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Liberar las voces
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Para LA NACIONJosé Crettaz
En 1983, al definir por primera vez el concepto de convergencia de las comunicaciones, el politólogo estadounidense Ithiel de Sola Pool advirtió sobre los riesgos que se avecinaban para la libertad de expresión por el avance y la confluencia de tecnologías. Al converger las telecomunicaciones –sobrerreguladas– con la TV y la radio –parcialmente reguladas– e integrar a la prensa –libre de regulaciones– se corría el riesgo de limitar la libertad de expresión por la migración excesiva de normativas que dan una enorme discrecionalidad al poder de turno. De Sola Pool explicó este fenómeno en un libro que acaba de cumplir 40 años y cuyo título, Tecnologías de la libertad, subrayaba la oportunidad liberadora de las innovaciones digitales.
En la Argentina, la legislación impidió la propiedad cruzada de la televisión y la prensa hasta la reforma del decreto-ley de radiodifusión en 1989 y mantuvo la prohibición de la convergencia de la televisión y las telecomunicaciones hasta 2016, cuando fue parcialmente permitida, dos décadas después que en Estados Unidos. Esos hitos –sumados al aporte de capitales privados en ambos momentos– impulsaron la reconstrucción de la telefonía fija, el desarrollo de las comunicaciones móviles y la producción de contenidos audiovisuales de calidad. Como caso testigo irrefutable, el boom de la TV por cable se basó, principalmente, en la falta de regulación en ese sector, que llegó recién en 2009 con la ley de medios.
Desde 2003 y durante las dos décadas populistas se verificaron en nuestro país los temores de De Sola Pool: con el argumento de “multiplicar las voces” abundaron las normas que establecieron restricciones que las mantienen bajo amenaza de severas sanciones administrativas y económicas. Fueron normas paternalistas y extemporáneas que, como algunos señalamos solitariamente en su momento, fueron a contramano de la evolución tecnológica, de la madurez de las audiencias y del mundo globalizado. Y, con buenas o malas intenciones, fueron definidas para el mundo de escasez del siglo XX, superado en este siglo por la abundancia permitida por la masificación del acceso y el uso de internet.
Las leyes de medios (2009), publicidad electoral (2009), declaración de interés público del papel de diario (2011), telecomunicaciones (2014), soberanía satelital (2015), equidad de género en medios (2021), declaración de servicio público del acceso a internet y la TV por cable (2020) y etiquetado frontal (2022), entre otras, introdujeron regulaciones generales o específicas que restringen severamente la libertad de expresión de manera directa o indirecta al impactar en la creación o el financiamiento de la oferta de comunicación privada. Además, establecieron impuestos y gravámenes, y crearon una enorme burocracia que encarece el acceso a la información y la cultura tanto en su consumo como en su producción.
Al calor de fondos públicos, como la publicidad oficial –paradójicamente no prevista en leyes–, se crearon algunos nuevos medios en los últimos años. Pero, en los casos en los que no son simples propaladoras de propaganda oficialista, se trata de voces condicionadas legal y económicamente. Se multiplicaron artificialmente voces partisanas –por convicción o conveniencia– subsidiadas con los impuestos mientras el potencial social de la comunicación se mantiene, también artificialmente, oprimido.
Pero, así como se verificaron los temores, también las esperanzas de De Sola Pool se cumplieron: las tecnologías de la libertad, el acceso a internet y las plataformas digitales, en especial las redes sociales, fueron poderosas herramientas que, a pesar de los intentos de control estatal –concretados en leyes y esbozados en proyectos de ley–, permitieron a la ciudadanía seguir ejerciendo el derecho humano a la libre expresión, la reunión y conversación pública y la difusión de ideas sin censura previa. Esa vitalidad es una muestra del potencial latente que, también en este ámbito, tiene la Argentina.
Por eso, el ambicioso programa de reformas que plantea el presidente electo debería incluir la derogación total o parcial de esas normas, al tiempo que reforzar y poner en funcionamiento las de libre competencia y defensa del consumidor, y las que organizan el espectro radioeléctrico (que, además, hay que rescatar del caos actual). Fracasado el tiempo de la “multiplicación de las voces”, es el momento de, simplemente, liberarlas.
Periodista e investigador especializado en medios y entretenimiento
Tipo de trabajo:
opinión
