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Los recursos económicos de la Iglesia
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La fórmula adoptada por los constituyentes surgió como transacción entre dos posiciones extremas: la que proponía que la fe católica fuese consagrada como religión oficial de la República Argentina y la que propiciaba una completa neutralidad religiosa del Estado. La postura que prevaleció fue la intermedia: el Estado no adoptó una religión determinada, pero se comprometió a asegurar el sostenimiento económico del culto mayoritario.
Hoy, la polémica reaparece, pero no ya como un asunto cuya dilucidación interesa al Estado o a sus legisladores sino como una cuestión que preocupa, antes que nada, a la propia Iglesia. Es que los tiempos han cambiado, y con ellos la idea de las autoridades eclesiásticas -y de la comunidad católica en general- acerca de las reglas a las que debe someterse la relación entre la Iglesia y el poder político.
Los cambios históricos y, muy especialmente, el peso de las tendencias renovadoras que se han ido afirmando desde el Concilio Ecuménico Vaticano II, han fortalecido en los católicos la idea de que la Iglesia debe mantener el mayor margen posible de independencia respecto de las estructuras políticas estatales. Las aceleradas transformaciones producidas en el mundo y el crecimiento de los reclamos de mayor transparencia en el manejo de las cuestiones públicas han determinado que muchos católicos estén reclamando hoy, en la Argentina, un debate amplio sobre los principios a los cuales debe ajustarse la relación de la Iglesia con sus fuentes de recursos. El tema fue analizado por la revista Criterio, con rigor y lucidez, en su editorial del 14 de agosto último.
En noviembre de 1996, la Conferencia Episcopal produjo una señal en esa dirección al elegir como presidente de su Consejo de Asuntos Económicos al arzobispo Carmelo Giaquinta, conocido por su prédica en favor de la supresión del aporte estatal al sostenimiento de la Iglesia, que en el presupuesto nacional representa una erogación de 8 millones de pesos, a la que se agrega una cantidad equivalente al doble de esa suma, destinada a "arzobispados, obispados y parroquias".
La eliminación inmediata de ese aporte del Estado podría perjudicar la continuidad de la obra pastoral y evangelizadora y social de la Iglesia, pero muchos sectores del propio catolicismo consideran que el momento es apropiado para empezar a marchar hacia su reemplazo gradual por una forma de financiamiento basada en la responsabilidad de los propios fieles, que tal vez no asumen hoy su deber de contribuyentes porque confían en que esa obligación está, por mandato constitucional, a cargo del Estado.
Sea cual fuere el camino que se elija, lo indudable es que la economía de la Iglesia debería tener, en este tiempo, la mayor transparencia posible. Si alguna vez se consideró que todo aporte de recursos debe ser bienvenido, cualquiera fuere su origen, con tal de que su destino sirva a elevadas finalidades de carácter pastoral o asistencial, hoy esa postura resulta insostenible: nadie aceptaría hoy, por ejemplo, que la Iglesia manejase fondos provenientes del narcotráfico.
Lo deseable, entonces, es que el origen de los aportes económicos que recibe la estructura eclesial sea conocido y que la comunidad católica esté enterada con la mayor precisión posible de las vicisitudes económicas a que está expuesta su Iglesia. Y, sobre todo, que asuma su deber moral de contribuir a su sostenimiento. La norma suprema debe ser, hoy, la transparencia, primer paso insustituible en el camino hacia el ejercicio pleno de las responsabilidades que impone la adhesión a una fe.
