Los que mandan (III): Sindicalistas, Gobierno, Iglesia y demás

Orlando J. Ferreres
Orlando J. Ferreres PARA LA NACION
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7 de abril de 2016  • 00:17

Continuando con nuestros anteriores artículos "Los que Mandan (I) y (II)" ahora pasamos a los que mandan en las organizaciones obreras, que siguiendo la atomización que se ha dado en el país, también se han fraccionado en tres CGT y dos CTA y otras organizaciones menores. En el momento de la crisis de 2002 no criticaron mayormente la pesificación de los salarios y el gran deterioro de los mismos en términos reales. Anteriormente, fines de 2001, habían pedido la devaluación bajo distintos eufemismos, como ser por ejemplo, "recuperar la política cambiaria", aunque es conocido que la devaluación, y la inflación correspondiente, significan caída del salario real. Se aprecia una falta importante de renovación en los dirigentes sindicales, que en muchos casos duran años e incluso décadas.

Queda la sensación de que deben ocurrir cambios significativos en la representación de los trabajadores para que esta representación sea más acorde con las condiciones de los trabajadores del siglo XXI, por ejemplo, administrando el ahorro de los representados, preocupándose por el nivel del valor agregado por persona ocupada y su relación con el salario que se gana según sector, interesándose en el entrenamiento y la capacitación necesarios del trabajador del siglo XXI, que será mucho mayor que en el pasado.

Pasando a los directivos y empleados del sector público no han considerado la perspectiva de largo plazo. Se ha ido desarrollando la idea de que la renta nacional, o ahorros líquidos, acumulados para uso posterior (reserva para futuras jubilaciones, reservas para mantener el valor del dinero y otras) son propiedad del Estado. Éste establece sus gastos, que son inamovibles y, si los ingresos no alcanzan, se deben agregar más impuestos sobre el resto de las familias o las empresas productivas. Así, se aumentó el IVA de 13%, a 16%, a 18% y luego a 21% desde 1991 a 1995. Se creó el impuesto a la renta presunta de 1 % de los activos, el impuesto a los intereses que pagan las empresas, que originalmente era de 15 % y después se derogó, pero quedó el impuesto a todos los movimientos bancarios (impuesto al cheque) del 1,2 %, entre otros.

No se pudo seguir incrementando la deuda, que creció mucho hasta fines de 2001, y que entró en default en 2002. Después se siguió colocando bonos en Venezuela pues los demás países no nos financiaban, hasta que los intereses llegaron al 15% y no se pudo seguir con este mecanismo. Este aumento de la deuda no se destinó mayormente a obras de infraestructura sino a pagos corrientes, salarios, bienes e intereses. Como tampoco alcanzó, se establecieron impuestos a la exportación de hasta 35% como en el caso más representativo de la soja. Como aun no alcanzó, se expropiaron los ahorros de futuros jubilados administrados por las AFJP (administradores que no se opusieron a la expropiación).

Desde 2010, se usaron las reservas internacionales para pagar gasto público, pero al utilizarlas para pagar deuda, se liberaron recursos para gastar más en política y subsidios a las empresas y poder ganar las elecciones de 2011, por el gran consumo y buenas ganancias de las compañías, acompañados por la gran suerte en los altísimos precios agrícolas. Esto no pudo mantenerse para las elecciones de 2013. Los que mandan en el Estado no percibieron que el nivel del gasto público consolidado venía creciendo vertiginosamente y tal es así que en 2015 llegó al 53% del PBI, situación que se volvió insostenible. Resulta obvio que hemos sobrepasado largamente el límite tolerable del gasto público sustentable y que esto no se puede hacer sin generar riesgos de una ruptura en el desarrollo futuro del país.

En cuanto a las provincias, los que mandan en ellas, los gobernadores, han transformado a la Nación en aquella entidad a la que hay que ir sacándoles recursos, aunque no siempre lo logran, pero ese es su objetivo. El concepto de federalismo no incluye, en última instancia, los intereses nacionales. La Nación, desde este ángulo, sería como una cooperativa de provincias de la cual tenemos que obtener cosas. De lo contrario, no se aprueban las leyes.

Tanto los que mandan, como las instituciones en las que actúan, deben cambiar para adquirir auténtica credibilidad, ser nuevamente representativas

Así estamos con la ley de coparticipación federal, que debía haberse votado, según la nueva Constitución del año 1994, en 1995 o 1996 a lo sumo y, hasta ahora (2016), no ha podido ni discutirse, a pesar de la infinidad de proyectos que pululan en el Congreso al respecto. En la mayoría de las provincias se han reformado las constituciones para permitir la reelección permanente de los gobernadores quienes se van convirtiendo en dueños y señores feudales de esa región. Una solución para estos temas, que ha sido propuesta por más de uno, es la regionalización, pero estamos muy lejos de ver algo concreto en este aspecto.

Las provincias se quejan de que la Nación se queda con muchos más recursos de lo que les correspondería, pero la cantidad de empleados públicos ha aumentado sólo en las provincias y CABA de 1.522.934 en 2002 a 2.733.171 en 2015(e) o sea en más de 1.200.000 puestos entre 2003 y 2015. ¿Cómo podrían haber aumentado las provincias, sin necesidad, esa tremenda cantidad de puestos burocráticos y con pocos recursos como dicen?

Otros factores de poder entre los que mandan, tanto directamente como indirectamente, son las fuerzas armadas, la iglesia, los académicos, los estudiantes y los intelectuales. Los militares han tenido menor relevancia en los últimos 30 años en las decisiones y se ha verificado un cambio importante en relación a lo que ocurría desde 1930: existió un gran vacío de poder hacia fines de 2001, pero no hubo ni insinuación de golpe de estado. Señal de que ha hecho efecto la profesionalización de las fuerzas armadas, dedicadas a su labor específica, o el escaso poder de que disponen actualmente luego del desgaste producido por los innumerables errores cometidos en el pasado.

La Iglesia y otras organizaciones religiosas han tratado de generar un ámbito para la reflexión en 2002 por medio del Diálogo Argentino, con poco éxito en lograr cambios relevantes, aunque estos efectos no se ven en el corto plazo. La imagen de un Papa argentino ha mejorado la percepción de la Iglesia y sobre todo la necesidad de humildad para poder salir adelante.

Los intelectuales han tenido menor influencia en los últimos tiempos pues se discute más bien sobre personas que sobre ideas. Los progresistas están asociados en "Carta Abierta" en tanto que los de centro y centro derecha se agrupan en "Aurora", ambos de poco peso en las decisiones. Mientras tanto lo que ha aumentado mucho es la influencia de la farándula y de los medios informativos (radial, televisivo, diarios, revistas) que analizan básicamente el acontecimiento, lo que pasa en el día, muy dirigido al personaje que lo lleva a cabo. Sin embargo, algunos programas periodísticos han tenido importancia relevante en los cambios políticos de 2015, como puede ser el programa PPT.

Finalmente, la gran masa de la población se ha visto acorralada y disminuida en su disponibilidad económica, producto de los errores de los que mandan, que creen saber de todo. El pueblo está desorientado y todos andan como "ovejas sin pastor". Incluso muchos políticos de todo pelaje en estos primeros meses del nuevo gobierno se quejan de que ahora se ve la inflación cuando bien saben que es inflación reprimida por el gobierno populista anterior.

A modo de síntesis podemos decir que las personas que mandan se han refugiado en diversas instituciones de poder, dentro de las cuales ejercen cierta influencia, muy atomizada. Estas instituciones, a su vez, se han fraccionado, tanto sean partidos políticos (hay 830), como la industria, la representación obrera, los bancos, el agro, la iglesia, los intelectuales, los periodistas, y los estudiantes. Este deterioro de los que mandan, esta explosión de las instituciones, está señalando el fin de una época, una etapa que ya se ve que no puede continuar pues no puede prometer, ni promete, esperanza cierta para los argentinos.

Tanto los que mandan, como las instituciones en las que actúan, deben cambiar para adquirir auténtica credibilidad, ser nuevamente representativas y revitalizarse con el fuego sagrado de los sueños a realizar.

Por ahora los que mandan van circulando con casi todas las luces apagadas, tratando de que no se note mucho que están, de que no cumplen plenamente con su papel, pero sí tratando de vivir económicamente de ese engaño mientras puedan. Al mismo tiempo se ven grandes manifestaciones silenciosas, sin banderías políticas, se registra en las calles el reclamo de orden y progreso, se escucha la madera que cruje, el arco que se estira, del cual saldrá una "flecha más pura y más libre", una nueva Argentina. Tenemos la esperanza de que esta vez podemos cambiar definitivamente, que en 2016 puede iniciarse una nueva etapa del país.

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