Los jueces ante el poder

Alberto Castells
Alberto Castells PARA LA NACION
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16 de marzo de 2012  

Un debate que no alcanza la repercusión de otras ríspidas cuestiones concierne al papel que cumplen los jueces en su función de dirimir conflictos y de administrar justicia. El asunto, problemático, se enmarca en la confrontación entre el perfil de un Poder Judicial independiente de toda influencia y la sobreactuación de jueces condicionados por el poder de turno.

Digamos de entrada que la actual concentración de la autoridad presidencial no autoriza a afirmar que el choque frecuente entre el Ejecutivo y la Justicia sea una consecuencia automática y directa de ese estilo dominante de conducción y de gestión. La literatura histórica nos dice que la actuación expansiva de los presidentes y el correlativo protagonismo de los jueces trasciende la coyuntura de cada uno de los gobiernos para erigirse en la continuadora de cierta cultura institucional instalada desde tiempos inmemoriales en la vida política del país. Signo de los tiempos, entonces, que la administración actual explota sin el menor miramiento y en toda su crudeza.

Cuarenta años atrás, Julio Oyhanarte, magistrado, académico y político, publicaba su Historia del Poder Judicial , estudio dedicado a observar la conducta de los magistrados del más alto tribunal de la Nación. La parte medular del trabajo ponía la mira en la estética de unos 50 jueces y una jueza, marcando las regularidades y proyectando sus tendencias.

Al registrar los estilos de actuación, Oyhanarte introducía un concepto ejemplar para caracterizar a quienes dedicaban sus vidas a impartir justicia. Los jueces que lideraban el Alto Tribunal -decía- estaban en posesión de una visión del mundo y disponían de un arsenal de ideas cuya firme defensa, a veces exasperada, no sabía de incertidumbres y vacilaciones. La semblanza los presentaba como jueces con vocación de estadistas que se esforzaban por conocer la "voluntad de la nación" y expresaban sus convicciones sobre el país deseado. Visión de precursores que en circunstancias excepcionales veían el camino y empezaban a recorrerlo con un pensamiento superior que orientaba las conductas e inspiraba las sentencias.

Lejos de amilanarse ante la politización de la justicia y sus efectos, Oyhanarte la encaraba sin tapujos identificando a magistrados íntegros que asumían la alta política como un imperativo de la vida, sin invadir los dominios propios del gobierno y manteniéndose soberanos en su esfera de actuación. Cuando soplaban vientos de cambio -señalaba- aparecían los jueces sagaces que actuaban con cierta dosis de pragmatismo y algún "sentido de afectación": inclinándose como el árbol ante el vendaval, atendían los derechos agraviados y, ni sumisos ni genuflexos, se esforzaban por limitar los daños resultantes.

Oyhanarte alertaba al estamento sobre los riesgos de la degradación institucional. Con elocuencia se zambullía en el núcleo del problema para concentrarse en la resbaladiza cuestión de la independencia de los jueces. La evidencia demostraba que no pocos magistrados tenían clara conciencia del compromiso con la institución y bregaban por una conducta erguida -a veces heterodoxa- en defensa de la justicia; sin anteponer sus simpatías políticas; sin prostituirse con adhesiones ideológicas; sin prestarse a maniobras inconfesables. Aunque el intérprete no entraba en el terreno de los presupuestos éticos, sus consideraciones dejaban entrever la ausencia de desmesuras que pudieran eclipsar el prestigio del alto cuerpo.

Esta bocanada de aire fresco reclamada por la perpleja sociedad de nuestros días nos pone en presencia de un nuevo eje conceptual: cuando los cimientos de la República están en línea con el Estado de Derecho y la democracia atiende los intereses legítimos de la sociedad, la gestión del gobierno y la actuación de la Justicia, siendo inconfundibles, se revelan convergentes. Son inconfundibles porque la garantía de las libertades individuales y el respeto a los derechos humanos se alcanzan mejor separando los poderes de tal forma que cada uno de ellos ejerza las atribuciones exclusivas de su propia esfera. Son convergentes, porque la mayor justicia de los repartos se logra cuando los distintos órganos colaboran en la realización del bien común, promoviendo las libertades individuales y amparando los derechos humanos. Ecuación sumatoria y matriz política que se traduce en tradición republicana más democracia verdadera. Sin este acuerdo superador, hoy alterado por extraños maridajes ideológicos, tarde o temprano caerá el andamiaje institucional y pilares vertebrales como la separación de los poderes, los frenos y contrapesos, la independencia de los jueces se convertirán en mitos insostenibles.

Hasta aquí la construcción de un círculo virtuoso apropiado para atenuar las maltrechas relaciones entre el gobierno y la Justicia; y punto de inflexión que abre paso a una república bien dispuesta para acompañar el movimiento de avance suave hacia el futuro.

© La Nacion

El autor, profesor de teoría política, es investigador principal del Conicet

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