Luis Majul: "Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los nuevos dueños de la Argentina quebrada"
Los que conocieron a Néstor Kirchner desde que empezó a hacer política, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, recuerdan de memoria el mecanismo cuasi-extorsivo: la utilización de la información, el poder y la caja del Estado para silenciar, amenazar y apretar a empresas individuos, medios y periodistas.
Algo que estaría sucediendo ahora mismo, pero a nivel nacional, y gracias al enorme y desmesurado poder que está adquiriendo el Estado en el medio de la pandemia.
En Río Gallegos, Kirchner, lo usaba de la siguiente manera:
Con pleno conocimiento de la lista de los deudores del Banco Santa Cruz, y la dinámica de los pagos, llamaba él mismo, en algunos casos, a cada uno de los que se habían atrasado.
Quienes conocen los detalles de la trama, sostienen que los pedidos de Kirchner a los comerciantes, empresarios y simples particulares de Río Gallegos que figuraban en la lista del miedo eran de lo más variados y estrambóticos. Y que los empezó a hacer cuando asumió como intendente, en 1987.
Néstor les pedía desde apoyo político a través de la firma de solicitadas hasta dinero para la campaña.
Y los hombres de Néstor prometían a los deudores desde nuevos créditos hasta la licuación de la deuda, por métodos poco ortodoxos, y, por supuesto, al margen de cualquier normativa.
Y no solo apretaban a los deudores. También pedían coimas a cambio de créditos del Banco de Santa Cruz.
El Dueño de la Argentina, un libro que escribí y publiqué hace ya muchos años, cuando Kirchner todavía estaba vivo, empieza con la crónica de un pedido de coimas al dueño de una empresa, a cambio de un crédito de 3 millones de dólares del Banco de Santa Cruz, que el hombre de negocios necesitaba para terminar la construcción de un dique.
El empresario de la industria naval se llama Juan Antonio Torresín.
A los hechos me los contó, con lujo de detalles, el exvicegobernador de Santa Cruz Eduardo Chiquito Arnold.
La primera edición de El Dueño se publicó en noviembre de 2009. Ya se vendieron, y se siguen vendiendo, cientos de miles de ejemplares.
Más allá del papelón que hizo Víctor Hugo Morales, el hombre que levanta el dedo con la mano izquierda y recibe dinero con la derecha, cuando vino a la presentación a intentar ensuciar mi trabajo, nunca nadie desmintió esa información, contenida en El Dueño.
Tampoco ninguna otra.
En ese libro contamos también cómo fue que Lázaro Báez terminó de hacerse amigo y luego socio de Néstor Kirchner: consiguió la lista completa de deudores del Banco de Santa Cruz.
A partir de ese momento se hicieron inseparables.
Porque el funcionario usó esa información sensible para extorsionar a muchos de los deudores del Banco de Santa Cruz, el único prestamista de la época.
Igual que Arnold, dirigentes como Mariana Zuvic y Rafael Flores conocen bien el mecanismo.
Cuando Arnold se lo intentó advertir al entonces presidente Eduardo Duhalde, para evitar que bendijera a Kirchner como candidato a presidente, el bonaerense respondió: "No te preocupes Chiquito: si quiere hacer lo mismo con el país, no va a poder. Una cosa es Río Gallegos y Santa Cruz, y otra cosa es la República Argentina. Todavía hay instrumentos para evitar este tipo de situaciones".
Bien. Duhalde, el mismo que dijo "el que puso dólares recibirá dólares"; el que después de haber tenido una presidencia accidentada, pero digna terminó en caída libre hasta transformarse en el actual abogado defensor de Silvio Carzoglio - el juez que se negó a dictar la prisión preventiva de Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita para defraudar a Independiente- se volvió a equivocar.
Porque, si uno analiza cómo se mueven ahora, parece que están repitiendo este mecanismo cuasi-extorsivo también a nivel nacional.
Es que Cristina Kirchner, ahora junto con el presidente, Alberto Fernández, acaban de transformar los ATP en un mecanismo parecido al de la lista de deudores del Banco de Santa Cruz, favorecidos por el Covid-19 y la destrucción de la economía.
Te lo voy a contar sencillo.
Se denomina ATP al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción que asigna hasta el 50 por ciento del salario de un trabajador a las empresas que soportar una brutal caída de su facturación debido a la pandemia.
Pero para acceder al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción a las empresas el Estado te exige una serie de requisitos.
Uno de ellos es que se le permita al Estado la publicación de la lista de empresas y empresarios.
Y no solo eso, también la lista de empleados y la cantidad de dinero que el Estado aporta.
El argumento, en un país normal, con dirigentes políticos civilizados, podría ser atendible: publicar la lista de beneficiados ayudaría a garantizar la transparencia informativa.
Pero en la Argentina de Cristina y sus muchachos se transforma en una bomba de tiempo para una larga lista de personas y compañías. En especial, la de medios de comunicación.
Funciona, en la cabeza de este Gobierno, como la vieja lista de deudores del Banco de Santa Cruz.
Lo empecé a percibir de manera clara el viernes pasado, cuando me mostraron el cartel de propaganda que apareció en algunas calles de la Ciudad de Buenos Aires.
Un cartel en el que aparece un trabajador de la industria del calzado, llamado Marcelo Viñuela, con foto incluida, con la siguiente leyenda: Salarios, 50 por ciento pagados por el gobierno nacional.
Era y es, un tremendo error de concepción.
De hecho, hasta donde tengo entendido, periodistas de LA NACION se lo hicieron saber, ni bien se enteraron, a quienes habían decido publicarlo.
Y los funcionarios del Gobierno prometieron que lo iban a modificar.
Es necesario que nadie se confunda. No se trata de una ayuda del Gobierno. Se trata de una compensación del Estado. Una compensación derivada de la decisión del Gobierno de mandar a las empresas y sus empleados a cumplir una cuarentena estricta.
Cuarentena estricta que salva vidas, que salvó vidas, que está destrozando a la economía, y que se debería empezar a revisar, para que o termine de explotar todo.
Pero cuando me mostraron ese cartel, pensé: "No creo que haya sido, en el fondo, un gran error".
Es como conciben Cristina, La Cámpora y ahora también Alberto Fernández al Estado. Como si fueran sus dueños. No como si fueran inquilinos de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, sino sus propietarios.
Con poder para doblegar a empresarios, sindicalistas, jueces y periodistas usando la información del Estado para apretar, extorsionar, condicionar y instalar falsas verdades.
Lo acaban de hacer con Javier Milei, un economista que viene hoy al piso de este programa y al que están acusando de contradictorio, porque, aparentemente, habría cobrado parte de sus honorarios a través de un cheque de la Anses, por la vía del Programa ATP.
Quiero aclararte dos cosas. No soy precisamente un "fan" de Milei. Es la primera vez que lo invito a cualquiera de los programas que conduzco. El una vez me lo reprochó. Ni tengo ningún problema personal. Solo me molesta un poco que grite.
Lo segundo: cada vez desconfío más de la denuncia por espionaje ilegal que está impulsando la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
Ayer te dije que temía que le estuvieran utilizando para tener una excusa legal que les permita publicar los contenidos de algunos mails, entre los cuales están los míos.
La última vez que recibí un ataque de "la banda" fue cuando un supuesto anónimo me intentó extorsionar diciendo que sabía que estaba trabajando en una investigación muy sensible. Me pedía dinero. Lo denuncié ante la justicia.
Quizá, los que siguen buscando roña, temen que esa investigación sensible se publique algún día. Por eso siguen con su plan de la nueva versión del vamos por todo. Ahora sabemos, que esta nueva versión, además de tener como objetivo la impunidad, persigue el deseo de venganza.
Nunca viene mal que se lo recuerde, cada vez que pueda: si están buscando que nos callemos, con nosotros no van a poder.
