Los movimientos pendulares

Las teorías historiológicas que describen el avance de las civilizaciones no como un curso rectilíneo sino como un movimiento en espiral, producto de una sucesión de oscilaciones pendulares en las concepciones filosóficas, antropológicas, políticas y económicas dominantes, parecen aplicables a las actuales circunstancias argentinas.

En efecto, después de una década en que las ideas que asignan al capital privado el papel protagónico en el desarrollo de la economía y en la atención de las necesidades de la comunidad y relegan al Estado a una función supletoria -hay que recordar los intentos frustrados en el último tramo de la administración de Alfonsín-, parecen hoy recobrar fuerzas ciertas tendencias de sentido contrario.

Y los criterios que sostienen que el mercado es el mejor mecanismo para la asignación de los recursos de que dispone la sociedad parecen ceder terreno frente a un repunte de las inclinaciones reglamentaristas que suponen que es preferible atenerse a los designios voluntaristas y las decisiones políticas de los funcionarios.

Todo esto es esquemático, naturalmente, porque nunca se ha visto ni una ni otra propuesta en estado puro extremosamente aplicada a la realidad.

Pero el mix muestra siempre el predominio de una postura sobre otra, y cómo el fiel de la balanza se inclina hacia un lado o hacia el otro.

Privatizaciones en conflicto

Recibidas con amplio beneplácito de la sociedad, porque venían a resolver males profundos, evidentes, arraigados y en más de un sentido muy costosos, privatizaciones y desregulaciones vinieron fundamentalmente, en buena hora, a salvar de un colapso a plazo fijo a la mayoría de los servicios públicos esenciales, y produjeron un fenomenal aumento en la calidad y la confiabilidad de sus prestaciones; en algunos casos, incluso con reducción de tarifas.

Muchas veces se dijo, sin embargo, que en el proceso hubo apresuramientos y se deslizaron deficiencias que, andando el tiempo, generarían litigios y podrían llegar a poner en jaque la idea misma de la privatización.

La existencia de monopolios privados -a veces, obviamente inevitables-, imprecisiones en los contratos de concesión, un funcionamiento inadecuado de los entes de regulación y control -en algunos casos constituidos tardíamente y acusados de politización, y hasta de venalidad-, y ahora la renegociación de las condiciones establecidas en algunos pliegos de licitación originales o en los contratos de concesión, con ajustes tarifarios que los usuarios perciben como abusivos e infundados, vienen a echar sombras y a suscitar cuestionamientos que alientan el reclamo de un papel más activo del Estado, por medio de regulaciones más severas y un control eficaz que obligue a las empresas a cumplirlas. Como si el péndulo hubiera completado un ciclo y comenzara a retornar.

Agua, teléfonos, rutas...

El caso más conflictivo es el de Aguas del Tucumán, convertido en un verdadero entredicho sometido al arbitraje internacional, con la consiguiente preocupación para los inversores del exterior.

Allí, la Legislatura provincial modificó unilateralmente las condiciones del contrato (la concesión fue otorgada durante el gobierno de Ramón Ortega) y rechazó el resultado de sucesivas renegociaciones con el gobierno de Domingo Bussi; hoy, la provincia exige a la empresa que siga atendiendo el servicio a pérdida -ni siquiera puede facturar, porque no hay una tarifa-, y no consigue quién se haga cargo de las prestaciones.

A esto se añade la discusión tarifaria con Aguas Argentinas y el hondo malestar que produjo el enojoso episodio de las intimaciones.

Pero no sólo de agua se trata. También sigue sin dilucidarse la cuestión del rebalanceo de las tarifas telefónicas, para el que la Corte Suprema no puede encontrar una respuesta, y ya se vislumbran nuevas discusiones como consecuencia de la decisión de habilitar a las compañías telefónicas ya instaladas para participar en la demorada -también con implicancias judiciales- licitación para la telefonía celular, lo que importa un cambio sustantivo en las reglas de juego.

Renegociación

Entretanto, también hay en marcha una renegociación de contratos con los concesionarios de los ferrocarriles urbanos y suburbanos, y, consecuentemente, se han hecho oír las quejas -en este caso provienen de legisladores frepasistas- que reclaman ante la Justicia una audiencia pública para que los usuarios intervengan en las gestiones.

Pero son las concesiones en la administración de rutas por el sistema de peaje las que en estos últimos tiempos han generado las mayores tensiones, con protestas del público por los aumentos de tarifas, temores de las empresas concesionarias por eventuales quebrantos y preocupaciones gubernamentales por el reclamo de cuantiosos subsidios.

Signos inquietantes

No cabe duda de que todos estos episodios, estas indefiniciones, estos cambios de planes, generan un clima de incertidumbre que difiere de las condiciones en que se desenvolvía la actividad económica con una orientación más precisamente definida, más clara y creíble.

Lo malo es que no son sólo algunas reacciones de fastidio de la gente que se siente afectada o algunas intencionadas manifestaciones político-partidistas de la oposición lo que tiende a generar aprensiones y dudas.

Desde el oficialismo parlamentario se promueve una marcha atrás en materia de libertad de tasas de interés, de modo de imponer un tope a las que perciben los bancos cuando financian consumos mediante tarjetas de crédito.

Cuidado con la bomba

Y desde el Poder Ejecutivo se impulsa, por una parte, una política de bombear fondos para acelerar la expansión económica, cuando hay signos de un fuerte crecimiento en los niveles de actividad productiva y de demanda interna, y comienzan a sonar voces que predican la necesidad de tocar el freno para evitar complicaciones.

Por otra parte, se negocia una difusa reforma laboral que significa un retroceso en el proceso de desregulación de hecho producido en los últimos años, y podría ser contraproducente -como han advertido algunos especialistas- para el objetivo de reducir el desempleo.

No hay que olvidar tampoco, es claro, la reforma tributaria. Que más allá de virtudes y defectos tiende a aumentar la sensación de inseguridad, particularmente cuando procura restablecer impuestos que habían sido suprimidos hace poco, y anticipa fuertes distorsiones en todas las ecuaciones económicas, en las que las cargas tributarias son un dato fundamental que debería ofrecer una gran estabilidad.

Nadie piensa que se estén abandonando los criterios que en estos últimos años han producido un cambio diametral en la economía argentina. Pero vendría bien que los hechos lo confirmaran.

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