La ruta de la coima: el que pide, el que paga y el que tiene que explicar

La frase pinta tan bien el personaje que merece una cita textual. La dijo en privado Sergio Massa, que condujo los resortes económicos del Estado durante los dos años investigados ahora por presuntas coimas en los permisos para importar, y la recogió anteayer Francisco Jueguen en LN+: “Si hubo una cagada de Tombo, que la explique. Yo no firmaba nada”, contestó sobre esas denuncias.

“Tombo” es Matías Tombolini, secretario de Comercio de entonces y todavía leal al líder del Frente Renovador: su única actividad pública consiste últimamente en retuitear los posteos de Massa. Pero los padrinazgos políticos son inestables. La observación de que no firmó, que les sacará sin dudas una sonrisa a empresarios que recuerdan la influencia que el exministro tuvo en cada organismo en aquella etapa, resulta además determinante en sede judicial. Es cuando cobra vigencia aquella broma de Les Luthiers sobre Warren Sánchez, líder religioso ficticio buscado por el FBI: “Aprendan de Warren, que nunca le han podido probar nada”.

El mecanismo de acceso al dólar oficial de esos años nunca fue cabalmente investigado. Lo saben los importadores y despachantes de aduana que interactuaron con el Estado durante ese lapso en que faltaban divisas hasta para los insumos médicos, razón por la cual muchos empresarios iban a la Justicia. Algo también difícil, porque el propio gobierno se había sentado con los jueces para ponerlos al tanto de la situación de emergencia e introdujo además en el sistema de aprobaciones de la AFIP un requisito cuyo incumplimiento las denegaba: no haber explorado la vía judicial. “Importador monitoreado por presunto uso abusivo de cautelares”, avisaba el mensaje de rechazo en la página web. Al final de aquella administración, apenas el 1% de los permisos para importar salía por fallos judiciales.

La barrera habilitó un gran negocio. Es entendible que, a pesar de no haber firmado, Massa esté molesto. Estos primeros hallazgos del fiscal Franco Picardi, que estarán bajo secreto de sumario unos diez días más, lo sorprendieron mientras analizaba una candidatura para 2027. ¿A presidente? ¿A gobernador? No está resuelto y todavía hay tiempo. En el peronismo ven buenas perspectivas para la provincia: dan por sentado que habrá desdoblamiento y adelanto de las elecciones bonaerenses, tal vez para mayo de 2027, y que ese movimiento será precedido este año por el proyecto de reelección indefinida para los intendentes. Advierte entonces una oportunidad clara en ese distrito, donde proyectan rechazo a Milei como consecuencia del impacto en la actividad.

Por eso surgen también teorías conspirativas en el Frente Renovador. ¿Alguien colabora en silencio y desde adentro para que avancen las causas? Sospechan de quienes tienen aspiraciones en la provincia. Julio Alak. Mayra Mendoza. JorgeFerraresi. Federico Otermín. Una denuncia judicial condena a cualquier candidato en campaña: o hace silencio o debe dar explicaciones. Federico Achával, que también quiere ser gobernador, podría pensar algo parecido de la investigación por la casa de Villa Rosa, en su territorio.

La AFA y las siras interpelan en realidad a todo el establishment. ¿Cuántas campañas pudo haber pagado aquel stock importador? ¿Solo del peronismo? ¿A cuántos dirigentes, y acaso ministros actuales del gobierno de Milei, recibieron en Villa Rosa? A Massa se le agrega la incomodidad de su relación con Javier Faroni, exdiputado del Frente Renovador y destinatario de varias de las transferencias de la AFA.

En privado ha empezado a relativizar también ese vínculo. Dice que está alejado, que no ve a Faroni desde hace tiempo y que en algún punto hasta se siente defraudado por él. Que, por ejemplo, después de haber perdido ante Milei en 2023, intentó acercarse y que el empresario puso distancia con el argumento de que ya lo había apuntalado en la campaña.

El Mundial será, a ese respecto, una especie de punto de inflexión después del cual seguramente empezará oficialmente la carrera electoral. Un receso para todos. Hasta el Gobierno parece últimamente menos urgido por algunas decisiones que hasta hace unos meses figuraban en el tope de sus prioridades. La más evidente es la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), una recomendación de Estados Unidos que espera ser aprobada en la Cámara de Diputados. El plazo inicial fijado en el acuerdo con la Casa Blanca para la sanción vencía el 30 de abril, pero es probable que se postergue. No solo porque el oficialismo entiende que no tiene los votos, sino porque en algunas áreas del Gobierno empiezan a desaconsejar otro frente de conflicto nada menos que con los laboratorios nacionales. No todos, por supuesto. Sturzenegger, por caso, quisiera aprobar ya mismo el PCT. Pero la Cancillería, no tanto. O al menos no de manera completa. En conversaciones recientes se evaluó dejar afuera el capítulo II del texto, un apartado que acelera la posibilidad de tramitar una patente mediante un examen preliminar internacional. Un camino intermedio, no tan hostil a la industria local, que acaba de emprender Uruguay.

No hay duda de que es un tema espinoso. Caeme, la cámara que nuclea a las farmacéuticas extranjeras, les mandó el lunes a los diputados una carta que exalta las virtudes de ese capítulo II. La tensión ya se replica en foros privados. El WhatsApp de Red de Acción Política (RAP), que había estallado la semana pasada por una discusión entre varios integrantes y Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond, acaba de ser preventivamente cerrado: lo decidió su mentor, Allan Clutterbuck, hasta que se tranquilicen los ánimos.

Lo que no queda claro es si también trascenderán públicamente las diferencias que hay dentro del Gobierno. El argumento que Pablo Quirno, el canciller, ha empezado a darles a quienes preferirían el PCT completo es de índole global: dice que, por la guerra, algunos de los puntos y aranceles convenidos con la Casa Blanca no terminaron de acordarse y que entonces conviene guardarse alguna carta para negociar. Las farmacéuticas extranjeras no le terminan de creer: ven ahí más bien la poderosa mano de los laboratorios locales, nucleados en Cilfa, que venían intentando acercarse al Gobierno, hasta ahora sin éxito. Tuvieron varios gestos. En agosto, por ejemplo, publicaron en The Washington Post y con otras industrias una solicitada en favor de la gestión libertaria. Estaban Roemmers, Elea y Bagó. Ya en 2024, no bien asumió Milei, habían colaborado tomando deuda: suscribieron una buena partida de Bopreal. Y ahora vuelven a estar expectantes. Quisieran que una postergación de la adhesión al PCT les permita ganar tiempo hasta las parlamentarias norteamericanas, en noviembre, y que un triunfo de los demócratas en esas elecciones debilite a Trump y lo obligue a reescribir las condiciones del acuerdo con la Argentina.

Para el Gobierno es un dilema. Confrontar con los laboratorios equivaldría a intensificar las tensiones en un área ya en problemas, la de la salud. Y, desde una óptica electoral, a empujar definitivamente a ese sector a los brazos del peronismo en el inicio de la campaña. Punto en contra en un país que no ha resuelto todavía institucionalmente el financiamiento de la política y, por lo tanto, caldo de cultivo de múltiples alternativas, casi todas sin firma. Florecerán mil siras.

Por Francisco Olivera

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