Maduro y sus crímenes de lesa humanidad

El presidente Macri acaba de confirmar que la Argentina, Colombia, Chile y Paraguay presentarán una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional acusando al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de ser responsable de crímenes de lesa humanidad. El canciller de Chile, Roberto Ampuero, había anticipado la promoción de la referida acción conjunta. Al mismo tiempo, se conoció el informe publicado por Amnistía Internacional en el que esta organización acusó al régimen venezolano de realizar torturas y ejecuciones extrajudiciales, que son presentadas públicamente como "supuestos enfrentamientos armados".

El Tribunal Penal Internacional es una organización intergubernamental con sede en La Haya, Holanda. Comenzó a funcionar en 2002 y su actividad está reglada por el Estatuto de Roma. Tiene jurisdicción para juzgar a las personas por crímenes de lesa humanidad.

No sería la primera vez que Maduro es denunciado ante el alto tribunal. El año pasado, más de un centenar de senadores de Chile y Colombia, encabezados por el actual presidente colombiano, Iván Duque, habían recurrido a dicha vía, al igual que anteriormente el por entonces procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez. Sin embargo, las acciones no alcanzaron impacto y su avance ha sido extremadamente lento.

Es evidente que ninguna denuncia tiene un resultado asegurado. Pero estos procedimientos hacen inminente la inclusión de Maduro y su régimen en la lista de los responsables de crímenes de lesa humanidad que son objeto de gravísimas denuncias. La viabilidad del procedimiento surge del propio Estatuto de Roma, cuyo artículo 14 permite a sus Estados miembros solicitar al fiscal del Tribunal Penal Internacional que inicie la investigación de las situaciones denunciadas para determinar si los responsables deben ser juzgados.

La fiscalía del Tribunal está a cargo de investigar los posibles crímenes cometidos y de iniciar los procesos penales si correspondieran. El fiscal del Tribunal es independiente y ningún Estado puede darle instrucciones. No obstante, los Estados miembros pueden formular denuncias ante el Tribunal en aquellos casos que caen bajo su jurisdicción.

El Tribunal Penal Internacional actúa solo cuando los tribunales de los países miembros no quieren o no son capaces de actuar ellos mismos. Su fiscalía está investigando en este momento situaciones que tienen que ver con crímenes que pudieron haberse cometido en distintos países, entre ellos, Colombia y Venezuela. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional es jurídicamente independiente de las Naciones Unidas, organización que sin embargo puede impulsar su acción a través del Consejo de Seguridad.

La eficacia del Tribunal Penal Internacional depende, en buena medida, de la cooperación de sus miembros. La angustiosa situación venezolana debe ser denunciada en todos los foros a fin de aislar al repudiable régimen que avergüenza a América Latina.