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Libertad de prensa de baja intensidad
Este es el momento de menor libertad de prensa en la Argentina desde 1983. Practico profesionalmente y en forma cotidiana el periodismo y el análisis político desde ese año de la recuperación democrática tanto en la prensa audiovisual como en la gráfica. Mi propia experiencia y los comentarios de mis pares me llevan a esta grave conclusión para la salud republicana, cuya responsabilidad le cabe al presidente Néstor Kirchner. Pero no solo a él. Se puede ensayar una larga y triste lista de motivos, donde se mezclan algunos que vienen desde lejos y que este gobierno heredó sin intentar resolverlos, y otros mecanismos que Kirchner utiliza con feroz eficiencia y sin ninguna culpa, tal como ejerce el poder.
Siempre que me preguntan, después de alguna charla o mesa redonda, si existe libertad de prensa en la Argentina, hago el mismo chiste malo pero ilustrativo. Miro el reloj de mi muñeca y digo: “A esta hora… sí”. Es que el monto y la calidad de la libertad de prensa se juega minuto a minuto en la lucha entre el poder (todos los poderes) que trata de ocultar y encubrir aquello que los periodistas debemos revelar y descubrir. Del resultado de esa tensión permanente y necesaria surge el tipo de libertad de prensa que tiene un país.
La Argentina, a esta hora, tiene libertad de prensa. De hecho, tiene la suficiente libertad para permitir que yo, por ejemplo, pueda denunciar que actualmente es de baja intensidad. La más baja desde que enterramos a la dictadura militar.
La libertad es el principal insumo del periodismo. Es la condición necesaria. Sólo después viene la noticia como eslabón de la cadena mediática. Es un lugar común, pero realmente veraz, decir en las facultades de ciencias de la información que con libertad es posible practicar un periodismo bueno, malo o regular. Pero que sin libertad, sólo es posible la propaganda. Es que se lesiona el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y a tener la máxima variedad de opiniones para tomar todas sus decisiones con la mayor madurez cívica posible.
Sin la pretenciosa intención de agotarlas, puede ser de utilidad conocer cuáles son esas razones que me llevan a afirmar que éste es el momento de menor libertad de prensa desde 1983:
1) Agresiones de hecho. Son las más graves y peligrosas para la integridad física de los periodistas. Van desde las palizas que recibieron periodistas locales en Quilmes y en otras ciudades del interior hasta la permanente hostilidad del presidente Kirchner, con sus cachetazos verbales, que tienen destinatarios con nombre y apellido. Esa actitud desde la cima del poder genera un terreno fértil para que cualquier fanático que quiera perjudicar o beneficiar a Kirchner amenace a los destinatarios de la ira presidencial por cualquier vía o intente pasar a mayores. Estas diatribas personalizadas se proclaman con lenguaje inflamado ante un auditorio adicto que no tiene más remedio que aplaudir con verticalismo, subordinación y valor. Si encima las palabras del jefe del Estado son mentiras o vienen “flojas de papeles”, como en el reciente caso de Joaquín Morales Solá, el daño resulta mayor todavía. No es un dato menor que Morales Solá recibió amenazas al día siguiente de que el Presidente leyera en Casa de Gobierno una nota elogiosa hacia Videla que atribuyó falsamente al periodista.
El Presidente debería reflexionar sobre la brutal desproporción que existe entre las palabras de un jefe de Estado y las de un periodista, por más prestigioso que éste sea. Y sobre el posible efecto de incitación a la violencia que en algunos talibanes del piqueterismo oficial puede generar. Si el Presidente fustiga a una empresa petrolera y casi en forma simultánea los piqueteros rodean las estaciones de servicio mediante una acción directa ¿quién puede asegurar que, en el caso de un periodista o un diario, no ocurra lo mismo?
2) El poder de la billetera arbitraria. Desde Santa Cruz se viene practicando con mucho éxito el mecanismo antirrepublicano de premiar a los periodistas y/o medios amigos y/o dóciles, y castigar a los que no se dejan domesticar y que, por lo tanto, son considerados enemigos. En los extremos caricaturescos están, por un lado, la revista Noticias, que no recibe un solo peso en publicidad oficial, y por el otro, el afortunado empresario (y ex chofer de Kirchner) Rudy Ulloa Igor, cuyo grupo de medios de Santa Cruz, según se desprende de la minuciosa investigación realizada por la periodista María O’Donnell, pasó de facturar al Estado 29.500 pesos en el año 2003 a 500.000 pesos en 2005, cifra que –de mantener la tendencia– duplicaría en el corriente año. Entre Noticias y el diario y el canal televisivo de Rudy Ulloa hay una impresionante variedad de matices que se miden en cantidad de spots o de centimetraje, y en la increíble disparidad para cotizarlos según se le venga en gana a los responsables de esa distribución asimética y carente de toda lógica profesional. Estos instrumentos también son usados y abusados por gobernadores e intendentes, en provincias y localidades donde los avisos del Estado suelen ser de vida o muerte para pequeños medios.
3) Privados de publicidad. El chiste habla de barrios privados. Sí, privados de luz, privados de gas, etc. La realidad habla de un límite que ningún otro gobierno se había atrevido a cruzar. En esto, a nivel nacional, Kirchner debe ser un pionero. Se trata de la presión gubernamental que se ejerce sobre algunos anunciantes privados para que no auspicien a tal o cual periodista o programa o medio. Se puede asegurar que por lo menos dos importantes empresas (una petrolera y otra telefónica) sufrieron ese mecanismo desmesurado aunque sólo una de ellas cedió.
4) Licencia para informar. La prórroga de las licencias para radio y televisión y el otorgamiento de algunos permisos nuevos (y otras que están en marcha) sin la conveniente transparencia y tiempo para el debate social y parlamentario. Estamos hablando de favores o disfavores que se traducen en montos multimillonarios y en un achicamiento importante de los espacios que tienen esos medios para manejarse con autonomía frente a humores del poder político.
5) A los enemigos, ni noticias. La información es un bien público y colectivo. No puede ser utilizada como botín de guerra entre los medios obsecuentes y los consecuentes. No resiste el menor análisis que, desde la Presidencia, se determine qué periodista debe ingresar o no a la Casa de Gobierno y su sala de prensa, o al avión presidencial.
6) De conferencia de prensa, ni hablar. En casi todo el planeta las máximas autoridades deben someterse a las preguntas sorpresivas de los periodistas de todos los medios. Y, sobre todo, a las repreguntas. Es una de las formas más transparentes y directas que tienen los ciudadanos para conocer más a fondo a sus gobernantes. Hasta ahora, Kirchner se negó siempre a ese ámbito de las conferencias de prensa y –más grave todavía– evitó que presidentes de otros países la dieran en su presencia para no quedar tan en evidencia.
7) Amigos son los amigos. Esa palabra presidencial negada (que también debería ser patrimonio de todos los argentinos) se expresa muy de vez en cuando y ante reportajes que, por lo general (no en todos los casos), son realizados por periodistas o medios que por convicción ideológica, conveniencia económica o una mixtura de ambas, están predispuestos a potenciar los logros del Gobierno y a minimizar sus asignaturas pendientes. Hay ejemplos notables de autodenominados periodistas que arrojan alfombras rojas para que el Presidente se luzca arrojando gacetillas verbales.
8) Atendido por sus propios dueños. Llamar a un periodista para rectificar una información o para criticar su punto de vista es razonable si no se convierte en una metodología asfixiante. Pero comunicarse con los dueños de los medios para que castiguen a los audaces cronistas que se atrevieron a opinar diferente es un sablazo autoritario casi sin antecedentes en democracia. Un diario de información económica de Buenos Aires enfrentó asambleas de sus trabajadores que se quejan –incluso– ante el Ministerio de Trabajo porque una periodista fue sancionada por haber escrito que Douglas Tomkins se iría del país por falta de seguridad jurídica. Eso disparó los temibles telefonazos de Estado. La otra modalidad, que también necesita la complicidad de los dueños de los medios, es que, en un abrir y cerrar de ojos, aparecen en los primeros lugares de algunas pantallas periodistas sin ninguna trayectoria nacional, nacidos en Santa Cruz o en Córdoba –por poner sólo dos ejemplos– que tienen como padrinos a poderosos ministros y/o novios.
9) El Estado es mío, mío. Como la Ferrari para Menem, los actuales gobernantes consideran que los medios del Estado son del Gobierno o directamente del Frente para la Victoria, y dejan afuera a periodistas independientes como Pepe Eliaschev y Victor Hugo Morales, y no permiten que se escuche una sola voz (una, aunque sea) que exprese un pensamiento distinto y pluralista frente a tanto discurso único.
10) La fuente de los servicios. Otra inquietante novedad, que todavía está en ciernes: la utilización de la SIDE como productora de contenidos periodísticos para perjudicar a opositores. Este mecanismo, también llamado “operaciones de prensa”, ya se puso en marcha en por lo menos tres ocasiones muy burdas. La que más repercusión consiguió fue la revelación de que el diputado lavagnista Juan José Alvarez había trabajado en la tenebrosa SIDE durante la dictadura, recomendado por el general Albano Harguideguy. Información que –como era cierta– cualquier periodista debía publicar. Sólo que con algunos reparos profesionales: citar la fuente de información. No hace falta decir el nombre de la persona. Se puede decir, por ejemplo, qué organismo del Gobierno facilitó la carpeta. Buscar la otra campana en las palabras del protagonista de la novedad y –sobre todo– no parcializar la información ocultando las buenas relaciones de Alvarez con Kirchner, que junto a Alberto Fernández intercedió para que fuera a apagar el incendio de Cromagnon durante el gobierno de Ibarra. Es más, ese integrante de la SIDE dictatorial fue un candidato a ser vicepresidente del propio Kirchner. Durante los años 90, los periodistas de investigación aprovechaban las internas y las brechas del menemismo para develar informaciones que el poder quería ocultar. Ahora es al revés: el poder canaliza información a través de algunos medios, que iluminan delitos o trampas o picardías de opositores. Es legal pero antiético. Es comunicación, pero no es periodismo.
Lamentablemente, la lista de situaciones que erosionan la libertad de prensa podría continuar. Con el modelo de hiperconcentración de muchos medios en pocas manos. O con el bloqueo que están sufriendo la ley de acceso a la información o la mismísima ley de radiodifusión de la dictadura que todavía nos rige. También con el desprecio y maltrato que existe desde el Gobierno hacia las entidades que representan a las empresas o a los periodistas. Hablo de ADEPA, SIP, Fopea y tantas otras, que sólo han recibido ofensas o negativas ante los pedidos de entrevistarse con el Presidente para dialogar civilizada y democráticamente sobre los temas en común. El Talmud dice que la fe (y el periodismo, agrego yo) debe servir para acomodar a los incómodos y para incomodar a los cómodos. Debe ser fiscal del poder y abogado del hombre común. Debe respetar más la verdad que la ideología.
Para el matrimonio presidencial, en cambio, la noticia es una trinchera desde donde disparan opositores de todo tipo y por eso pretenden achicar, contener, limitar y perseguir hasta asfixiar a los periodistas que se niegan a la obsecuencia. A veces desatan verdaderas cacerías de opiniones distintas aunque sea por minucias. Y eso que ningún gobierno desde 1983 tuvo tanto poder político y tanto apoyo mediático. Eso quiere decir una sola cosa: estamos en problemas.
