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Medicina prepaga: ni ángeles ni demonios
John Quincy Archibald y su esposa, Denise, presencian cómo su hijo Michael se desploma en un partido de béisbol en Chicago y lo trasladan inmediatamente al hospital. Después de una serie de estudios, el Dr. Raymond Turner y Rebecca Payne, la administradora del hospital, informan a John que su hijo tenía una patología cardíaca severa y que morirá si no se somete a un trasplante. El procedimiento es muy costoso: US$250.000, con un pago inicial de US$75.000 requerido para incluir el nombre de Michael en la lista de receptores de órganos. John les dice que contaba con un seguro, pero después de revisar su póliza le explican que, debido a que la compañía para la que trabajaba redujo a John su turno de trabajo, su seguro de salud había cambiado y la nueva póliza no cubría la cirugía, lo que obligaba a John y a Denise a conseguir los US$75.000. La familia intenta recaudar el dinero, pero solo logra obtener un tercio del monto necesario. El hospital, ante la falta del pago requerido, planea dar el alta a Michael. Una indignada y angustiada Denise insta a John a hacer algo. En un intento desesperado por evitar la muerte de su hijo, John entra a la sala de emergencias del hospital con una pistola, toma a once rehenes y exige que el nombre de su hijo sea incorporado en la lista de receptores.
Con el transcurrir de las horas se establece una relación empática entre los rehenes y este padre angustiado, quien también respeta la necesidad de atención médica de ellos. John acepta liberar algunos rehenes para que se agregue el nombre de su hijo a la lista. En paralelo a la tensa negociación, el jefe de policía autoriza que un francotirador del grupo policial de élite (SWAT) se introduzca en el hospital. John logra aprehenderlo y lo utiliza como escudo humano al salir junto a él a la vista de un gran número de oficiales que le apuntan con armas y una multitud que lo apoya. John exige que su hijo sea llevado a la sala de emergencias. La policía acepta su solicitud. Una vez que llega su hijo, John revela a los rehenes su intención de suicidarse para que su corazón sea utilizado para salvar a su hijo. Convence al Dr. Turner para que realice la operación, y dos de los rehenes son testigos de su decisión. John se despide de Michael por última vez, entra en el quirófano y carga una bala en el arma. Esto demuestra que su pistola no estaba cargada y que nunca tuvo la intención de matar. John aprieta el gatillo, pero el seguro lo bloquea. En esos segundos decisivos su esposa se entera de que una donante fue trasladada al hospital para la ablación de órganos y evita que John se suicide. Liberados el resto de los rehenes, a Michael se le efectúa el trasplante exitosamente. Después de observar el procedimiento con Denise, John es puesto bajo custodia policial. La historia se convierte en objeto de un debate nacional sobre la calidad y accesibilidad de los seguros privados de salud y la atención médica. Tiempo más tarde, luego del juicio John es absuelto de los cargos de intento de asesinato, pero se lo condena por la toma de rehenes.
Este es el argumento resumido de la película John Q., estrenada en 2002 y protagonizada magistralmente por Denzel Washington, bajo la dirección de Nick Cassavetes.
Veintidós años después, en diciembre de 2024, los medios informan sobre el asesinato en Manhattan de Brian Thompson, el máximo directivo de una de las principales empresas gerenciadoras y aseguradoras de medicina privada de los Estados Unidos (United Healthcare). El homicida, Luigi Mangione, un joven de 26 años, licenciado en informática por la Universidad de Pensilvania, dejó un mensaje críptico con palabras muy significativas en la munición encontrada: “delay” (retrasar), “deny” (negar) y “depose” (deponer). Estas palabras fueron inmediatamente vinculadas con la estrategia comercial de las compañías de seguros de salud privados ante la necesidad de determinadas prestaciones médicas por parte de sus afiliados. Se las menciona como la estrategia de las tres “d” de estas compañías en las que el núcleo es el negocio financiero. El homicidio quedó envuelto en una inesperada reacción de grupos de ciudadanos que expresaron en las calles su disconformidad con la estrategia comercial de sus compañías de seguros de salud privados. El asesino se había convertido inesperadamente en una suerte de “vengador” de los abusos de esas compañías. Según un artículo de CNN, “el asesinato desató lo que algunos observadores describen como la ira y frustración acumuladas de los estadounidenses con la industria del seguro de salud de la nación”. Según otro artículo de BBC News, Mangione tenía un manifiesto de tres páginas escrito a mano que incluía quejas contra el sistema de salud en los Estados Unidos.
¿Qué reflexiones podemos hacer sobre la atención de la salud gerenciada por empresas? Las empresas de medicina prepaga son emprendimientos comerciales con fines de lucro y no hay nada condenable en esto en tanto y en cuanto la calidad de sus servicios sea irreprochable, al igual que el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con sus afiliados. Ninguna empresa de medicina prepaga obliga a nadie a afiliarse y tampoco obligan a los médicos a integrar sus cartillas de prestadores. Sus prestaciones tienen la suficiente calidad como para ser elegidas por mucha gente, aunque implique un gran esfuerzo en la economía familiar y a pesar del evidente deterioro de sus servicios en los últimos años y los crecientes reclamos. La inexistencia de una alternativa equivalente apuntala dicha adherencia. Respecto de los profesionales, las empresas de medicina prepaga no son responsables de la debilidad de los médicos para defender sus honorarios en la relación contractual. Mano de obra profesional de alta calificación a bajo costo no es lo que abunda en otras áreas de la economía.
Las polémicas en torno a la desregulación de las cuotas han desnudado el verdadero núcleo del problema: la medicina prepaga es para 6 a 7 millones de argentinos (14% de la población) una opción a la que se aferran en muchos casos en forma desesperada ante la alternativa de lo que consideran quedar “a la intemperie”. El sistema público de salud de financiación estatal no es considerado una opción “elegible” por el segmento de afiliados a la medicina prepaga. Esto merece una observación: son numerosas las instituciones de salud públicas que, a pesar del abandono del Estado, logran brindar un servicio digno gracias al esfuerzo y el profesionalismo del equipo de salud. Pero el “heroísmo” de los profesionales no es suficiente.
¿Qué certezas tenemos, hasta el momento, con la nueva administración en materia de salud? La desregulación, la libre elección de la obra social o la prepaga, la eliminación de triangulaciones e intermediaciones parasitarias y la auditoría de obras sociales son algunos de los principios y acciones rectoras. Otra de las certezas es que la orientación es respetar el “federalismo sanitario”. La idea transmitida es un Ministerio de Salud de la Nación concentrado en una función de rectoría y todas las instituciones asistenciales públicas quedando en la órbita provincial o municipal, según cada caso. El problema es que hay una gran disparidad entre las provincias respecto de sus recursos disponibles. Una reflexión al respecto: evitemos que la inequidad siga estando generada (ente otras razones) por el código postal de cada paciente, en el sentido de que la calidad prestacional esté determinada por el lugar de residencia.
El otro subsistema de salud –la seguridad social–, constituido por las obras sociales, tiene también sus luces y sus sombras. Allí existen “islas” de una solidaridad segmentada en la que la calidad prestacional está vinculada al poder económico de cada rama de actividad (en el caso de las obras sociales sindicales). Sería injusto generalizar desacreditando su funcionamiento. Hay obras sociales que funcionan bien. Paralelamente está germinando la idea de los seguros de salud provinciales.
Una reflexión final: el Estado nacional no puede retirarse de su obligación de garantizar un sistema público de salud de calidad en todo el país. Sobre la base de esa columna vertebral, los otros subsistemas podrían perfectamente convivir y armonizar sus servicios. Un modelo a imitar para el subsistema público podría ser, por ejemplo, el de Costa Rica, con redes integradas de instituciones asistenciales. En el caso específico de la medicina prepaga, lo razonable sería que fuera una opción complementaria (de un sólido sistema público) y dejar de ser una opción “desesperada” ante la ausencia de alternativas “elegibles”. Un escenario virtuoso en una economía liberal de mercado requiere la existencia de competencia. No hay virtud cuando se “pesca en la pecera”.ß
Profesor consulto de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la UBA. Doctor en Medicina
Por Roberto Borrone
