Más control sobre los funcionarios

Una de las primera políticas después de la Revolución de Mayo fue el decreto de supresión y honores a los miembros de la Primera Junta. El objetivo era que los funcionarios sean tratados de una manera igualitaria al resto de los ciudadanos, sin privilegios, escoltas, aclamación pública o palcos especiales en las fiestas. Detrás de esas prohibiciones estaba el espíritu de mayo, una utopía republicana que fomentaba la austeridad y la igualdad en contraposición a los honores jerárquicos de la monarquía española.

Podríamos decir que aquel decreto fue la génesis de nuestras actuales leyes de ética pública e integridad porque buscó comprender que los funcionarios públicos son servidores del pueblo y que no deben beneficiarse en el cumplimiento de sus deberes.

Con el gobierno de Cambiemos estamos viendo cómo subir la vara de la ética para nuestros funcionarios, lo que implica controlar los conflictos de intereses, presentar las declaraciones juradas, prohibir el nepotismo, entre otras normas de autorrestricción.

Cambiemos ha demostrado en su gestión una conducta muy clara al respecto y es uno de los pilares propuesto por el presidente Macri para seguir fortaleciendo desde el Estado. La Argentina mejoró las posiciones y calificaciones del Índice de Transparencia Internacional al pasar del puesto 106 al 85 en dos años, la primera vez que el país mejora 21 posiciones en ese período.

En sintonía con la política nacional y porque sabemos que falta camino por recorrer para alcanzar la transparencia institucional es que desde la Coalición Cívica presentamos en la Legislatura porteña un proyecto para que los funcionarios de mayor jerarquía -jefe y vicejefe de gobierno, ministros, legisladores y jueces del Tribunal Superior de Justicia- que tengan un patrimonio mayor a 20 millones de pesos, deban desprenderse temporalmente del control de sus bienes bajo la figura de un fideicomiso ciego, hasta que terminen de ejercer sus funciones.

En países como Canadá, Estados Unidos o Chile esto es una práctica habitual que tiene dos beneficiarios: el pueblo que podrá controlar a sus funcionarios y los mismos funcionarios que no serán imputados por conflictos de intereses.

Además de la obligatoriedad por ley del fideicomiso, propusimos que se limite la tenencia de patrimonio en territorio extranjero o en países no cooperadores en materia de información financiera, conocidos como paraísos fiscales. Aclarando que tener parte del patrimonio en el exterior, sea o no en un paraíso fiscal, no configura por sí mismo ningún delito.

Con este proyecto queremos mejorar el comportamiento ético público, porque no es un privilegio ser funcionario, legislador o juez, sino un compromiso y deber. Y es un lugar importante desde donde dar el ejemplo por la visibilidad del accionar que nos compete; esto resulta pedagógico para el resto de los ciudadanos.

En los próximos meses comenzarán los debates sobre una nueva ley de ética pública que resuelva adecuadamente las situaciones de nepotismo y conflicto de intereses, la entrada en vigor de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y las adecuaciones normativas para obtener una invitación formal de ingreso a la OCDE. Todas esas medidas nos ayudarán a ir por el camino de la integridad y transparencia que tanto anhelamos los argentinos.

Desde la ciudad de Buenos Aires, cuna de aquel espíritu de mayo, queremos ser nuevamente pioneros en aprobar leyes que nos lleven a ser una república de iguales.

Legislador porteño, vicepresidente primero de Vamos Juntos