Manzur y el gobierno de Tucumán

El jefe de Gabinete, doctor Juan Manzur, al asumir su nuevo cargo, cesó en forma inmediata como gobernador de Tucumán; es lo que se denomina con la expresión latina ipso facto que significa por el hecho o acto mismo, en este caso la asunción de la Jefatura de Gabinete del gobierno federal.

Tucumán es una de la catorce provincias históricas reconocida por la Corte Suprema como fundadoras de la Nación Argentina, al sancionarse la Constitución de 1853 con las reformas de 1860. No es como otras provincias creadas por ley del Congreso Nacional, y que por ley podrían eventualmente suprimirse. Por lo tanto, el principio constitucional de la igualdad jurídica de las provincias le es plenamente aplicable a Tucumán. Este principio es el que aplica la Constitución al disponer que el vicepresidente de la Nación sea quien presida el Senado, pero sin voto salvo que haya empate en la votación. Si el Senado fuera presidido por un senador se violaría la igualdad jurídica de las provincias porque éste tendría doble voto. El vicepresidente, por disposición constitucional, tiene en forma exclusiva esta atribución que no puede ser jurídicamente coartada por el presidente. Joaquín V. González, en su Manual de la Constitución Argentina, expresa: “Del principio de la soberanía no delegada, fuente originaria de todos los poderes, despréndese la igualdad absoluta de todas las Provincias”. Se refiere a las provincias históricas.

El artículo 91 de la Constitución de Tucumán dispone que en caso de muerte, renuncia, enfermedad, ausencia u otro impedimento del gobernador, sus funciones serán desempeñadas por el vicegobernador hasta el cese del impedimento, cuando fuese temporal, o hasta completar el período constitucional por el que fuera electo, cuando el impedimento fuese permanente. Se advierte que la licencia para ocupar otro cargo no está prevista en el artículo 91, porque ella importaría violar la soberanía del pueblo tucumano que votó al doctor Manzur para ser gobernador de la provincia y no para ser jefe de Gabinete del gobierno federal. La licencia del ex gobernador Manzur no es por enfermedad o por algún impedimento inherente al ejercicio de las funciones que desempeñaba, sino una ficción para ocupar un cargo de mayor poder, y al mismo tiempo conservar la facultad de asumir nuevamente la gobernación de la provincia si ello le conviene.

La desigualdad de Tucumán respecto de las demás provincias es evidente. De aceptarse que Manzur siga siendo el gobernador en uso de licencia, el nuevo gobernador Osvaldo Jaldo estaría prisionero del jefe de Gabinete. Ello así, porque conforme con el artículo 100 de la Constitución, el jefe de Gabinete recauda las rentas de la Nación y ejecuta el presupuesto nacional, con el agravante de que puede alterar las partidas presupuestarias dispuestas por el Congreso. El presupuesto, el dinero, es el principio vital del cuerpo político. Manzur con el dinero seguiría gobernando Tucumán. Está claro que las atribuciones del nuevo gobernador estarían gravemente disminuidas y Tucumán sin igualdad jurídica con respecto a las demás provincias.

El hecho de que el gobernador Jaldo y la Legislatura hayan aceptado la licencia de Manzur no cambia la naturaleza del problema. Están en juego dos principios constitucionales: la soberanía del pueblo de Tucumán y la igualdad jurídica de las provincias. Conforme con estos principios, el doctor Manzur, al asumir la Jefatura de Gabinete, dejó de ser ipso facto gobernador de la provincia. Se configura, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema, un hecho de gravedad institucional que habilita y hace necesaria la intervención del Alto Tribunal; contrariamente, lo más probable es que si el ex gobernador pretende asumir nuevamente la gobernación, el pueblo de Tucumán pacíficamente se lo impida. Las autoridades provinciales y federales de Tucumán, con competencia para hacer cumplir la Constitución de la provincia y de la Nación, deben ocurrir a la Corte Suprema por gravedad institucional, y aplicar las normas de la Constitución de Tucumán para reemplazar al ex gobernador Manzur.

Abogado de la UBA, ex subsecretario General de la Presidencia de la administración Alfonsín