de la sociedad contribuirá a evitar que la Argentina vuelva a vivir la terrible experiencia que padeció en los últimos días.

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