La seguridad alimentaria y la protección social son inversiones para el crecimiento
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La pandemia del Covid-19 implica enormes costos humanos y grandes desafíos para la salud pública. Por otra parte, tiene severos efectos negativos en la economía, como se ve en todo el mundo. Las necesarias medidas de distanciamiento social obligan a paralizar segmentos significativos del aparato productivo. Ese impacto inicial se propaga desde los sectores directamente afectados a toda la economía. El shock de oferta genera una caída de la demanda: empresas que no pueden vender y hogares que consumen menos significan menores ingresos, amplificando el efecto contractivo. Si hay destrucción de empleo y quiebras de empresas, se amplifican los efectos negativos.
En este contexto, las respuestas de política social y política económica son esenciales. La intensidad y naturaleza de los impactos iniciales condicionan la capacidad de la economía para recuperarse. Las políticas que protegen el empleo y a las empresas con menos capacidades de enfrentar shocks transitorios son claves para amortiguar el golpe y limitar los daños en la capacidad productiva de la economía. Aunque las restricciones de oferta sean transitorias, si las firmas y hogares quedan excesivamente endeudados, permanecen luego las restricciones sobre sus gastos en consumo e inversión. Si se produce una ola de quiebras y destrucción de empleo, se destruye capacidad productiva. En cada empresa, en cada puesto de trabajo, hay conocimientos específicos que en caso de perderse no pueden restituirse fácilmente.
Pensando en el mediano y el largo plazo, debe agregarse una consideración fundamental: el impacto de la crisis sobre las capacidades de las personas. Para quienes ven sus ingresos interrumpidos y no tienen ahorros, el hambre y la pobreza son amenazas inmediatas. La seguridad alimentaria y la satisfacción de necesidades básicas de los sectores vulnerables debe ser una prioridad de la política pública cualquier contexto; más aún en la emergencia actual, dada la naturaleza transitoria pero brutal del impacto.
La seguridad alimentaria y la protección social son imperativos morales. No solo eso: también son esenciales para la estabildad social. Y no solo eso: también son una inversión de alto retorno social en el mediano y largo plazo. Las crisis económicas suelen conllevar fuertes aumentos en la pobreza e indigencia, que cuando la economía se recupera solo se revierten de forma parcial. La pobreza, incluso si es transitoria, tiene efectos permanentes. El hambre destruye capacidades. La seguridad alimentaria es condición necesaria para la salud y para la educación, y por lo tanto un pilar básico de la productividad. De la alimentación de los niños dependen sus capacidades en el futuro, que son cruciales para el crecimiento y el desarrollo.
Sufrir malnutrición y pobreza en cualquier etapa de la vida tiene efectos nocivos sobre las capacidades productivas futuras. Las consecuencias negativas de la malnutrición comienzan ya desde el desarrollo intrauterino. Según la conocida y acreditada hipótesis de Barker, la mala nutricio´n fetal incrementa la incidencia de enfermedades en la edad adulta, incluyendo una propensión latente a enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. También hay una amplia evidencia sobre cómo las malas condiciones en la etapa de desarrollo intrauterino se extendien a la educación, a la sociabilidad y al nivel de ingreso (Almond y Currie, 2011). En un estudio reciente, Bailey et al (2020) muestran los efectos positivos sobre el capital humano, la longevidad y la socialización del programa público de nutrición de EEUU (Food Stamps).
La primera infancia también es una etapa crucial. El desarrollo de los niños hasta los cinco años tiene efectos críticos de largo plazo sobre la salud y la adquisición de capacidades. En esos primeros años se sientan las bases para el desarrollo de capacidades cognitivas y también para las capacidades no-cognitivas, como la atención, la motivación, el auto-control y la sociabilidad. Estas capacidades son claves para el desempeño escolar y en el mercado laboral. Según los estudios del premio nóbel de economía James Heckman y otros especialistas, los entornos adversos limitan el desarrollo de las capacidades y tienen efectos negativos persistentes que reducen la productividad a nivel individual y social en el largo plazo (Heckman, 2008).
La pobreza durante la adolescencia también puede dejar secuelas. Cuando golpea a adolescentes durante los últimos años de la educación obligatoria, la pobreza tiende a producir salidas más tempranas del sistema educativo para entrar en el mercado de trabajo, y afecta los tipos de empleo que se buscan, muchas veces hacia industrias más segregadas por género y empleos que pagan más en el corto plazo pero menos en el largo plazo (Lesner, 2018). A su vez, la falta de oportunidades laborales puede incrementar la probabilidad de incursionar en actividades ilegales. Finalmente, los adultos también pueden sufrir efectos duraderos por la pobreza y el desempleo: la malnutrición y los perjuicios sobre la salud mental pueden deteriorar la productividad de forma permanente.
Invertir en proteger a las personas en situación de pobreza no sólo beneficia a esas personas sino a toda la sociedad. Los costos de la pobreza pesan sobre el conjunto de la economía de forma directa o indirecta: los gastos públicos creados por problemas de salud, la deserción educativa y la incidencia del crimen. Reducir la pobreza preserva la formación de capacidades, lo cual agrega externalidades positivas (es decir, beneficios que exceden lo individual). Al tener mayor capacidad y generar mayores ingresos, las personas contribuyen más en forma de impuestos; estudiando de los impactos fiscales directos e indirecto de 133 políticas públicas en EEUU, Hendren y Sprung-Keyser, (2020) encuentran que muchas de ellas "se pagan solas" en el largo plazo. Además, cuando se incrementan las capacidades de algunas personas también aumenta la productividad de quienes trabajan con ellas, porque la producción es casi siempre un trabajo en equipo. Y de forma indirecta, se generan más oportunidades en el conjunto porque aumenta el tamaño del mercado.
En conclusión, la seguridad alimentaria y la protección social son prioridades estratégicas para el crecimiento de mediano y largo plazo. Frente a los impactos negativos de la pandemia sobre la economía, su prioridad estratégica se vuelve aún mayor. Los shocks transitorios que incrementan la pobreza y la indigencia pueden tener efectos permanentes sobre la capacidad productiva. Limitar su impacto es un objetivo humanitario y también es una política de crecimiento.
El autor es economista, investigador en la Boston University
