Los placares hablan; la política calla

Los placares hablan. Los cajones repletos de dólares que fueron filmados en la casa de Insaurralde son toda una confesión. Hablan de un sistema de corrupción, pero también de una escala de impunidad y ostentación que se fue naturalizando. Sin embargo, lo que tal vez sea necesario es reparar en los silencios.

¿Qué ha dicho la política frente a esas escenas? Poco y nada. El ministro de Gobierno de Kicillof, del que Insaurralde era jefe de Gabinete, despachó el asunto con una frase de ocasión: “Si existe delito, la Justicia tendrá que sancionarlo. Es un tema de la Justicia”. La afirmación es muy reveladora: “No es asunto nuestro”, dice con otras palabras. Pero incorpora, además, alguna dosis de cinismo. El primer juez que investigó a Insaurralde, después de las fotos que lo mostraban en el yate Bandido por las aguas del Mediterráneo, fue Ernesto Kreplak, el hermano del ministro de Salud de Kicillof. Más tarde la causa pasó al juzgado de Luis Armella, pero ya lleva tres años e Insaurralde ni siquiera fue citado a indagatoria.

El gobernador Kicillof no dice una palabra; no se declara preocupado o defraudado por lo que cuentan esas imágenes. El PJ bonaerense, del que Insaurralde fue un destacado dirigente, también hace silencio. El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, el distrito que gobernó durante más de una década, no emite una sola declaración. Todo el sistema político parece mirar para otro lado, como si solo esperara que el escándalo se desinfle. Peor aún: como si nadie estuviera en condiciones de condenar esos hechos sin quedar expuesto.

No es difícil sospechar cuál podría ser el origen de esos dólares apilados y embolsados en el vestidor. Como jefe de Gabinete de Kicillof, y antes como intendente de Lomas, Insaurralde tenía “jurisdicción” sobre temas tan sensibles como el del juego, las “saladitas” y los permisos de construcción y desarrollos inmobiliarios. Solo se le había escapado el millonario negocio de las fotomultas, que era manejado por otro ministro de Kicillof: Jorge D’Onofrio, acusado ahora de enriquecimiento ilícito. Pero Insaurralde también tenía una fuerte influencia en la Legislatura provincial, donde puso como presidente a un fiel lugarteniente suyo, el actual intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin.

Hay que decirlo con más claridad: esa Legislatura en la que quedó expuesto, con Chocolate Rigau, un sistema clandestino de recaudación a través de empleados fantasma era manejada a control remoto por Insaurralde. No se la ve como una institución, sino como “una caja”. Por supuesto, hoy también hace silencio: si alguien se atreviera a proponer una comisión investigadora para poner la lupa sobre ese entramado de corrupción, sería expulsado –seguramente– del “paraíso bonaerense”.

Hay otro silencio que hace ruido: el de la oposición. Salvo alguna voz aislada, ningún partido político ha emitido en la provincia una sola declaración exigiendo que se investigue “el sistema” detrás de la montaña de dólares filmada por Jesica Cirio. Parece la confirmación de una suerte de pacto que se escenifica en las tinieblas de la Legislatura bonaerense.

El gobierno nacional tampoco ha salido a levantar la voz. Con Adorni en el placard, le resulta por lo menos incómodo denunciar esa obscenidad de los “dólares crocantes”. Billetes más, billetes menos, todo remite a esa dimensión de la plata negra y del patrimonio inexplicable.

Los silencios de la política hacen juego con la morosidad de la Justicia. El caso Insaurralde es representativo de un método: aun los casos más flagrantes entran en un cono de sombras cuando se hace cargo de ellos la burocracia judicial. Por supuesto que un proceso penal tiene plazos y mecanismos muy distintos de los del juicio de la opinión pública. Pero bajo el amparo de los “tiempos judiciales”, muchas causas duermen el sueño de los justos, como si la Justicia administrara la impunidad en lugar de combatirla.

Es el método que hoy se observa, por ejemplo, en la telaraña de corrupción de la AFA. Disputas de competencia, cambios de jurisdicciones y chicanas procesales se combinan para que todo quede en un limbo en el que no hay castigo ni sanción.

Muchos jueces, abogados y fiscales se especializan en adormecer las causas. En la jerga abogadil, se los identifica con un nombre: anestesistas. El método incluye, en algunos casos, ciertas sobreactuaciones iniciales antes de “planchar” el expediente. El tiempo, en estos casos, juega siempre a favor de los imputados. ¿Qué podría encontrarse hoy en el vestidor de Insaurralde? No deben quedar ni las remeras. Un allanamiento, sin embargo, en aquellos días posteriores a la travesía en el Bandido tal vez hubiera mostrado lo que la política busca esconder.

En este paisaje de silencios institucionales y complicidad judicial asoma un interrogante de fondo: ¿Insaurralde fue una oveja negra o era parte de un rebaño en la provincia de Buenos Aires? Sin metáfora: ¿fue una anomalía o un engranaje del sistema?

Si se escuchan los susurros de la política bonaerense asoma la respuesta. Lo que muchos le reprochan al exjefe de Gabinete de Kicillof es su “descuido”, su debilidad por el lujo, el exhibicionismo y la ostentación. La impugnación parece más estética que moral.

Se impone, entonces, otra pregunta, quizá la más inquietante: ¿hay un sistema que sigue funcionando más allá de Insaurralde, de Chocolate y de D’Onofrio? Los silencios de la política tal vez funcionen como una confesión. Son silencios, al fin y al cabo, que también hablan, como los placares.

Después del caso Chocolate, no se produjo en la Legislatura ningún cambio estructural. Ni siquiera hubo un maquillaje; mucho menos una regeneración institucional. Simplemente, se absorbió el golpe y se siguió como si nada hubiera pasado.

No ha habido noticias, tampoco, de ninguna reestructuración o mayor control sobre los circuitos que “administraba” Insaurralde, desde los bingos hasta las ferias de ropa falsificada. Hay indicios, sí, de que el exfuncionario conserva resortes de influencia en distintos estamentos del organigrama bonaerense. Su red no ha sido desmantelada: hay directores que le responden en la Dirección de Lotería; en la administración de la Legislatura, en el Tribunal de Cuentas, en la Defensoría del Pueblo y hasta en el Consejo de la Magistratura.

Las imágenes que acaban de conocerse no revelan, en el fondo, algo que no se supiera. Pero hacen que la corrupción se vuelva visible, palpable, casi cinematográfica, pero a la vez documental. Como los bolsos de López, o aquellas máquinas de contar plata en La Rosadita, dejan de ser una mera prueba judicial para convertirse en una certeza irrefutable.

Está claro que, a pesar de esa carga hiperrealista, la mayor parte de la política está dispuesta a fingir demencia. La última pregunta nos involucra, entonces, a los ciudadanos: ¿cómo procesará la sociedad las imágenes “vivas” de la corrupción? ¿Se impondrá la resignación o crecerá la demanda ética? ¿Se aceptará la complicidad o se pasará factura? En un país que parece estar aprendiendo la importancia de la racionalidad económica, tal vez el próximo debate pase por “la moral democrática”. En esa Argentina, alguien prenderá la luz en la Legislatura bonaerense, los jueces tendrán que dar explicaciones y ningún ministro podrá volver a decir “esto no es asunto nuestro”.