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Ley de cannabis: jugar con fuego en un país inflamable
La abultada agenda del progresismo trabaja sin descanso. Con el apoyo indistinto de oficialistas y opositores, pone temas en la mesa de debate que son en, su mayoría, ajenos a las necesidades y preocupaciones de los argentinos.
Así, en medio de una pandemia atravesada por una crisis económica y educativa severas, los diputados bonaerenses nos encontramos, algunas semanas atrás, debatiendo sobre la creación de una Agencia Provincial de Cannabis Medicinal.
Desde ya que estoy de acuerdo con que cualquier persona que padece una enfermedad pueda a acceder a medicamentos que mejoren su estado. Sin embargo, es inocultable el interés espurio detrás de esta iniciativa.
En muchos países del mundo, como es el caso de Australia, Uruguay, Canadá, Dinamarca y algunos Estados de Estados Unidos, la aprobación del uso del cannabis medicinal fue el paso previo a la legalización del hipócritamente llamado “uso recreativo”.
Numerosos estudios muestran cómo, además de generar fuerte adicción, la marihuana es la puerta de entrada para el consumo de drogas más dañinas. Según un informe de la Sedronar de 2019, el 48.3% de los pacientes en seguimiento usó la marihuana como droga de inicio. En nuestro país, el 34% de los alumnos universitarios la consume, superando, en un récord sin precedentes, a los que fuman tabaco: el 31%.
Pero además de este interés oculto, la propuesta tiene otros agravantes. En primer lugar, no se entiende por qué el aceite de cannabis no puede seguir el curso normal que tiene cualquier medicamento para ser aprobado y salir al mercado. ¿Por qué debería existir una agencia (y encima provincial) para tomar decisiones sobre la producción y administración de un medicamento en particular? Para esto ya existe la Anmat, y no resulta necesario ni orgánico crear un ente paralelo para atender la situación particular del cannabis. El cannabis no será ni la primera ni la última sustancia que revista alguna complejidad en su uso, y no por eso deberían proliferar agencias provinciales de cada una de ellas.
En segundo lugar, está el contexto en el que deberá aplicarse esta ley. El progresismo es especialista en promover causas en formato enlatado para aplicarlas en cualquier lugar de la misma manera, sin importar que, como en este caso, la vulnerabilidad del contexto haga que la aprobación genere más problemas que soluciones.
Si atendemos a la realidad concreta de la provincia de Buenos Aires, y especialmente del conurbano bonaerense, resulta evidente que no están dadas las condiciones y las garantías necesarias para habilitar la producción de marihuana en viviendas particulares. ¿Quién será -en la práctica- el garante de que el cannabis se use solo para fines medicinales? ¿el mismo Estado que hoy deja proliferar bunkers y kiosquitos de droga en todas las esquinas de los barrios más pobres del área metropolitana?
Si los enfermos fueran la prioridad, en vez de habilitar a producir en el patio trasero de la casa de cualquiera, se buscaría regular su venta en farmacias y la producción en laboratorios debidamente habilitados y con el equipamiento necesario para garantizar la calidad y la dosis.
Pero el cinismo no termina en el uso de enfermos. Ahora también, se introduce un nuevo argumento: la generación de empleo.
El Ministro de Producción, Matías Kulfas, anunció hace unas semanas que gracias al desarrollo de la industria del cannabis podrían generarse 10.000 puestos de trabajo. Es cierto que en la Argentina la necesidad de trabajo es desesperante. Pero, habiendo tantas industrias posibles, tantas maneras de potenciar pymes y demás rubros que ya funcionan ¿es la mejor estrategia para generar empleo fomentar la industria del cannabis?
Sobran propuestas para promover el empleo registrado. Para poner sólo un ejemplo, el sector pyme se encuentra trabajando al 60% de su capacidad y, a pesar de poder producir y contratar más, no lo hace principalmente por el agobio impositivo que eso representa. ¿No sería más simple aliviarlos para poder aprovechar al máximo su capacidad instalada?
Lejos de eso, estos proyectos suponen, además, más gasto por parte del estado. No sólo la creación de las agencias provinciales para el control del cultivo para fines medicinales, sino que también la de la Arricame (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal) a nivel nacional. Así, de entrada, arrancan con superposiciones de tareas entre distintas áreas y niveles de gobierno. ¿Resultado? Más gasto, menos eficiencia y, por supuesto, ninguna transparencia.
Abrirle la puerta al libre consumo de marihuana que es, en definitiva, el fin real que persiguen ambos proyectos, es clausurar el futuro de miles de argentinos. Es jugar con fuego en un país inflamable.
Diputada bonaerense de Juntos por el Cambio
