Macri pudo con el conurbano, no con la pobreza
Dicen en las cadenas de supermercados que este fue el diciembre más tranquilo de la era Macri. La sentencia, que coincide con la de intendentes del conurbano, incluye una aparente contradicción: aunque subió la pobreza y fueron mayores los pedidos de comida y asistencia social, 2018 está a punto de terminar sin incidentes ni saqueos. La policía bonaerense suele marcar el fin del calendario provincial todos los 24 de diciembre a las 18, hora a partir de la cual si todo transcurrió en tranquilidad, dicen, el año podrá darse por cerrado.
Para la Casa Rosada fue un respiro. Y, al mismo tiempo, la ocasión para anunciar esta semana aumentos de tarifas en electricidad, gas y transporte, algo imposible en otro escenario. "Justo cuando estamos haciendo un esfuerzo para contener la situación social", protestó ayer en Radio Mitre Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, que se sumará a una demanda colectiva de unos 40 jefes comunales peronistas contra el tarifazo.
La provincia de Buenos Aires ha sido siempre una fuente de sorpresas. El establishment deberá revisar por doble vía un prejuicio con que recibió a Macri: más que a la pobreza, el heredero de Socma parece haberle encontrado la vuelta al conurbano. Y eso que, como dio a conocer esta semana la UCA, hay en el país 1,5 millones de personas con hambre. A principios de septiembre -todavía con el desconcierto que empezó con una corrida, se llevó puesto a dos presidentes del Banco Central y explotó el fin de semana en que cuatro dirigentes afines a Cambiemos rechazaban la oferta de ser ministros- estas cuestiones se trataron en los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social. Eran momentos de tensión extrema: se habían detectado focos de tensión sin consecuencias serias en algunos supermercados mientras, al mismo tiempo, se tomaba nota de un crecimiento en la asistencia a los comedores de la provincia. En la cartera que conduce Carolina Stanley analizaron entonces los potenciales peligros sobre la base de tres sectores a los que en adelante deberían prestarles atención:
1. Las organizaciones sociales de buena relación con la Iglesia. En el Gobierno los llaman "los cayetanos", porque empezaron a congregarse en 2016 todos los 7 de agosto en marchas desde ese santuario de Liniers. Los funcionarios decidieron intensificar los contactos con el Episcopado, en cuya órbita sigue operando Juan Grabois, secretario de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), convencidos además de que el envío de fondos a estas entidades actuaría seguramente como incentivo adicional e implacable.
2. Las organizaciones kirchneristas. En el Gobierno están convencidos de que la aspiración de llegar a las elecciones de octubre próximo con posibilidades de ganar disuadió a Unidad Ciudadana de aprovechar el conflicto callejero. Ya a mediados de noviembre Andrés Larroque, uno de los líderes de La Cámpora, le daba al asunto una explicación distinta: "A diferencia de 2001, hoy hay canalización política: está Cristina como horizonte de salida. Eso mengua la posibilidad de un estallido", le dijo al periodista Diego Schurman en radio Milenium.
3. Las organizaciones de izquierda. El Gobierno consideró en todo momento que, si bien siempre estuvieron y están en condiciones de provocar incidentes, carecen de volumen y de "estrategia de conflicto abierto".
Los operadores del macrismo se movieron desde entonces a partir de estas presunciones. Contaban además con la preocupación de la comunidad internacional acerca del normal desarrollo del G-20, perturbación que trascendió especialmente de diplomáticos norteamericanos, prestos incluso a reunirse con líderes de movimientos sociales. Hay algo que los republicanos ya saben de la Argentina, el segundo país más demandante de visas del mundo: más allá de las declamaciones antiimperialistas, pocos dirigentes están dispuestos a aceptar que se les niegue el ingreso a los Estados Unidos.
La estrategia se completó con el reparto de cuantiosos recursos en el conurbano. Pablo Fernández Blanco obtuvo mediante un pedido de informe algunas cifras, que publicó hace dos semanas en LA NACION: desde el Ministerio de Desarrollo Social se enviaron a los 39 municipios más candentes de la provincia de Buenos Aires unos 1500 millones de pesos por mes en concepto de planes sociales por fuera de la Asignación Universal por Hijo. A diferencia de otros años, la asistencia tuvo durante este diciembre un refuerzo adicional: además de una partida antes de Navidad, se mandó otra hace pocas horas para no entorpecer el festejo de Año Nuevo.
En algunas municipalidades macristas toman esta paz transitoria como la ratificación de un rumbo. También como cambio de paradigma en la dirigencia bonaerense: no existe hoy ningún caudillo en condiciones de prender fuego la provincia de Buenos Aires ni nadie dispuesto a exponerse como referente de un distrito ingobernable. La vieja imagen del jefe comunal eterno, corrompido y de múltiples conexiones con las fuerzas de seguridad fue dejando paso a dirigentes que deben lidiar con problemas propios de la gestión, conscientes a la vez de una limitación temporal: hace dos años, la Legislatura bonaerense convirtió en ley un proyecto del Frente Renovador que elimina las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores. Un punto a favor de la renovación, que obliga a que en 2023 no quede ninguno de los protagonistas actuales, pero que inquieta al mismo tiempo a quienes advierten los riesgos de la medida: ¿no era mejor aplicar esa depuración de un modo gradual o escalonado en la provincia inviable? ¿Qué será de un conurbano con mayoría de debutantes?
Esa proyección, de larguísimo plazo en una Argentina siempre abocada al presente, convive con otra más estructural que deslizan intendentes macristas y que es la contracara de la lluvia de recursos con que se evitó el incendio: ¿cómo volver de una cultura del no trabajo que exhibe desde hace tiempo a jóvenes vagando por las calles sin hacer nada durante todo el día, la mayor parte de ellos noctámbulos y expuestos permanentemente a la inseguridad desde cualquier ángulo?
En Lanús, uno de los distritos más complicados, celebran haber tenido en diciembre una baja significativa en los homicidios, aunque lo atribuyen en parte a condiciones meteorológicas: en las dos primeras semanas del mes, el frío y la lluvia disuadieron a vecinos de zonas marginales de sacar sillas y mesas a la vereda, ámbito donde no siempre se convive en armonía. Triste alegoría del conurbano, abandonado siempre a los designios de la Providencia.
