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Massa y la maldición del populismo energético
El ministro, que en 2016 proponía llevar a Aranguren “por la fuerza pública” al Congreso a explicar el “tarifazo”, prefiere hoy que el periodismo pregunte por la “redistribución del subsidio”
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LA NACIONFrancisco Olivera
Los empresarios, operadores y dirigentes políticos que tienen últimamente la posibilidad de hablar en profundidad con Mauricio Macri vuelven casi siempre con la misma conclusión: con o sin razones, el expresidente está convencido de que, si se presentara en 2023, ganaría las elecciones. “Creo que él se sobrestima un poco, pero piensa eso”, dijo alguien que lo conoce bien. Aun así, Macri no está seguro de competir. Pero sus dudas tampoco parten de lo que pueda pensar al respecto Julia Awada, como suele decirse, sino más bien de lo que pasaría el día después de la asunción. Los de mayor confianza le han entendido la verdadera perturbación: al líder del Pro le costaría digerir un nuevo fracaso.
La convicción no es ajena al modo en que el ingeniero encararía, llegado el caso, un segundo mandato. Porque ha hecho una autocrítica: cree que el gradualismo fue una mala decisión en 2015. Piensa además que deberá encarar eventualmente el proceso sin aliados. Al revés que Horacio Rodríguez, que supone que la Argentina solo será gobernable con un respaldo mayoritario de todos los sectores, incluido el peronismo. “Yo no estoy para acordar con el 70%, sino para hacer lo que haya que hacer”, dice Macri.
Su diferencia con el jefe de gobierno porteño obedece en primer lugar a que están políticamente en momentos distintos. Macri ya no sueña con llegar a la Casa Rosada; ya fue presidente. Ese objetivo, que podría ser también la obsesión de Massa, viró ahora hacia uno más difícil: dar con la solución de un país que parece ingobernable. Porque se acabó la plata y por la pobreza y los planes sociales, pero también por problemas que exceden el ámbito de la economía. El principal es cultural y llegó en 2002, con la experiencia Duhalde-Kirchner: hay una sociedad convencida de que la energía no cuesta nada y, al mismo tiempo, dispuesta en cambio a pagar facturas de telefonía móvil o internet que la triplican en valor. Lo escaso y necesario es en la Argentina más barato que lo imprescindible y abundante: hay una regla económica que no cierra.
Es entendible que quienes analizan desde afuera no lo terminen de advertir cabalmente. Anteayer, en el panel de embajadores que Susan Segal coordinó en el Alvear para el Council of the Americas, el norteamericano Marc Stanley parecía hasta más optimista que su par argentino, Jorge Argüello. Stanley, un abogado formado en Texas, ámbito natural del shale oil, está habituado a todos los réditos que la iniciativa privada puede extraer de áreas fértiles como el yacimiento Eagle Ford. Nada que haya llamado la atención de los petroleros que lo escuchaban. Entre ellos José Luis Manzano, hiperactivo esa mañana y de inmejorable relación con Massa. Es probable que, en cambio, a Argüello le cueste despojarse mentalmente de lo que ya parece una maldición: sentada sobre Vaca Muerta, la Argentina sigue dejando pasar la oportunidad de los precios de gas más altos en varios años simplemente porque no tiene un gasoducto para transportarlo.
Es una inconsistencia difícil de explicar. El país, dedicado en estos años a consumirse el stock de las inversiones de los 90, década en que llegó a tener el parque de generación eléctrica más moderno del mundo, pagará en 2022 por los subsidios una factura que quintuplica lo que le costaría resolver parte del problema para siempre: el gasoducto que le falta. En cualquier empresa sería una cuestión sencilla; la Argentina lo convirtió en su nudo gordiano.
Muchos empresarios y una enorme porción del peronismo quisieran ver a Massa espada en mano, cortándolo para siempre. “Presidente”, lo llamó involuntariamente Argüello en el Alvear. Es cierto que, a diferencia de Batakis, el líder del Frente Renovador no hace esfuerzos por atenuar esa expectativa. Al contrario. “A Flavia Royón la puse yo”, refuerza en la intimidad. Está, sin embargo, frente a los mismos obstáculos que sus antecesores. No basta, por ejemplo, con la buena voluntad de los constructores del gasoducto Néstor Kirchner para que el primer tramo de la obra se inaugure, como pretende, en junio del año próximo. ¿Estarán, por lo pronto, en tiempo y forma los dólares de la chapa que Tenaris debe traer de Brasil? “La carga llega a fines de agosto, veremos si dan acceso al mercado único de cambios o no”, dicen oficialmente en la empresa. En lo más alto de la conducción hay inquietud. A estas alturas, cumplir con el plazo los obligará a despachar un camión de tubos cada cinco minutos desde Buenos Aires hasta la Patagonia.
Son precisiones que el ministro de Economía deberá tener en cuenta. Guzmán no fracasó en los anuncios sino en la aplicación, que es donde mueren últimamente en la Argentina todos los intentos. La medida energética troncal de Massa, el plan de segmentación, exhibe un desafío similar. También él, como su antecesor y hasta en su momento Kicillof, parece haber caído en la trampa de querer resolver el dilema tarifario con una solución de difícil instrumentación. ¿No sería más sencillo cobrar por la energía lo que vale y subsidiar la demanda? ¿Cómo impactarán finalmente los aumentos en los consorcios, un sector que hasta hace dos semanas se pretendía excluir? ¿Los usuarios exceptuados por ingresos recibirán entonces los incrementos a través de las expensas? ¿Los de bajos recursos residentes en zonas caras deberán pagar tres veces más por el agua? ¿Qué se va a hacer con los desocupados? Las distribuidoras están confundidas. Es el problema de diseñar una política tarifaria a los efectos de atender las necesidades del vecino del 8° A: una justicia social llevada al extremo, como quisiera toda alma sensible, obligaría a confeccionar facturas para cada situación particular. Pero el esmero en cumplirla viene logrando desde 2002 el objetivo opuesto: que un tucumano pague por la electricidad cuatro veces lo que un residente de Barrio Parque.
Hasta ayer, lo único que tranquilizaba a las empresas de gas era que, después de semanas de ausencia, finalmente se habían involucrado en la tarea técnicos del Enargas. Todavía no han recibido ni las listas de los formularios ni los cuadros tarifarios para confeccionar boletas cuyos aumentos regirán desde el 31 de este mes. Deberán apurar sus respectivos sistemas pese a que las subas no mejoran el margen de distribución y que, al contrario, les agregan un costo administrativo: las empresas con las que tienen acuerdos de pago, como bancos, tarjetas, Rapipago o Pago Fácil, les cobran por el valor de la factura. Ya se lo explicaron en su momento a los funcionarios de Guzmán.
La oposición contempla el embrollo con alivio. Gran parte de la autocrítica de Juntos por el Cambio consistió en atribuir la derrota de 2019 a las tarifas. El populismo energético es transversal. Massa, que en 2016 proponía llevar a Aranguren “por la fuerza pública” al Congreso a explicar el “tarifazo”, prefiere ahora que el periodismo pregunte por la “redistribución del subsidio”, como propone Malena Galmarini, pero se expone a lo mismo que entonces: la queja de comerciantes que muestran sus nuevas facturas delante de las cámaras de televisión y probablemente recursos de amparo capaces de frenar los aumentos.
La trampa energética incluye esa última ironía: que a la oposición le convenga el éxito Massa porque, de lo contrario, si gana en 2023, heredará el problema. Los esfuerzos retóricos no sirven. El mundo de la energía es el de la física y, como tal, tiene un solo sentido relevante: alguien debe pagar el costo.
