Las enseñanzas que deja el año 2000
Las enseñanzas que deja el año 2000. Es necesario sacar provecho de las lecciones que dejan estos doce meses, con el fin de no volver a cometer los mismos errores y de avanzar hacia el saneamiento económico y político
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EL año que finaliza quedará en la memoria de los argentinos como el de la oportunidad que no se pudo o no se supo aprovechar. El 2000 llegó con fundadas esperanzas. La sociedad salía de atravesar un quinquenio de desasosiegos y avatares económicos, originados principalmente en hechos externos, y mostraba el cansancio de la última etapa de una gestión de gobierno entorpecida por el reprobable intento de una nueva reelección.
El triunfo electoral de un candidato que prometía ética pública y recuperación social, dentro de un programa de mayor racionalidad económica que el de su adversario, permitía alentar aquellas esperanzas. El mundo salía de la crisis asiática y se consolidaba una tendencia mundial al crecimiento que ya se reflejaba en la región.
Si bien la situación fiscal heredada era peor que la esperada, existía una base potencial para el crecimiento, debido a la modernización que se había producido en sectores de la producción y los servicios. El crecimiento era el camino que permitiría abatir el alto desempleo y la marginalidad, dos males que el nuevo gobierno recibía también como ingrata herencia.
Doce meses después, no se puede decir que aquellas esperanzas se hayan cumplido. A lo sumo se han trasladado al 2001, que debería ser ahora el depositario de los renovados buenos deseos de los argentinos.
La política no dejó un saldo positivo en el 2000. La cohesión que había mostrado la Alianza cuando el objetivo era ganar las elecciones se perdió en buena medida a la hora de gobernar. La economía fue motivo de disensos internos que, al manifestarse públicamente, generaron incertidumbre y debilitaron la confianza. El escándalo de los sobornos en el Senado puso al descubierto que la corrupción en la política no ha desaparecido. Este episodio desembocó finalmente en una crisis que produjo la renuncia del vicepresidente y que llevó a la Alianza, por momentos, a una situación cercana a la ruptura. Lo que pudo ser una oportunidad para sanear las instituciones políticas parece hoy encaminarse hacia una nueva frustración, de la que quedará la sospecha de una acción de encubrimiento alimentada por una clase política demasiado contaminada por prácticas como las denunciadas. La Justicia, por su parte, no ha dejado de ser percibida como una institución debilitada por la presencia de jueces que, paradójicamente, han dado motivos a su vez para ser juzgados.
Las reformas política y judicial siguen siendo deberes pendientes. No se trata de un problema relacionado únicamente con la ética pública, sino de una cuestión que afecta la seguridad jurídica y que lesiona, además, la seguridad de los individuos, un valor que a lo largo del año 2000 no fue suficientemente protegido.
El plano social tampoco permitió visualizar mejoras. El malestar imperante en los sectores más castigados dio motivo a reclamos que fueron aprovechados por los núcleos gremiales y sociales más combativos para crear focos de conflicto y perturbación. Reaparecieron los paros generales y se alimentó un discurso contestatario y facilista que profundizó las fisuras en la Alianza, muchos de cuyos integrantes no parecen haber superado del todo el desconcierto de pasar de la barricada y la protesta a la realidad de gobernar.
La economía mostró también puntos débiles. Si se hubiera mantenido el nivel de actividad del último trimestre de 1999, el Producto Bruto habría crecido en el 2000. Sin embargo se llega al final del año con un valor negativo, que refleja una sensible caída de la inversión y una disminución del consumo interno. Sólo las exportaciones y la desregulación telefónica escapan de ese cuadro y abren una positiva expectativa, reveladora de que hay bases estructurales firmes de competitividad.
El talón de Aquiles sigue siendo la situación fiscal. El intento de corregirla mediante el aumento de impuestos fue contraproducente, pues golpeó negativamente en las decisiones de consumo e inversión. La confianza y las expectativas se deterioraron, alimentando un circulo vicioso: caída de la actividad, menor recaudación, mayor riesgo país, más alta tasa de interés, mayor desempleo y así sucesivamente. No hubo una reducción estructural ni orgánica del gasto público, sino medidas de ocasión, como el doloroso recorte salarial y el intento de fijar límites cuantitativos al déficit y al gasto en el orden nacional y en las provincias, previsiones que luego suelen ser desbordadas sin penalidad para nadie. No se cumplieron las disposiciones de la ley de presupuesto y de la llamada ley de responsabilidad fiscal. El déficit del ejercicio fue sucesivamente recalculado en aumento. Con estos antecedentes es entendible la desconfianza sobre el cumplimiento del pacto firmado con los gobiernos provinciales, que por otro lado estipula el congelamiento del gasto primario y no su reducción desde sus altos niveles actuales.
En octubre se decidió impulsar la inversión con reducciones impositivas. A esa misma dirección apunta el plan de infraestructura. Dado que la falta de crecimiento y la debilidad fiscal habían puesto al país en una situación de riesgo, se puso en marcha una importante operación internacional de salvamento, liderada por el Fondo Monetario Internacional, que ha permitido eludir la cesación de pagos y ha abierto un espacio de tiempo para encarar las necesarias correcciones estructurales. El marco internacional, entretanto, se muestra hoy más propicio para la Argentina que hace doce meses.
Nos acercamos, en suma, al fin de un año del que es necesario sacar enseñanzas, con el fin de no volver a cometer los mismos errores, con el deseo de generar las condiciones para que el país se ponga en marcha y con la esperanza de que 2001 sea, finalmente, el año de la anhelada recuperación argentina.
