1
La verdadera carga del empleo
La estructura de impuestos al trabajo en Argentina es muy regresiva. Pero esto no es por culpa del impuesto a las ganancias, como puede pensar mucha gente que antes no estaba alcanzada por este impuesto y ahora lo está, o como lo piensan los sindicalistas que proponen huelgas para quejarse por él. La regresividad está dada por las cargas sociales. Es decir, los aportes personales y las contribuciones patronales con destino a la seguridad social y a los sindicatos. Para tener una idea concreta de lo que se está hablando es útil mostrar en qué consiste cada uno de estos impuestos.
El impuesto a las ganancias se aplica a los asalariados con remuneraciones superiores a los $12 mil mensuales a través de alícuotas muy bajas al comienzo, que luego crecen con el nivel de salario. Al comienzo se paga 9% sobre la porción de salario que supera los $12 mil y luego dicha alícuota va aumentando a 14%, 19%, 23%, 27%, 31% y 35%. Esta estructura es progresiva, en el sentido que la gente que gana menos de $12 mil no paga el impuesto y quienes ganan por encima pagan alícuotas bajas al principio que aumentan con el nivel de salario.
Las cargas sociales, en cambio, deben ser pagadas por todos los trabajadores, independientemente de su nivel de salario, y con alícuotas fijas y mucho más elevadas que el impuesto a las ganancias. Las cargas sociales con destino a ANSES y PAMI ascienden al 30% del salario, a lo que se debe sumar 9% con destino a la obra social, aproximadamente 3% a la ART y entre 3% y 5% con destino a los sindicatos. De esta forma, las alícuotas que deben pagar todos los trabajadores para estar "en blanco" ascienden a 45% - 50% del salario.
Sólo el hecho de que las alícuotas de cargas sociales son bastantes más elevadas que el impuesto a las ganancias, ya debería ser motivo de profunda reflexión sobre si a la hora de reducir presión impositiva no habría que hacerlo en las cargas sociales antes que el impuesto a las ganancias. Pero si además la aspiración social es avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, que contribuya una sociedad más igualitaria desde el punto de vista de la distribución del ingreso, definitivamente lo que hay que revisar son las cargas sociales y no el impuesto a las ganancias. Porque las cargas sociales gravan a todos los trabajadores, incluyo aquellos que ganan el salario mínimo legal o por debajo de él, mientras que el impuesto a las ganancias no.
Para ilustrar con datos simples el enorme impacto regresivo que generan las cargas sociales se puede apelar a datos oficiales. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, en la Argentina, al 1° trimestre del año 2014, el 50% de los ocupados urbanos de todo el país ganaba por debajo de los $ 4.500 mensuales. Solamente el 10% de mayores remuneraciones tenía montos superiores a los $10.000 mensuales. ¿Esto qué significa? Que el impuesto a las ganancias –como mucho– alcanza al 10% de los ocupados totales; el 90% restante no está alcanzado por el impuesto a las ganancias, pero sí lo está por las cargas sociales.
Como las cargas sociales son tan elevadas, mucho de este 90% ni siquiera trabaja como asalariado registrado (por lo caro que es, ya que hay que pagar alícuotas cercanas al 50% del salario); concretamente, un cuarto de este 90% de ocupados de menores remuneraciones trabaja como cuentapropista y otro cuarto trabaja como asalariado no registrado –o sea, "en negro"–; en cualquiera de los dos casos, trabaja sin pagar las cargas sociales porque lo hace en la informalidad. Cuando uno mira qué nivel de remuneraciones tienen estos cuentapropistas y asalariados no registrados surge –según la EPH del Indec, o sea, datos oficiales– que la mayoría gana por debajo de los $3.600, que es el salario mínimo legal.
En otras palabras, las cargas sociales –por su elevada alícuota y por ser aplicable a todos los trabajadores– hace que la mitad de los ocupados de la Argentina no trabaje en relación de dependencia de manera registrada. De esta forma, el salario mínimo legal se convierte en una ficción. Se lo aumenta con anuncios rimbombantes, pero se oculta o se ignora la realidad de que la mitad de los ocupados gana por debajo de ese nivel salarial a raíz de que las cargas sociales los obliga a trabajar en la informalidad.
Por eso, más urgente e importante que disminuir el impuesto a las ganancias es reducir cargas sociales. Para ello, no alcanza con la bien intencionada pero modesta y transitoria reducción que se sancionó en abril pasado con la Ley 26.940, que quita apenas 8 puntos porcentuales de los casi 50% de alícuota para las empresas con menos de 5 trabajadores y reducciones transitorias e inferiores para empresas hasta 80 trabajadores. Lo que hay que hacer es poner un mínimo no imponible a las cargas sociales.
Esto es, estipular que los trabajadores empiezan a pagar cargas sociales a partir de un determinado monto, que puede ser el salario mínimo legal –ya que es debajo de este umbral que se concentra la informalidad laboral–, de esta forma la presión impositiva sobre los que hoy están en la informalidad se reduce a cero (lo que aumenta sustancialmente las posibilidad de instrumentar una política masiva de formalización de estos trabajadores), y para los trabajadores con remuneraciones superiores al mínimo legal la presión impositiva sobre el salario también se reduce, pero con progresividad, es decir, con mayor intensidad en los salarios más bajos y menor intensidad en los salarios más altos.
Esta sería un forma mucho más equitativa y técnicamente prolija de reducir la presión impositiva a los trabajadores con salarios superiores a los $12 mil, que se quejan por el impuesto a la ganancias, pero cuya reducción no vendría del impuesto a las ganancias –que es progresivo– sino sobre las cargas sociales –que es regresivo–.
Esta sería una contribución muy importante al fomento de la producción con equidad.
Más información en:Bastión Digital
