Más diputados, entre la legalidad y la oportunidad

Con el histórico fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE), por el que se reclama a Diputados que actualice la cantidad de legisladores conforme el mandato constitucional, que estipula que ha de hacerse después de cada censo, se reabre una discusión que excede la cuestión de la representatividad parlamentaria.

Ciertamente, hay en el Congreso distritos que están subrepresentados, como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta. Y otros que están sobrerrepresentados: son unos 16 cuya cantidad de habitantes no ha crecido sustancialmente y, en algunos casos, hasta se redujo.

Actualmente, la Cámara de Diputados está conformada por 257 legisladores que surgen de un cálculo que no se actualiza desde el censo de 1980. Desde ese año, ingresa un diputado cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Por una ley del Proceso, llamada ley Bignone, se dispuso, además, que todas las provincias sumarían tres representantes extras y que ninguna podría tener menos de cinco. Sin esa ley, por ejemplo, Tierra del Fuego debería contar hoy con solo uno, en lugar de los cinco que posee, mientras que Santa Cruz y La Rioja deberían tener dos (también cuentan con cinco cada una).

En cambio, por el crecimiento poblacional registrado en el último censo, de 2011, la provincia de Buenos Aires, que hoy tiene 70 diputados, debería contar con 100 tomando en cuenta el mandato constitucional de actualización más la ley Bignone. Comparada con Tierra del Fuego, donde para obtener un diputado se necesitan 25.238 votos, para lograr uno en la provincia de Buenos Aires se requieren hoy más de 222.000. Una realidad a todas luces injusta porque refiere directamente al valor del sufragio de cada ciudadano.

La pregunta es si es este el momento del país para pensar en aumentar el número de legisladores. Desde ya que, en un contexto en el que urge la necesidad de recortar el abultadísimo gasto público, dar ese paso resultaría, cuando menos, inoportuno. Pero, por otro lado, según ha dicho la propia CNE, tampoco es necesario aumentarlo. La solución pasa por adoptar otra fórmula para el cálculo de su composición. Por ejemplo, en vez de considerar un piso de 33.000 electores, se podría elevar la base para ese cálculo. El problema, entonces, se torna político, electoral. Ningún distrito se muestra dispuesto a perder miembros en la Cámara baja.

El fallo de la CNE es adecuado desde el punto de vista jurídico e impecable desde lo político. Por un lado, porque reclama ajustarse a la letra de la Constitución y, por el otro, porque no desconoce "las dificultades económicas que circundan la realidad de nuestro país" y, muy especialmente, porque considera que, como el número de diputados no necesariamente habría de variar en mucho según el método que se utilice, adaptarlo "no debería redundar en una mayor erogación para el Estado nacional".

Los dos proyectos sobre el tema que actualmente existen en la Cámara baja prevén una incremento de ese número. Uno de ellos, cuya autora es Carla Carrizo (Evolución Radical) considera que los diputados deberían ser 290 y otro, presentado por Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), 328. Cualquiera de esos dos crecimientos en el número de representantes sería muy mal recibido por la sociedad. Y, muy probablemente, tampoco sería avalado por el Poder Ejecutivo, que exige de la ciudadanía y, especialmente de su dirigencia, un esfuerzo mayor para achicar el déficit fiscal. La política, sin ninguna duda, debe dar el ejemplo y producir ahorros significativos.

El otro tema delicado que surge de esta discusión es qué se hace con los constantes incumplimientos constitucionales. Lamentablemente, la ley no especifica sanciones para esos casos, que, por cierto, son muchos.

La Constitución exige al Congreso no solo que adapte su representación parlamentaria. También, que sancione una ley de coparticipación federal de impuestos, deuda que se mantiene desde hace ya 24 años.

Los legisladores se encuentran también en mora con la designación del defensor del pueblo de la Nación, cargo vacante desde 2009, y con el de niños, niñas y adolescentes. Y debe recordarse el larguísimo tiempo que pasó hasta que el Poder Ejecutivo empezó a concretar el traspaso de la Justicia y la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ni que decir de los incumplimientos presidenciales kirchneristas respecto de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de la falta de reglamentación de infinidad de leyes por parte de casi todos los gobiernos, lo que impide que entren totalmente en vigor.

Cada vez que uno de los poderes de la Nación omite hacer la parte que le corresponde, la democracia se resiente. No reglamentar leyes, dormir expedientes judiciales, sancionar normas demagógicas de imposible cumplimiento, por ejemplo, porque no prevén cómo habrán de financiarse, son estrategias nefastas por cuanto terminan recortando los derechos que dicen querer extender.