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Los jueces y el fantasma del juicio político
Por Bartolomé De Vedia
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La crisis de credibilidad que atraviesa el Poder Judicial argentino ha sido provocada, en buena medida, por la suposición -fuertemente arraigada, hoy, en el imaginario colectivo- de que existen magistrados sensibles o permeables a las presiones e influencias del poder político.
¿Cómo se presiona a un juez? Hay varias respuestas para esta pregunta. Se lo puede presionar, en primer término, en función de lazos o "lealtades" de pertenencia partidaria. Pero también se puede gravitar sobre él por caminos aún más burdos, como el de la prebenda o el soborno, lo que sólo es viable, naturalmente, cuando se está ante una persona vulnerable desde el punto de vista moral. Queda una tercera vía: la de la presión intimidatoria, que se concreta -por ejemplo- cuando se amenaza a un juez con el fantasma del juicio político, que en definitiva significa la posibilidad cierta de su destitución.
El tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires tiene a consideración, desde hace algún tiempo, una denuncia referida a un caso atípico: el de un letrado que habría amenazado a una jueza con llevarla a juicio político en el caso de que desconociera sus derechos o pretensiones. Lo singular del caso reside en que la presunta amenaza habría sido consumada en el propio expediente judicial, a través de un escrito. Lo que el tribunal de disciplina deberá debatir y analizar, en consecuencia, es la gran cuestión de los límites éticos y legales que todo abogado debe respetar cuando, en sus escritos, despliega su arsenal de argumentaciones "persuasivas" ante un magistrado.
"Velada amenaza"
El letrado que aparece involucrado en este supuesto caso de "intimidación en el expediente" es el ex ministro de Justicia Rodolfo Barra. En el juicio sobre rebalanceo de tarifas telefónicas caratulado "Defensor del Pueblo de la Nación contra Estado nacional s/amparo", sustanciado ante la jueza federal María José Sarmiento, Barra habría suscripto un escrito -en su carácter de abogado patrocinante del secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath- en el que se habría deslizado una velada amenaza de juicio político contra la magistrada.
El amparo solicitado por el ombudsman nacional, Jorge Maiorano, tendía a neutralizar los efectos del decreto 92/97, que introdujo reformas en el sistema tarifario telefónico. Al presentarse en el expediente, Kammerath -con el patrocinio de Barra- formuló las siguientes reservas: "Para el supuesto hipotético e improbable de que V. S. entendiese que el suscripto debe desconocer una norma jurídica vigente, como lo es el decreto 92/97,... formulo expresas reservas de concurrir por ante el tribunal competente, a efectos de denunciar tal situación, ...sin perjuicio de la denuncia que el ejercicio de la función pública me impone por ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, teniendo en cuenta las facultades juurisdiccionales y fueros con que V. S. se haya investida".
Al tomar conocimiento de los términos del escrito y de la "velada advertencia de juicio político a la doctora María José Sarmiento", los miembros de la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se dirigieron al presidente de ese tribunal, doctor Jorge Argento, para solicitarle la urgente convocatoria a un plenario. "Nuestro propósito -dicen los camaristas firmantes de la nota- es repudiar toda presión que se pueda haber querido ejercer sobre un juez".
Acordada
El plenario de la Cámara mencionada se efectuó el 24 de febrero de este año y produjo una acordada en la que se señala que los jueces están sujetos a responsabilidades disciplinarias y políticas "que no pueden invocarse para interferir en sus facultades jurisdiccionales" y que "el olvido de estas pautas puede comprometer la independencia del Poder Judicial, sobre todo cuando se pretende presionar por aquel medio a los jueces".
En la acordada se sostiene, asimismo, que los términos utilizados por Kammerath en su escrito "pueden traducir una velada amenaza, tendiente a obtener de la jueza de la causa un pronunciamiento judicial en un determinado sentido, por lo que corresponde formular la pertinente denuncia penal". Por ese motivo, la decisión del plenario fue comunicada a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que deberá considerar las denuncia.
Con posterioridad, el abogado Eduardo Marques Iraola remitió los antecedentes del caso al tribunal de disciplina del Colegio Público porteño, a fin de que se analice la actitud del letrado firmante del escrito a la luz de lo expresado por el tribunal que preside el doctor Argento.
El caso está ahora a consideración de la sala II del tribunal, que preside el doctor Horacio Rebon y de la que es vicepresidente el doctor Alberto A. Spota. La sala se pronunciará, probablemente, en el curso del mes próximo.
Más allá de lo anecdótico y de los nombres propios involcuradas, el episodio plantea una interesante oportunidad para profundizar en el gran tema de la independencia de los jueces y de los medios más o menos sutiles que suelen utilizarse para cercenarla.
