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La vida siempre, y en todas sus etapas
La Cámara de Diputados de la Nación puso en discusión una iniciativa que busca otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Pará, por el nombre de la ciudad brasileña donde fue adoptada, en junio de 1994.
En mi gestión como diputada nacional, en 2008, di mi apoyo a la Convención para defender los derechos de las mujeres. En mi discurso manifesté que debía tenerse presente la limitación que plantea la misma Convención de Belém do Pará: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema”, (Art. 14 de la Convención de Belém do Pará). Con lo cual, queda a salvo el derecho a la vida establecido en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Derecho a la vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.
Sin embargo, hoy, 14 años después de aquel discurso, todas las leyes y convenciones están atravesadas por la ideología de género y el aborto y, por lo tanto, se tergiversa el sentido original de Belém Do Pará.
A simple vista pareciera ser una buena causa y hasta necesaria. Sin embargo, si analizamos las recomendaciones de quienes nos representan en el cumplimiento de esta Convención a través de su mecanismo de seguimiento (Mesecvi), resulta notable que diseñaron esta artimaña para seguir impulsando el aborto.
Elevar a rango constitucional la Convención de Belém Do Pará es adoctrinar a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, levantando en todo el país la bandera del aborto, en el marco de un feminismo extremo e ideología de género recalcitrante, tratando de cancelar todo debate a favor de los niños por nacer, y en contra de las convicciones éticas y morales de millones de argentinos.
De aprobarse, deberá subordinarse al aborto libre y gratuito el estado nacional en sus tres poderes, como así también las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda la sociedad argentina.
No cabe duda que todos debemos trabajar para eliminar y erradicar la violencia contra la mujer, pero es lamentable el uso de esta problemática para seguir instalando violencia, apuntando a los niños por nacer. Se trata de una intencionada manipulación.
Si de casos de violencia hablamos, no podemos dejar de destacar la media sanción, por unanimidad, para dictar la Ley de Prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que lleva el nombre de Lucio, por Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado por su mamá y su novia, cuya investigación reveló que fue maltratado y abusado sexualmente. Para prevenir esta muerte no alcanzaron las denuncias de su papá, que no fueron escuchadas, ni las marcas de maltrato en su cuerpo. Es hora de que todos en el Estado trabajen para solucionar también estos casos de violencia.
La iniciativa, que espera la media sanción en el Senado para convertirse en ley, establece capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y los funcionarios del Estado que tengan responsabilidades con la niñez. Se establece un sistema de alerta temprana, y campañas de difusión para enseñar sobre la protección de derechos de los menores, junto a otras medidas para erradicar los casos de abusos, maltratos y abandono.
Defiendo la vida siempre, todas las vidas y en todas sus etapas, de manera firme e innegociable. Es por eso que rechazo completamente las imposiciones ideológicas que quieren dar rango constitucional al aborto, a través de la Convención de Belém do Pará.
Asimismo, como sociedad debemos reclamar la implementación de la Ley de los 1000 días, que tiene como objetivo brindar apoyo y acompañamiento a las futuras mamás y al crecimiento de sus hijas e hijos hasta los primeros 3 años de vida. Esta norma fue sancionada en 2020, inmediatamente después de la ley del aborto, casi como una forma de amortiguar a aquellos que todavía no estaban convencidos por el discurso del pañuelo verde.
Es que mientras el aborto fue implementado en las jurisdicciones a lo largo de todo el país, los protocolos que deberían instalarse con la ley de los 1000 días siguen en falta.
La opción de “elegir” que tanto promueve el discurso feminista está en falta al negarles este acompañamiento a las mujeres que lo necesitan. La instrumentación de esta ley debería ser un tema de mayor urgencia, dado que, aunque todavía nos quede mucho por transitar, este es un comienzo para garantizar la protección, asistencia y acompañamiento de los niños y niñas por nacer y de sus madres.
Exdiputada nacional, economista y diplomática
