Los problemas, más acá del FMI

Si no fuera por el dramatismo de la crisis argentina, la relación con el Fondo Monetario se parecería a una comedia de equívocos, de final incierto, donde cada protagonista dice tanto como lo que oculta.

El presidente Duhalde ya perdió varias apuestas con los plazos y cree que le corren el arco cada vez que intenta ponerle fecha al acuerdo. Sólo en los últimos días tomó conciencia de que el organismo, controlado por países donde residen decenas de miles de acreedores privados damnificados por el default de la deuda argentina, no le hará las cosas fáciles. Y que, por lo tanto, cada traba tiene un dejo de escarmiento. Para su desazón, también ha comprobado que los requisitos que le impuso el FMI (modificación de la ley de quiebras, derogación de la de subversión económica y acuerdos con las provincias para reducir el déficit) eran, en realidad, condiciones para comenzar a negociar un programa monetario y fiscal (todavía no disponible) y no para otorgarle la demorada asistencia financiera que busca prácticamente desde que asumió.

Si de desilusiones se trata, el alemán Horst Köhler, director-gerente del organismo, no le fue en zaga al declararse irritado por el zigzagueo del gobierno argentino a la hora de definir cómo va a estabilizar su economía y garantizar algún grado de seguridad jurídica y financiera a sus acreedores. En un lenguaje menos diplomático aún, el presidente uruguayo, Jorge Batlle, protagonizó un insólito exabrupto que, más allá de las formas, expresa la percepción que buena parte de la comunidad internacional tiene lamentablemente de la Argentina. Al mandatario vecino lo traicionó su desesperación: Uruguay es el único país contagiado seriamente por la debacle económica argentina que, además, pone en jaque a su sistema financiero. Por si fuera poco, ahora teme verse arrastrado por la crisis que se está gestando en Brasil, lo cual motivó que el FMI y los organismos financieros internacionales lo socorrieran con un paquete de ayuda, cuya celeridad se envidiaría de este lado del Río de la Plata.

En medio de estos desencuentros, discutir qué tipo de misión enviará el Fondo en los próximos días a Buenos Aires es perder de vista el problema.

Sin ancla ni amarras

A estas alturas está claro que el Fondo no tiene ningún apuro en ayudar a la Argentina, por la desconfianza que le inspira su clase política. La cual no tuvo, en los últimos meses, ningún empacho en dinamitar las principales instituciones económicas y en declarar la cesación de pagos del Estado en medio de una irresponsable algarabía del Congreso. Si a esto se suma el carácter provisional del gobierno de Duhalde, su debilidad política y sus amagos de renuncia, es obvio que si hay ayuda, será más que nada para mantener abierta la negociación. En última instancia, la asistencia del Fondo es un medio y no un fin.

Pero hay otra vertiente del problema: para llegar al acuerdo -y que exista una perspectiva de mejora detrás de él- el Gobierno deberá demostrar que la economía no se encamina hacia una situación hiperinflacionaria con acelerada pérdida de reservas, como temen muchos analistas. El "ancla" que ahora pide el Fondo no es otra cosa que definir un programa monetario que corte un círculo perverso: emisión-más demanda de divisas-suba del dólar-mayor inflación.

Aquí hay culpas compartidas. Hace cuatro meses, el FMI recomendó inoportunamente la flotación del tipo de cambio, a pesar de que el Gobierno acababa de disponer la absurda "pesificación asimétrica" de depósitos y préstamos bancarios y que no había ningún plan económico a la vista. Ahora tampoco lo hay, pero sí existe un agravante: hasta que no se conozca la opción de los ahorristas atrapados en el corralón -o sea, si prefieren mantener los depósitos a plazo fijo reprogramados compulsivamente (Cedro), o el bono en dólares que ofrece un Estado en quiebra (Boden)- tampoco se podrá definir un programa monetario coherente. Eso no ocurrirá en junio, sino a mediados de julio, por lo cual es impensable que este mes se pueda cerrar el acuerdo con el Fondo al que apostaba Duhalde.

Por otro lado, como ni el corralito ni la ley tapón que sancionó el Congreso han frenado el drenaje de depósitos a la vista (cuentas corrientes y cajas de ahorro), la mayor parte de las entidades financieras no está en condiciones de devolverlos si no pide redescuentos (préstamos) al Banco Central. Esos fondos terminan aumentando la demanda de dólares, lo cual agrava la pérdida de reservas, que el BCRA pretende ahora restringir en el segmento minorista, a costa de incentivar el mercado paralelo. A su vez, si el Ministerio de Economía cumple con su intención de rescatar bonos para que sus titulares puedan comprar bienes o acciones, lo previsible es que haya más emisión y el círculo se amplíe.

Muchos bancos, oficiales y privados, ya están diseñando estrategias para que sus clientes opten por los bonos estatales y hasta prevén otorgar incentivos a los empleados que convenzan a los ahorristas. Esta decisión de ir achicando la operatoria y endosársela al Estado tiene como trasfondo que nadie sabe a ciencia cierta qué pasará en el futuro con el negocio bancario en la Argentina, más allá de un inevitable redimensionamiento, que ya ocurrió en otros países que atravesaron crisis similares, como México o Indonesia. En este sentido, un estudio de la Sociedad de Estudios Laborales, que dirige el economista Ernesto Kritz, estima que si el sistema financiero (que ocupa en forma directa a 135.000 personas, más otras 65.000 en AFJP, compañías de seguros y actividades conexas) se redujera a la mitad, ello tendrá un impacto directo de un punto en la tasa nacional de desempleo, con destrucción de puestos de trabajo de alta calificación y formalidad, además de una importante reducción del consumo privado de clase media, especialmente en la Capital Federal.

Estas incógnitas sobre el futuro de la política monetaria y la reestructuración del sistema financiero también condicionan la sucesión de Mario Blejer al frente del BCRA. En las últimas semanas se barajaron nombres de las más diversas tendencias, como Martín Lagos, Amadeo Vázquez, Emilio Cárdenas, Arnaldo Musich, Alfonso de Prat Gay, Roberto Frenkel, Oscar Lamberto o Mario Vicens. No en todos los casos hubo ofrecimientos y cuando sí los formuló, el Gobierno recibió diplomáticas negativas. El argumento fue la inexistencia de un consenso político sobre las bases de una futura reforma financiera. Aunque una definición de esta naturaleza deberá partir de un próximo gobierno surgido de las urnas, es cierto que tampoco se puede perder más tiempo y que la actual administración debería intentar sentar las bases de una ley para devolver independencia al BCRA, reforzar requisitos de idoneidad para ocupar cargos y resolver el vacío legal que provoca que ante cualquier cierre de un banco la responsabilidad judicial recaiga personalmente sobre los funcionarios y no sobre la institución.

En esta como en otras tantas áreas del Estado, el dilema es siempre el mismo: cómo reconstruir instituciones destrozadas, sin las cuales será imposible mantener reglas de juego estables para salir del marasmo económico y generar condiciones para el crecimiento. Una necesidad que depende mucho más de un urgente acuerdo de fuerzas políticas y sociales que de un incierto y condicionado apoyo financiero del FMI.

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