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La prostitución infantil
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LOS numerosos casos de prostitución infantil descubiertos en los últimos días en una zona roja de La Plata ponen de manifiesto la existencia de una problemática a la cual hasta ahora no se le prestó la debida atención y que requiere urgentes acciones, tanto por los peligros a los que están expuestos miles de niños como por la probable presencia de redes mafiosas que, como en otros países del mundo, promueven un macabro negocio.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que más de un millón de niños ejercen la prostitución en el continente asiático; la India, Nepal y Tailandia son los países con mayores niveles de explotación sexual de menores.
Aunque la situación en la Argentina no llega a niveles tan alarmantes, resulta evidente que la prostitución infantil es un fenómeno en crecimiento frente al cual la sociedad y las autoridades deben extremar los recaudos para prevenirlo, en lugar de buscar disimularlo.
De los casos conocidos en las últimas horas se desprende que muchas de las menores son obligadas por sus familiares a prostituirse, mientras que otras tantas que carecen de un hogar buscan complacer al proxeneta de turno a cambio de comida y de un techo.
El problema presenta numerosas aristas, pero quizá la más dramática se relacione con la desarticulación del hogar familiar de quien se prostituye.
No son pocos los casos de menores que trabajan en la calle porque sus padres, a menudo desempleados, ven en esta alternativa el único medio de subsistencia para la familia. Pero cuando los propios padres o tutores exigen a una menor que venda su cuerpo ningún valor ético y humano queda ya en pie.
En las últimas semanas, en la Legislatura porteña han surgido proyectos para que se otorgue ayuda económica a familias con menores que trabajan en la vía pública a cambio de que éstos dejen la calle y concurran a la escuela. La iniciativa debería ser estudiada. Pero en los casos de aquellos padres que impulsan a sus hijos menores a la prostitución, la situación es diferente. En este último ejemplo, se trata lisa y llanamente de un delito contemplado en el artículo 125 del Código Penal: el de corrupción sexual, que debe ser enérgicamente reprimido.
Según ese artículo, el que con ánimo de lucro, o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado con reclusión o prisión de cuatro a quince años cuando la víctima fuere menor de doce años, y con reclusión o prisión de tres a diez años cuando fuera mayor de doce y menor de dieciocho.
Nuestro Código Penal también reprime severamente a quien tuviere acceso carnal con personas de uno u otro sexo menores de 12 años, penas que se verían agravadas si quien comete el hecho es un ascendiente de la víctima.
Por último, el marco legal también reprime a quien promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una mujer o de un menor de edad para que ejerzan la prostitución.
Como se ve, existe un amplio plexo legal para enfrentar delitos como la violación, el estupro, la corrupción sexual y la promoción de la prostitución. Sólo falta que las autoridades judiciales y policiales apliquen la ley con la necesaria inflexibilidad y que el resto de la sociedad asuma una posición activa frente a estos hechos aberrantes; todo ciudadano tiene el deber moral de denunciar los casos que conoce.
Si la corrupción de menores crece, no debería descartarse el estudio de otras alternativas, como las aplicadas en el Estado norteamericano de California, donde desde hace más de medio siglo existe un registro de abusadores sexuales, en el que quienes hayan cometido delitos de esta índole figuran de por vida. Serían útiles también las campañas públicas, tanto para lograr la cooperación de la comunidad en la detección de casos de corrupción de menores como para que potenciales clientes de este vil negocio sean conscientes sobre las penas a las que se exponen.
Lo que no se puede perder de vista es que la menor que ejerce la prostitución no puede ser tratada como infractora a la ley, sino como una víctima a la que las autoridades deben ayudar y proteger, algo que los institutos de menores lamentablemente no garantizan. Invertir el espíritu de nuestra legislación, cargando las culpas sobre quienes han caído en las garras de tan despreciable mercado, haciendo la vista gorda sobre el fenómeno del proxenetismo y dejando sin sanción a los inescrupulosos promotores de esta aberrante situación, sería un acto ruin, teñido de la más atroz hipocresía.
