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Massa invierte los polos del oficialismo
La desorientación frente a la crisis económica provoca la inversión de los polos en el campo magnético del oficialismo. Un efecto inesperado de la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Martín Insaurralde reclamó la semana pasada que Edesur quede a cargo de un consorcio integrado por los municipios afectados por los cortes de luz en la ola de calor. Para que eso ocurra, el Estado debería expropiar antes la empresa a la que Axel Kicillof iba a conceder un aumento del 150 por ciento en la tarifa. Igual que a Edenor y las subsidiarias que prestan servicios en la provincia de Buenos Aires. Kicillof tenía un argumento eficaz para justificar esa medida. El incremento era mucho menor al 260 por ciento que las prestadoras solicitaron en las audiencias convocadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La inflación de enero cambió los planes. Economía suspendió la quita de subsidios en febrero y dispuso que el reajuste de tarifas sea en abril y junio con sumas fijas de entre 360 y 410 pesos.
Probablemente esa decisión tuvo en cuenta la mala experiencia atravesada por Gustavo Sáenz. Usuarios indignados con los reajustes tomaron las oficinas que la Empresa de Energía de Salta (Edesa) tiene en Orán, Tartagal y San Martín. Tras esos incidentes, el gobernador congeló la tarifa seis meses por decreto y retrotrajo su valor a noviembre del 2022. Edesa es propiedad de Edenor, de la que Kicillof suele quejarse con Sergio Massa por cada interrupción de servicio.
Una aplicación de la propiedad transitiva casi tan extraña como la de Edenor con Julio Zamora. Tras las críticas del intendente a los cortes en Tigre, la compañía resolvió cancelar unilateralmente el convenio por el que cobraba con su factura un porcentaje de la tasa de alumbrado a los usuarios de ese municipio. Zamora mantiene un viejo pleito con Massa por Tigre . Kicillof aprovecharía la ventaja del rol que le asignó Cristina con él. Supervisar su gestión.
El ministro es un estrecho aliado de Sáenz, que busca la reelección el 14 de mayo. Gerardo Morales (Jujuy) y Juan Manzur (Tucumán), postergaron ajustes en sus provincias por ese antecedente. El costo del servicio de electricidad refleja la incompatibilidad entre ser ministro de Economía y candidato a presidente que percibe Massa. Como en el caso de Sáenz, pone a prueba sus alianzas. Pero también la capacidad de establecer otras sin defraudar la expectativa del amplio y heterogéneo abanico de intereses que condensa el Frente de Todos.
El aparente intercambio de posiciones ideológicas entre Kicillof y su jefe de Gabinete intenta atenuar el impacto negativo que la deficiente prestación de Edenor, pero sobre todo de Edesur, tiene en el conurbano. La región de mayor número de electores y en el que deposita el oficialismo la esperanza de retener el gobierno bonaerense. Ese tema no estuvo en la agenda de la mesa convocada la semana pasada por Alberto Fernández en la sede del PJ nacional.
El entorno del presidente asumió como una victoria la presencia de Máximo Kirchner. Tal vez solo haya sido un recurso para disimular la ausencia de Gabriel Katopodis. Quizás la primera baja en ese círculo minimalista donde gana terreno Victoria Tolosa Paz. El de Infraestructura no fue invitado a integrar la delegación de ministros leales que acompañó esa noche al Presidente. Aunque podría ser un relevamiento prematuro, en ese espacio se lo computa como la primera baja en la lucha por cerrar la grieta. En apariencias sin la venia de su superior: Fernández.
El kirchnerismo se satisfaría con triunfos simbólicos. Festejó lo que supone como una estrategia exitosa. Haber impuesto superioridad numérica con su delegación a la del presidente. El curioso podio desde donde insistió en una solución política a las causas judiciales que inquietan a Cristina, bajo el formalismo de una supuesta proscripción.
El temor es que se aceleren los pasos procesales en la causa Vialidad si se presenta a reelegir como senadora. Ese plazo comenzará a correr el 9 de marzo cuando se conozcan los fundamentos de su condena a seis años de prisión. Lo paradójico del reclamo encabezado por Máximo es su nula repercusión en el peronismo bonaerense que él preside.
Desde una semana antes al intento de atentado contra Cristina del 1° de septiembre, viene posponiendo la marcha que con la misma consigna vienen prometiendo los intendentes del conurbano. Es decir: sus socios políticos en la conducción partidaria. Una relación no exenta de tensiones con Máximo. Insaurralde insiste con pedir una PASO para competir por la candidatura a gobernador que inquieta a sus aliados. Viene postergando desde diciembre su lanzamiento, ahora prometido para marzo. Kicillof aprovechó esa cavilación: lo desafió a que compita.
Tolosa Paz le exigió a Alejandro “El galán” Dichiara una definición en ese sentido. Di Chiara es diputado provincial y aliado de Insaurralde. Cobró fama cuando pidió ser elegido en ese cargo por su disconformidad con el salario que percibía como intendente en Monte Hermoso. La vehemencia de la ministro de Desarrollo Social recoge simpatías entre los asesores de Kicillof. Algunos hasta se atreven a exagerar que el gobernador le ofrecería compartir fórmula si pudiese elegir con libertad con quien integrarla. Traducido al vulgo: si no fuese decisión de Cristina.
La vicepresidenta no profesa, precisamente, simpatía por Tolosa Paz, a quien sus excesos de locuacidad la exponen a equívocos. Cómo asegurar que la cartera que ocupa “no es el ministerio de los piqueteros”. Emilio Pérsico, su segundo, comparte con Fernando “El Chino” Navarro el liderazgo del Movimiento Evita. Y entre sus funcionarios se cuentan otros pertenecientes a “Somos” y la Corriente Clasista y Combativa.
Sería apenas un detalle si no fuese por la información que circula entre los intendentes del conurbano. De los 100 mil planes “Potenciar trabajo” que dio de baja, menos de cinco mil están relacionados con el Polo Obrero (PO). La organización de izquierda que el 3 de marzo reunirá un plenario de cinco mil delegados en Plaza de Mayo para resolver una marcha de protesta federal contra esa medida.
El decreto 728/ 22 firmado por el presidente el 3 de noviembre explicaría el celoso silencio guardado por los responsables de los 95 mil restantes. Faculta a que esos fondos sean empleados en obras públicas a cargo de las cooperativas de trabajo por montos de hasta 300 millones de pesos. El Movimiento Evita controla la mayoría de las dedicadas a la construcción. Son públicas las tensiones con la Uocra por el incumplimiento de normas de seguridad e higiene con las que disminuye el costo laboral.
Pero la resolución 63/23 del ministerio de Economía se interpondría con ese plan. Publicada el 10 de febrero en el Boletín Oficial, impide ejecutar fondos que surjan de la reasignación de partidas sin la autorización de esa cartera. Es decir: de Massa. Los 100 mil planes dados de baja equivalen a tres mil millones de pesos mensuales. El Movimiento Evita es el principal aliado electoral de Fernández.
En 2021, Navarro y Pérsico ordenaron a sus seguidores votar candidatos del PO en La Matanza, donde obtuvieron dos concejales. Una acción en rechazo a que no se los habilite a competir en las PASO que ahora tendrían garantizada. Probablemente, su participación divida en las elecciones el voto de la izquierda y contribuya a que Fernando Espinoza pueda ser reelegido. El intendente fue aliado del Movimiento Evita hasta las elecciones legislativas de hace dos años.
