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Los pilares de la democracia
Por Alberto Föhrig y Martín Böhmer Para LA NACION
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Douglas North, premio Nobel de Economía, sostiene que las instituciones son un conjunto de mecanismos que estructuran la interacción social, política y económica. Las instituciones implican limitaciones en los comportamientos de los actores. Estas limitaciones pueden ser formales, como las establecidas en las constituciones y las leyes, o informales, como las tradiciones, las conductas y los tabúes.
Las instituciones son productos históricos y surgen de la necesidad de crear órdenes en los que las personas puedan interactuar y reducir el costo de sus intercambios. Las instituciones permiten estructurar y coordinar las opciones de los actores. Uno de los códigos informales sobre los cuales descansan las instituciones democráticas requiere que los actores se autolimiten para preservar las reglas y, en consecuencia, la legitimidad del sistema en su conjunto.
La principal regla dentro de un sistema democrático es el gobierno de la mayoría. Sin embargo, la existencia de la regla de mayoría coexiste con otras, tales como los derechos de las minorías. Estas reglas, denominadas contramayoritarias, preservan los derechos de las minorías ante avances de mayorías circunstanciales.
Las reglas son previas, no posteriores a los votos. Mientras que las mayorías se modifican de acuerdo con las preferencias expresadas por los ciudadanos en cada turno electoral, el conjunto de derechos se preserva fuera del debate que animan tales mayorías. Así, no es justificable que una mayoría electoral vulnere derechos básicos, como la libertad de expresión o de reunión.
Estas reglas propias de los sistemas democráticos también regulan a los partidos políticos. En función de ellas existen dos planos diferenciados: la vida interna de los partidos y la competencia electoral entre los partidos.
En el primero, los partidos deben, entre otras cosas, definir su estrategia, su programa electoral y los candidatos a cargos electivos que luego serán sometidos a la elección de la ciudadanía. En el segundo, los partidos compiten entre sí para determinar de manera proporcional su representación en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Cuando los partidos no son capaces de llegar a un consenso respecto de alguno de los aspectos de su vida interna, existe en el sistema institucional argentino el instrumento de las elecciones internas abiertas, que fueron sancionadas por el Congreso y promulgadas por el ex presidente Eduardo Duhalde en 2002 como una medida tendiente a aumentar la transparencia en la selección de los candidatos dentro de los partidos frente a la crisis de representación que hizo eclosión en la Argentina a fines de 2001.
Si la vida interna de los partidos se mezcla con la competencia entre partidos, se generan riesgos para el sistema democrático, dado que la expansión de la competencia interna de un partido al conjunto del sistema de partidos genera distorsiones en la competencia entre ellos. Sin competencia genuina entre agrupaciones no hay democracia.
El presidente Néstor Kirchner, que entendió que debía autolimitarse para designar los nuevos ministros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como requisito para dotar de legitimidad a ese poder del Estado, no parece actuar de la misma manera cuando se trata de generar legitimidad en el Poder Legislativo. El hecho de que la oposición se encuentre fuertemente debilitada en la Argentina no exime tanto al Presidente como a los restantes actores políticos de dicha autolimitación.
La democracia requiere mayorías, pero también requiere reglas. Estas reglas, como dijimos, son contramayoritarias, y la "agencia" encargada de aplicarlas no debe estar sujeta al humor de las mayorías circunstanciales. Esta "agencia" es el Poder Judicial, y es por ello que impugnar su participación sobre la base de una pretendida "judicialización de la política" ignora este aspecto fundamental de nuestro sistema.
Así, puesto frente a esta situación por una demanda oportuna, como la formulada en la provincia de Buenos Aires contra la presentación en listas separadas de Hilda de Duhalde y Cristina de Kirchner, un juez podría adoptar diversas actitudes.
La primera es verificar ingenuamente la presentación de dos partidos diferentes por la mera demostración de que cada uno ha sido inscripto por separado y fallar rechazando la presentación. Esta actitud del magistrado estaría abonando una mirada cínica, despreciativa de las leyes, celebratoria de la viveza que hace del Derecho un mero instrumento.
Sin embargo, la causa iniciada podría tomar un sesgo diferente. En este caso, el juez o jueza en cuestión podría tomarla seriamente y abrir la causa a prueba para permitir la deliberación pública sobre el tema.
Si esto ocurriera así, el demandante debería demostrar que no hay dos partidos, sino uno, y que la presentación de dos listas enmascara la intención de violar la Constitución, impidiendo a los bonaerenses llevar al Senado de la Nación la representación no sólo de sus acuerdos, sino también de sus diferencias, expresadas en dos partidos políticos separados.
El demandado, en cambio, debería demostrar que, efectivamente, se están presentando dos partidos y que los principios deliberativos y de celebración de las diferencias encarnados en el artículo 54 de nuestra Constitución no se ponen en riesgo con la aceptación de estas dos listas separadas.
La producción de la evidencia necesaria no sería demasiado difícil de realizar. Entre otras cosas, se podría pensar en testimonios sobre votaciones y composición del bloque justicialista, comparación de las personas que integran las listas y sus pertenencias a listas partidarias anteriores, sus afiliaciones partidarias, el testimonio de periodistas que cubrieron los intentos del peronismo de llegar a una lista única, el testimonio de estudiosos de la política partidaria argentina, las declaraciones de los protagonistas, etcétera. Además, el juez o la jueza en cuestión podrían aceptar amici curiae (opiniones) de expertos en Ciencia Política argentina o de ONG que trabajen en esta área como otra forma de aumentar la legitimidad de su decisión a través de una deliberación amplia de la sociedad.
Elevar el nivel de la disputa judicial resulta fundamental en un caso que impacta en el corazón de la legitimidad de la autoridad de la democracia: su capacidad para garantizar la presencia de la mayor cantidad posible de argumentos y de voces en los debates parlamentarios, para que nuestras decisiones públicas sean las mejores que los recursos disponibles en nuestra cultura política nos permitan alcanzar.
