La vida: ¿un derecho o una obligación?

En un capítulo de su reciente novela, Amores sicilianos , Vlady Kociancich plantea el conflicto de Julia, la protagonista, cuando debe asistir a su padre en el tramo definitivo de su enfermedad terminal, una agonía que sobrelleva penosamente con drogas. Dispuesta a inducir al enfermo a una piadosa interrupción del sufrimiento, prepara una jeringa con una dosis letal de morfina: la disyuntiva es horrible porque, si llegara a consumar ese impulso de amoroso samaritanismo, paradójicamente surgiría en ella la culpa por haber ultimado a su propio padre. A una situación parecida asistíamos en el film canadiense Las invasiones bárbaras , cuando el hijo de otro enfermo terminal contrata a una adicta recuperada para que suministre al moribundo unas dosis contundentes de heroína, en el tramo ya insoportable del dolor.

Otro caso –y otra cara de la cuestión–presenta Mar adentro , el film del español Alejandro Amenábar que se perfila como firme candidato al Oscar y que acaba de estrenarse en nuestro medio; el protagonista no es un enfermo en trance de muerte, sino un tetrapléjico irrecuperable que soporta durante veintiocho años la inmovilidad total, una especie de muerte en vida. Aquí la cosa es distinta porque, aunque no existan posibilidades de curación ni de mejoría, el postrado no presenta un cuadro con síntomas de muerte inevitable. En todos los casos –no es necesario aclararlo– lo que está en el centro de la cuestión es la eutanasia, esto es, eso a lo que suele aludirse con el eufemismo “la dulce muerte”. Se trata, según otra expresión muy difundida, de una “muerte con dignidad”, un proceso de despegue de la vida que le evite al enfermo padecimientos inhumanos. Así, pues, la ficción reelabora casos reales y con frecuencia los titulares de los diarios se hacen eco de situaciones insostenibles en torno de este espinoso problema: periódicamente, el tema se instala en el centro de la atención.

En casi todas partes está vedada la posibilidad de una solución eutanásica; a título informativo, digamos que los únicos países que la han aprobado, hasta ahora, son Holanda y Bélgica. Pero en Francia hay un intento de flexibilizar la legislación. El ministro de Salud Pública propuso al Parlamento el proyecto de una ley que garantizará al enfermo incurable “el derecho de elegir la propia muerte”. El enunciado parece tajante, pero, como rezaba el título de un libro del dibujante y humorista Sempé, “ rien n’est simple ” (nada es simple); por el contrario, los recaudos jurídicos de estos casos presentan resquicios bastante complicados.

“Anualmente, ciento cincuenta personas son desconectadas de las máquinas que las mantienen artificialmente con vida, pero sin que exista el respaldo de un encuadre jurídico”, explica el ministro francés Philippe Douste-Blazy, propulsor del proyecto. “Los médicos que se atienen a esta solución –sigue el funcionario– en general respetan la deontología profesional que rechaza la cura terapéutica a ultranza [inútil], pero se arriesgan a ser condenados por homicidio premeditado. Una hipocresía inaceptable.”

No obstante, la ley que él promueve no modificará el código penal y la eutanasia continuaría siendo ilegal. Lo que alterará esta ley francesa será el llamado “marco deontológico clínico”: un enfermo terminal podrá optar entre continuar con un nuevo tratamiento de quimioterapia o bien recibir un paliativo (la morfina, por ejemplo). La flexibilización es sutil.

La iniciativa de Francia no nace de una súbita conciencia gubernamental; es una respuesta política que tiende a calmar el escándalo mediático que ocasionó en 2003 el caso de Vincent Humbert, un bombero de 22 años que, a raíz de un accidente callejero, quedó tetrapléjico, ciego y mudo y pidió la muerte durante meses. Hace más de un año a tres meses del accidente, la madre de Humbert le inyectó barbitúricos que lo precipitaron al coma, pero no lo eliminaron. Dos días después, Frédéric Chaussoy, director del área de reanimación del hospital, decidió inyectarle una dosis letal de cloruro de potasio. La madre de la víctima resultó acusada de “suministro de sustancias tóxicas” y corre el riesgo de caer en prisión durante cinco años, mientras que el doctor Chaussoy, imputado por “envenenamiento premeditado”, podría ser condenado a cadena perpetua.

En términos similares a éste se había planteado el conflicto del español Ramón Sampedro, protagonista del caso real que dio lugar a Mar adentro , el film de Amenábar. Sampedro, el tetrapléjico al que se le negó la eutanasia durante años, en 1998 finalmente logró subrepticiamente un “suicidio asistido”. Hace unos días, Ramona Maneiro, de 44 años, se presentó en la TV española y se reveló ante las cámaras como la responsable (“por amor”) de haber vertido cianuro en el vaso del paralítico, a pedido de él. La mujer debió esperar a que la causa prescribiera (el vencimiento se verificó en noviembre de 2004) para confesar su piadosa complicidad en el desenlace del caso.

Pero, volviendo a la propuesta del ministro francés, lo paradójico de este boceto de ley es que, si bien el detonante que puso en marcha el proyecto fue la muerte del bombero Humbert, un caso como el suyo no estará contemplado en esta ley, ya que se trata de una inmovilidad causada por un accidente súbito y prolongada indefinidamente, sin cura, y no de una enfermedad terminal. “El proyecto de Chaussoy no atiende a las personas como Vincent, entrampadas en su propio cuerpo pero que no están en trance de muerte –dice la madre de Humbert–. Es necesario ir más lejos.”

Aunque son numerosos los intelectuales y juristas que en el mundo occidental consideran que la despenalización de la eutanasia constituye un avance en el abordaje de paliativos para el sufrimiento humano, el ciudadano común parece resistirse, mayoritariamente, a este tipo de decisiones. Así fue como en Holanda, en 2001, las manifestaciones callejeras en contra de la sancionada ley que autorizaba la eutanasia concentraron a decenas de miles de personas. Son cuestiones extremadamente delicadas que remueven aspectos ancestrales de la civilización y, se entiende, cada sociedad reacciona con pautas de sensibilidad propias.

Así, en Italia es tolerada sólo en términos “pasivos”, es decir, se la admite en situaciones excepcionales a través de la cesación de toda acción terapéutica. Los criterios varían, según los países: en Dinamarca también un paciente terminal puede gestionar la interrupción de todo tratamiento que intente prolongar artificialmente su vida. En Alemania, en cambio, la Corte de Apelaciones deja abierta la posibilidad de autorizaciones para practicar la eutanasia en casos de coma irreversible. En Gran Bretaña, donde el “suicidio asistido” es ilegal, la Justicia ha autorizado sin embargo a varios médicos a abreviar la agonía de enfermos cuya vida está sometida a una prolongación artificial. La experiencia jurídica en la Argentina indica que no hay ninguna figura ni artículo del Código Penal que excuse el abandono de tratamiento en un enfermo terminal, pero tampoco ninguna figura que lo prohíba; con autorización de responsables del enfermo, se pueden cancelar procedimientos terapéuticos, pero casi nunca sucede. En general, el criterio vigente aquí se deduce del Pacto de San José de Costa Rica, que protege el derecho a la vida.

La ficción, que cada tanto se sume en escenario de discusión de temas candentes, también se anticipa. Viene a la memoria una novela de Horace McCoy que ya tiene más de medio siglo, ¿Acaso no matan caballos?, que se transformó en film y que en la Argentina se conoció con el título de Baile de ilusiones ( They shoot horses, don’t they?, Sidney Pollack, 1969). El título ironizaba amargamente sobre la situación de personajes que, maltratados por la vida, aparecen exhaustos, sin resto. Como las bestias sobreexigidas, agotadas, que ya no pueden hacer esfuerzos y acaban desmoronándose. Entonces viene un patrón o cuidador piadoso y les descerraja un disparo en la cabeza para poner fin a sus sufrimientos. McCoy ponía en boca de un personaje femenino una imprecación para que, de la misma manera en que se ultiman las bestias, se le concediera el final a un ser humano agotado, ya sin aliento vital. La diferencia reside en la conciencia del mundo, en la percepción inteligente, que –como en el desdichado Sampedro de Mar adentro – sigue funcionando aun cuando el cuerpo está postrado. Y en la voluntad. Pero, por eso mismo, si el propio desquiciado solicitara el final, otro enfoque del problema indica que debería atendérselo, y es a la legalización de ese paso, aparentemente tan simple, a lo que apunta el proyecto francés. Pero ya lo advertía Sempé: “ Rien n’est simple ”, y menos aun cuando se tratan disyuntivas como éstas, nunca mejor categorizadas en la fórmula “cuestión de vida o muerte”.

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