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Las claves para el acuerdo por la deuda argentina
La Argentina se acerca a la hora de la verdad frente a la renegociación de la deuda bajo legislación extranjera. Este viernes vencerá el plazo para la aceptación del canje propuesto por el gobierno de Alberto Fernández y todo indica que ese día el ministro Martín Guzmán hará pública una oferta más generosa con la esperanza de alcanzar la adhesión de la mayoría de los bonistas diez días después.
De acuerdo con lo que ha trascendido de fuentes gubernamentales y de representantes de los acreedores, la propuesta del Gobierno podría estirarse hasta alcanzar un valor presente neto de alrededor de 49 dólares por cada 100 nominales, mientras que los grupos inversores esperarían alcanzar unos 55 dólares. La diferencia no parece insalvable, especialmente si el Ministerio de Economía accede a incluir un cupón atado al crecimiento del PBI o de las exportaciones. Esta última alternativa fue la llave para el acuerdo alcanzado con los acreedores de la Argentina por la gestión de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna en 2005, tras el default de 2001.
En las últimas dos semanas se produjo un acercamiento entre las partes para la renegociación de bonos emitidos bajo legislación extranjera por unos 66.000 millones, que constituyen alrededor de la quinta parte del total de la deuda pública argentina, que ronda los 323.000 millones de dólares.
La primera propuesta del gobierno nacional, que habría alcanzado una adhesión inferior al 15%, contemplaba una quita de intereses del 62%, una quita de capital promedio del 5,5%, un plazo de gracia de tres años en el que no se pagaría absolutamente nada, y el pago de una tasa de interés creciente, que promediaría apenas el 2,3% anual. Todo eso representaba un valor presente neto de 39 dólares por cada 100 nominales.
Tras el fracaso de ese canje y, en medio de la prórroga que finalizará este viernes, el Gobierno acercó una propuesta a los grupos de bonistas que, de acuerdo con un trabajo de la economista de FIEL Cynthia Moskovits, llevaría el valor presente neto a 44,2 dólares, luego de reducir el plazo de gracia a dos años, reducir la quita de capital al 3,6% y comprometerse a abonar una tasa de interés promedio del 2,9% aproximadamente. Tal oferta se encuentra lejos del promedio de las contraofertas efectuadas por los tres principales grupos de los tenedores de bonos, y que contempla un valor presente neto de 59,6 dólares, un plazo de gracia no mayor a un año, una quita de capital cercana a cero y una tasa de interés promedio del 4,5% anual.
Voceros de los bonistas esgrimen que la Argentina no puede pretender pagar una tasa de interés equivalente a la que semanas atrás consiguió un país como Perú, cuando este último tiene un riesgo país diez veces inferior al argentino. Perú colocó deuda a 11 años a una tasa promedio del 2,8%. Lo propio hizo Chile: consiguió financiarse hasta 2031 a una tasa del 2,5%. Paraguay, cuya calificación crediticia es también mucho mejor que la Argentina, colocó recientemente 2000 millones de dólares a 11 años al 5%, en tanto que México obtuvo 2500 millones de dólares a 12 años al 4,8% anual.
De acuerdo con estos datos, no parece factible que alguien esté dispuesto a prestarle a la Argentina a menos del 3% anual como pregona el Gobierno.
Hay otros dos factores que juegan en contra de un acuerdo. El primero es que algunos grupos internacionales que negocian con la Argentina administran fondos de inversión cuyas carteras están mayormente compuestas por títulos públicos de países emergentes que, como buena parte del mundo, empiezan a tener problemas de sustentabilidad. Sus administradores temen que si le ceden mucho a la Argentina, se encuentren de pronto ante un efecto cascada. Es decir, que otras naciones en dificultades exijan quitas similares.
El segundo obstáculo pasa por el plazo de gracia de tres años que originalmente propuso la Argentina. Ese trienio en el que los acreedores no verían ni un centavo es uno de los peores enemigos del acuerdo, porque es la mejor tentación para que los bonistas recurran a acciones judiciales ante los tribunales de Nueva York. Nadie descarta que, con los malos antecedentes del Estado argentino y los fallos adversos en esa jurisdicción, la justicia neoyorquina no pueda darles la razón a los acreedores de nuestro país en menos de tres años.
"Hay mucha liquidez afuera y el premio por litigar es muy alto", confió un administrador de fondos de inversión local cuyos clientes reúnen bonos sujetos a la actual negociación por 200 millones de dólares nominales. Su recomendación es adherir al canje solo si entran los grupos mayoritarios. Entretanto, se asesora con dos estudios legales –uno de la Argentina y otro de los Estados Unidos– para un eventual litigio contra el Estado argentino.
De allí que los negociadores argentinos ya hayan propuesto reducir de tres años a dos aquel plazo de gracia.
Otro factor trascendente, aunque no forme parte de las negociaciones formalmente, es la incertidumbre sobre un futuro plan monetario, fiscal y de crecimiento económico que torne sustentable en el futuro el pago de la deuda.
Más allá de las conjeturas que se harán hasta que se conozca la nueva propuesta oficial de canje, existe coincidencia entre los analistas financieros en que las diferencias no parecen ser esta vez tan grandes como para llevar a un país al default.
Por el lado de los acreedores, como ha señalado Cynthia Moskovits, la incertidumbre sobre qué ocurrirá con la economía del mundo en el corto y el mediano plazo, y con la de los países en desarrollo en particular, lleva a pensar que siempre es mejor para un bonista pájaro en mano que cien volando, aunque tampoco se trata de aceptar cualquier pájaro.
Del lado de la Argentina, el acuerdo es una condición indispensable para que el sector privado argentino pueda acceder a financiamiento en el futuro y también para evitarle al Estado una debacle fiscal mayor. De allí que los mercados hayan venido apostando en las últimas semanas a la racionalidad y que el riesgo país, que hacia el 18 de marzo superó los 4000 puntos básicos, haya descendido a menos de 2500.
