Los pueblos indígenas y el conflicto en Villa Mascardi

Sergio Capozzi
Sergio Capozzi PARA LA NACION
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30 de mayo de 2020  • 01:58

A fines de noviembre de 2017, el lago Mascardi fue noticia en todos los medios. En una escaramuza entre quienes se decían miembros de la comunidad indígena Lafken Winkul Mapu y el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, resultó muerto Rafael Nahuel. Hasta poco tiempo antes, este joven vivía en un barrio de Bariloche llamado Virgen Misionera. Desde ese mismo barrio, un grupo familiar de origen mapuche, del cual formaba parte Rafael, se trasladó hasta las cercanías del lago Mascardi, declarando esa zona territorio mapuche.

Desde hace décadas la villa Mascardi es ocupada legalmente por muchas familias con distintos orígenes. También se encuentran cabañas destinadas al turismo, una estación de servicios del ACA, un complejo de edificios que alguna vez pertenecieron a Gas del Estado, y otro de Parques Nacionales donde, hace unos cuatro años, se comenzaron a realizar reformas para instalar allí la escuela de Guardaparques. Estas propiedades inmuebles y sus muebles, como maquinaria y vehículos, fueron vandalizadas. El proyecto de Parques debió ser abandonado.

Durante el último verano, quienes concurrían a las playas del lago se veían conminados a retirarse del lugar por personas que, con sus rostros cubiertos, decían pertenecer a la comunidad indígena. Del mismo modo, sigue siendo habitual el corte de la ruta nacional 40.

En estos días, la violencia ha recrudecido. Un cuidador fue amenazado de muerte mientras robaban aberturas y mampostería y prendían fuego a una cabaña. El agredido realizó la correspondiente denuncia y como consecuencia la justicia dispuso el traslado al lugar de dos fiscales y su respectivo personal. No pudieron cumplir su trabajo, recibieron agresiones de todo tipo, al punto que tuvieron que retirarse para evitar males mayores.

La pregunta es: ¿cómo sigue esto? ¿Esperamos que haya otro muerto? ¿A la agresión se le responde con represión? La violencia tiene una particularidad, su escalada; si alguien no interviene, es exponencial y, después será tarde, todos perdemos.

La Constitución Nacional, a través de varios artículos, establece los derechos y garantías de las cuales gozan todos los habitantes, sin distinguir ni privilegiar por lugar de nacimiento, raza, credo, color o religión. Todos tenemos derecho a transitar, disponer y ejercer el derecho de propiedad. Particularmente, el artículo 75 Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Dicho esto, es irrelevante el tema de quién llegó primero a estos lares, el actual Parque Nacional Nahuel Huapi. En San Carlos de Bariloche tenemos miles de descendientes de pueblos originarios. Su inmensa mayoría están integrados a la sociedad.

En 2006 se dictó la ley 26.160, por la cual se declara la emergencia de las tierras que tradicionalmente ocupan comunidades indígenas. Esta ley fue prorrogada varias veces; va a tener mínimo diecisiete años de vigencia y el asunto estará sin resolver. En este lapso se han dictado más de 190 normas nacionales complementarias. Durante los primeros tres años contados a partir de la vigencia de esta ley, es decir 2009, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debería haber realizado el relevamiento técnico -jurídico- catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y tenía que promover las acciones que fueren menester. No lo hizo.

La provincia de Río Negro adhirió a aquella ley mediante la propia que lleva el número 4753, del año 2012. En cuanto al relevamiento de las comunidades, Bariloche tiene una sola, que es aledaña al Cerro Catedral; la supuesta comunidad Lafken Winkul Mapu jamás fue reconocida, ni se inició trámite alguno.

Otra norma provincial, la ley 2287, reconoce la existencia del Consejo Asesor Indígena y crea el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas. Esta última ley dispuso la adjudicación en propiedad de la tierra cuya actual posesión (al momento de la promulgación) detentan los pobladores y/o comunidades existentes. A su vez, en el artículo 11 se dispone que en el caso de usurpaciones, vicios de posesión o adquisición se debe dar intervención a la Fiscalía de Estado para que promueva las acciones legales y/o administrativas que correspondan.

El Poder Ejecutivo Nacional cuenta con el Instituto Nacional Indígena, que "presta atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país para asegurar su defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Implementa programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes, tal como lo establece el decreto 410/2006 que reglamenta su estructura organizativa".

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha desarrollado un programa que se llama Mediación Comunitaria, entre sus temas se ocupa de problemas como el que se suscita en inmediaciones del Lago Mascardi.

En síntesis, en la Argentina no hay ciudadanos de primera y otros de segunda, incluso los extranjeros gozan de los mismos derechos y obligaciones. Los pueblos indígenas argentinos (si se quiere podemos prescindir de este último término presente en la Constitución) tienen infinidad de medios legales para reclamar por lo que creen que es suyo y, de ser correcto, la autoridad legítimamente constituida deberá ocuparse de reparar el daño.

Nadie puede por ningún motivo ejercer acciones directas por fuera de la Justicia, menos aún ejercer violencia. De ocurrir esto contra las autoridades, los autores son pasibles de penas que, en caso de desconocimiento de la misma autoridad, pueden corresponder a los cargos de sedición. Mientras tanto, los Estados Nacional, provincial y municipal deben garantizar la seguridad y libertad de todos nosotros. Si cada uno cumple con su deber y reclama legítimamente habremos dado un paso adelante como sociedad y en pos de la paz y armonía.

Coordinador Fundaciòn Pensar Río Negro

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