Logros y desafíos de la ley de educación

La historia argentina muestra que la educación fue concebida como una política estructurante del modelo social en cada uno de los grandes proyectos de desarrollo que encaró la Argentina moderna. De esta forma, la escuela desempeñó un papel preponderante tanto en el proyecto de construcción de la Nación que llevó adelante la Generación del 80 como en el de ampliación de derechos y desarrollo económico autónomo que implementó el peronismo a partir de mediados del siglo XX. Este papel mostró características diferenciales en cada uno de estos períodos. En el primero se enfatizó su función política en torno a la construcción de la nacionalidad. En el segundo, se priorizó su rol económico en torno a la formación para el trabajo y de integración social. Luego las dictaduras le dieron a la educación una función dirigida principalmente al disciplinamiento social y la eliminación del pensamiento crítico, y los procesos neoliberales intentaron adecuarla a las condiciones de un mercado cada vez más expulsivo, fragmentado y desigual.

En el contexto de la necesidad de emerger de la profunda crisis que atravesaba el país en 2003 y a partir de la voluntad de realizar profundas transformaciones socioeconómicas que permitieran encarar un modelo de desarrollo alternativo, el gobierno asumido el 25 de mayo de aquel año concibió al trabajo formal y la educación como herramientas fundamentales. El cambio de modelo, basado en la recuperación de la capacidad productiva del país y en la distribución del ingreso y el consumo interno como los principales motores del crecimiento, requería que la educación cumpliera un nuevo rol. En su discurso inaugural, Néstor Kirchner propuso transformar la función que la educación venía desempeñando en las últimas décadas.

El modelo de desarrollo delineado por Kirchner en aquel discurso exigía que la educación retomara las funciones históricas que jamás debió abandonar. La escuela debía concebirse como herramienta fundamental para la construcción de la Nación a partir de su capacidad de distribuir valores y conocimientos que cimientan la unidad nacional sobre la base de la identidad cultural de los argentinos. Pero también como ámbito privilegiado para una formación profundamente democrática y plural. Al mismo tiempo, la educación, la ciencia y la tecnología debían transformarse en componentes principales de un desarrollo industrial poderoso basado en la capacidad de agregar valor a partir del trabajo calificado de nuestra gente y en factor de inclusión y cohesión social sobre la base de la capacidad de favorecer la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso a saberes socialmente necesarios para todos, sin distinción.

Desde un primer momento se avanzó en la transformación legislativa. La ley del salario docente y los 180 días de clase, la ley de educación técnica, la ley de financiamiento educativo y la ley de educación sexual obligatoria fueron ejemplos en ese sentido. Pero a poco de andar se comenzó a percibir que para avanzar en las transformaciones necesarias era imprescindible completar la adecuación legislativa proponiendo una nueva ley de educación nacional. Este consenso permitió debatir un marco normativo que por un lado reemplazara la cuestionada ley federal de educación y, al mismo tiempo, permitiera la reafirmación legislativa del carácter público del conocimiento y la educación, la recuperación del rol del Estado nacional en la conducción y la articulación del sistema educativo, la necesidad de homogeneizar la estructura de la educación, la extensión de la obligatoriedad escolar y la igualdad de posibilidades de acceso y apropiación de una educación de calidad para todos.

A comienzos de 2006, el Ministerio de Educación de la Nación implementó una encuesta nacional en la cual cerca del 80% de los consultados opinó que juzgaba necesario modificar la ley vigente para permitir la generación de condiciones que mejoraran la calidad de la educación. Era necesario generar un debate social y parlamentario priorizando las políticas de Estado de mediano y largo plazo y dejando parcialmente de lado las perspectivas más coyunturales, así como los sesgos corporativos o partidarios. Era necesario aprobar una nueva ley que no se basara únicamente en la legalidad que le daba al Gobierno una mayoría parlamentaria coyuntural como había ocurrido con la ley federal de educación en 1994. En este nuevo contexto, se decidió convocar a un proceso de discusión nacional de carácter amplio y plural para la elaboración de la nueva ley de educación, al cual se invitó a participar a toda la ciudadanía, en particular a los actores que conforman cotidianamente el sistema educativo.

Tras un extenso debate, con la participación de más de 4.000.000 de ciudadanos y cientos de organizaciones de empresarios, trabajadores, iglesias, profesionales y después de dos jornadas de discusión con las comunidades educativas de cada escuela, la nueva ley de educación fue sancionada el 14 de diciembre de 2006 por amplia mayoría, casi unanimidad en el caso del Senado. La iniciativa se convirtió en una ley-programa a largo plazo, que extendía la obligatoriedad de la escolaridad hasta el fin del secundario, el estudio de un idioma extranjero y de una materia dedicada a la informática o la comunicación; que restablecía la unificación del sistema de educación nacional bajo la metodología de escuela primaria y secundaria, proponía avanzar progresivamente en jornadas extendidas o completas en el nivel primario e institucionalizaba el canal Encuentro, entre otras propuestas.

A cinco años de la promulgación de la ley, esperamos que este proceso de debate inédito en la historia de la educación argentina, que permitió un alto grado de consenso en la aprobación social y parlamentaria, pueda seguir profundizándose. Sólo así será posible mantener una evaluación crítica de los importantes avances logrados y de las asignaturas pendientes que aún tenemos en materia de educación.

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Daniel Filmus